Texto de Cilia Lisveth Hernández

El año 2009 en El Salvador ha dejado
un saldo de tres activistas del movimiento
contra la minería asesinados,
dos durante el mes de diciembre.
Eran de Cabañas, uno de los Departamentos
más pobres del país y
estaban vinculados al Comité Ambiental
de Cabañas (CAC), constituido
durante el año 2004 por campesinado,
jóvenes y activistas de más de
20 comunidades del Departamento,
parte también de la Mesa Nacional
frente a la Minería Metálica. Entre
sus acciones está la lucha contra un
vertedero de basura en San Isidro y,
posteriormente, la denuncia de las
empresas mineras trasnacionales,
como la canadiense Pacific Rim, propietaria
de la mina de oro El Dorado.

Tras repetidas amenazas, atentados
contra líderes sociales de la zona,
amenazas –entre ellas a personal
de Radio Victoria y al director
de la Asociación de Desarrollo Económico
y Social Santa Marta– y el
intento de secuestro del sacerdote
Luis Quintanilla, en julio de 2009,
aparecía el cadáver con signos de
tortura del líder comunitario Marcelo
Rivera. Tras él, se sucedían los
asesinatos de Ramiro Rivera Gómez
y Dora Alicia Sorto Rodríguez,
madre de seis niños y niñas y embarazada
de ocho meses.

La respuesta de las comunidades
a esta ola de intimidación, asesinatos
y miedo ha sido de solidaridad,
fuerza y más lucha: desde vigilias y
manifestaciones a una ciberacción
internacional para demandar a las
autoridades salvadoreñas la investigación
de los asesinatos. La denuncia
a nivel nacional e internacional
iniciada por organizaciones como el
Comité de Solidaridad con las Personas
en El Salvador continúa. Exigen
que se investiguen y paren los asesinatos
a activistas antimineros. Las
transnacionales mineras están en el
punto de mira, en concreto, Pacific
Rim. Tras reiteradas llamadas a sus
oficinas, esta transnacional ha publicado
un documento en su página
web negando todas estas acusaciones
y alegando el desconocimiento
de los asesinatos. Niega haber contratado
como “promotoras” a las personas
de las comunidades acusadas
de los tres asesinatos.

El potencial de las comunidades
de Cabañas se ha ido incrementando
a medida que se han hecho
acciones para concienciar y formar
a la población sobre los costes y riesgos
que trae la minería metálica en
El Salvador. Con esta lucha se puso
sobre la mesa el debate sobre los recursos
naturales y la poca protección
legal ante empresas multinacionales
mineras, cuya entrada en el
país no ha sido pacifica, pues ha causado
tensiones entre poblaciones
afectadas y otros sectores de la sociedad
salvadoreña.

Litigios por licencias

En diciembre de 2008, Pacific Rim,
bajo las reglas del Tratado Libre
Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y República Dominicana
(CAFTA), inició un proceso
de arbitraje contra el Estado salvadoreño
ante el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI)
del Banco Mundial, por no otorgarle
la licencia de explotación.
La empresa mantiene su demanda
mediante su subsidiaria estadounidense
Pacific Rim Cayman LLC.
Además, la minera recibió los servicios
de una firma de abogados
norteamericanos para asegurarse
el apoyo del Congreso de EEUU.
Es decir, la empresa canadiense
minera puede demandar a El
Salvador por la violación del tratado
comercial con Estados Unidos,
sin ser parte de él, basándose
en que la empresa tiene filiales en
EE UU, y en que algunos de sus
accionistas son estadounidenses.
Ante esto, el ex presidente salvadoreño
Tony Saca, de la Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA),
declaró preferir enfrentarse
a la empresa y tener que pagar los
100 millones de dólares –que ésta
dice haber invertido en el país–,
antes que negociar con ella y otorgar
la licencia.

Esta demanda ha sido heredada
por el Gobierno del FMLN, tras ganar
las elecciones en marzo de
2009. Mauricio Funes ha expresado
en su reciente visita a Cabañas que
se trabajará por esclarecer los asesinatos
de las personas ambientalistas,
asimismo se ha comprometido
a no autorizar ningún proyecto de
explotación minera durante su
mandato, pero no se compromete a
aprobar un decreto para prohibir la
explotación minera en el país. Esto
genera dudas en las comunidades,
pues no da seguridad sobre la postura
que Funes puede mantener ante
la presión internacional.

La oposición de las comunidades
de El Salvador se basan en los múltiples
estudios nacionales e internacionales
sobre las experiencias de
las minas en otros países, algunos
tan cercanos como Guatemala y
Honduras. Uno de ellos es el Estudio
de Impacto Ambiental de la Mina El
Dorado, elaborado por Asociación
de Desarrollo Económico y Social
Santa Marta, que plantea que los 29
proyectos de minería que se han solicitado
en el país podrían extraer
un total de 14 millones de onzas de
oro y 90 millones de onzas de plata,
con una ganancia estimada de 10
billones de dólares, de los cuales sólo
el 2% sería para el Estado salvadoreño
y para los municipios involucrados.
Generaría aproximadamente
15.000 empleos temporales,
lo que equivale a 0,3% de la población
económicamente activa del país.
Casi cuatro millones de personas
–más de la mitad de la población
salvadoreña– y 14.000 km2 (el 63%
del territorio nacional) resultarían
perjudicados por décadas o siglos.