SUDÁFRICA | ASESINATO DE 34 TRABAJADORES
La matanza de mineros revela el apartheid económico

El asesinato de 34 mineros pone en entredicho el consenso generado por el Congreso Nacional Africano y pone de relieve la desigualdad en el país.

18/09/12 · 0:00

El asesinato, el 17 de agosto, de 34 mineros sudafricanos por disparos de la policía en la mina de platino de Marikana, a unos cien kilómetros de Johannesburgo, ha dejado al descubierto la profunda división social que vive Sudáfrica, que va mucho más allá de la violencia policial y los conflictos laborales.

Las protestas en el sector minero han sido frecuentes durante todo el año –ya en enero otras tres personas murieron en enfrentamientos, también en una mina de platino–, debido a las lamentables condiciones de vida de estos trabajadores, que cobran un salario aproximado de unos 350 euros al mes, y a la incapacidad delGobierno para mejorar la vida de los ciudadanos más pobres.

La imputación de los mineros

La actuación de la policía ante los mineros encendió la mecha y la situación terminó de explotar cuando la Fiscalía pretendió imputar a los compañeros de los fallecidos el cargo de asesinato, valiéndose de una ley anterior a la instauración de la democracia.

Cumplidos 25 años del fin del Apartheid, la precaria situación de buena parte de la población y las imágenes de la matanza de Marikana se asemejan demasiado a situaciones ya vividas en tiempos de la dictadura, lo que supone un duro golpe para el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), –el partido de Mandela, liderado ahora por Jacob Zuma– y su gran apoyo, el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (Cosatu), el todopoderoso y principal sindicato del país. Son precisamente estos dos estamentos los que más perjudicados pueden salir si no gestionan bien la situación, pues se enfrentan a una grave crisis de legitimidad y pérdida de confianza por parte de sus tradicionales votantes y afiliados, quienes consideran que no han hecho lo suficiente para cambiar el estado de las cosas.

No se trata sólo de desilusión. Los medios de comunicación han comenzado a hablar abiertamente de las prebendas que disfrutan los antaño líderes antiapartheid, y en el terreno sindical los dirigentes de Cosatu han visto emerger una nueva organización, la Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción (AMCU), más radical en sus demandas y que pone en peligro sus décadas de hegemonía. Lo que la población demanda es una verdadera redistribución de las riquezas del país. Porque, a pesar de las tasas de crecimiento económico de los últimos años, millones de sudafricanos no han visto mejorar un ápice su nivel de vida: el desempleo entre los jóvenes negros es de un 50,5%, y en muchos de los townships (barriadas situadas a las afueras de las ciudades) la situación es inaceptable: a la falta de higiene, agua potable y servicios básicos como luz o recogida de basuras se añade la superpoblación de estas zonas, que diariamente reciben decenas de inmigrantes llegados desde Zimbabwe, Mozambique, Lesotho o Swazilandia.

‘El triángulo de hierro’

Frente a ello, florece una pequeña pero bien instalada clase política y económica que campa a sus anchas por las altas instancias. Es lo que algunos han llamado el “triángulo de hierro” del poder, compuesto por el CNA, la industria y Cosatu. El sindicato, con más de dos millones de afiliados, atrae votos para el partido; éste ofrece cargos y puestos de alta responsabilidad a sus dirigentes, y la industria enriquece a cualquiera que pueda pagarle con condiciones ventajosas a la hora de hacer negocios.

Un ejemplo claro, convertido en blanco fácil, es el de Cyril Ramaphosa. En 1987, Ramaphosa, por entonces secretario general del Sindicato Nacional de Mineros (NUM, según sus siglas en inglés) lideró una exitosa huelga de 360.000 personas contra las malas condiciones de los trabajadores. Hoy forma parte del Comité Nacional Ejecutivo del partido y es miembro de Consejo de Administración de Lonmin PLC, precisamente la empresa en la que se han producido los enfrentamientos.

Ramaphosa es, de hecho, uno de los hombres que “manejan la compleja red de la industria extractiva en Sudáfrica”, según publicaba Jonathan Faull, analista político, en el Mail & Guardian sudafricano, periódico de referencia en el país. “Desentendido ya de la lucha contra el Apartheid –escribía Faull– Ramaphosa supervisa y controla una amplia red de intereses mineros de distintas multinacionales que orquestan las condiciones de vida de unos mil mineros negros”. Suficiente para que Julious Malema, exdirigente de las Juventudes del Congreso Nacional Africano, controvertido, populista, y hasta hace poco protegido por Jacob Zuma, asegurase en un encuentro con trabajadores de Lommin que “los mineros murieron para proteger las acciones [en bolsa] de Ramaphosa”, una gravísima acusación que fue acogida con entusiasmo por su auditorio.

Más allá de casos particulares, la realidad es que “las grandes compañías mineras son casi un Estado propio dentro del Estado”, tal y como decía en 2009, durante una conferencia, Anne Mayher, coordinadora de Alianza Internacional para los Recursos Naturales en África (IANRA, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que más está luchando por que las grandes empresas mineras respeten las comunidades y la tierra en la que trabajan. Buena muestra de ello es la transnacional minera Anglo American, que según la BBC se ha convertido en “actor principal dentro de la economía de Sudáfrica, aportando al fisco mil millones de dólares” [datos de 2008].

Y la partemás negativa es que en las minas todavía se siguen produciendo “un alto número de muertes, un excesivo uso de trabajadores subcontratados y un fuerte impacto medioambiental”, según un comunicado hecho público por Bench Marks Foundation, una ONG que supervisa las prácticas de corporaciones multinacionales. “Las minas están obsesionadas con la rebaja de costes (…), que se producen generalmente a costa del medioambiente, los trabajadores y las comunidades”, añaden en otro informe. De esta forma, sigue aumentando la brecha social, hasta crear, como escribe Eric Chol, director de Courrier international “un nuevo tipo de apartheid”. Pero esta vez no se trata de blancos contra negros, sino de ricos contra pobres.

LA MATANZA DE 44 TRABAJADORES EN HUELGA

El conflicto en la mina Marikana comenzó el 10 de agosto, cuando unos 3.000 mineros se echaron a la calle para reclamar una subida de sueldo. La tensión fue en aumento hasta que la empresa inglesa Lonmin Platinum dio un ultimátum a los manifestantes para que volvieran al trabajo. Durante los intentos de negociación, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes fueron a más, provocando la muerte de diez personas, dos de ellas policías. El 17 de agosto, la policía abrió fuego indiscriminado contra los huelguistas causando la muerte de 34 personas y dejando heridas a otras 80.

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO LABORAL

El primer productor de platino del mundo

Sudáfrica tiene aproximadamente el 87% de las reservas mundiales de platino y la mina de Marikana es la tercera mayor del mundo en extracción de este mineral, utilizado sobre todo para catalizadores de automóviles y joyería.

Su uso en la industria de la automoción hizo crecer enormemente su demanda en los primeros años de este siglo XXI, pero la crisis económica mundial ha supuesto un duro bajón, cayendo su valor en el mercado hasta los 1.400 dólares por onza, frente a los 2.000 que se pagaban hace un año.

A día de hoy, aunque la extracción de recursos minerales representa tan sólo entre un 5 y un 8 por ciento del Producto Interior Bruto, este sector sigue teniendo un peso estratégico en la economía sudafricana debido al alto número de empleos que ocupa, a los pingües beneficios que reporta y a su valor simbólico como uno de los pilares sobre los que se fundaron muchas de las ciudades de Sudáfrica.

La acusación contra los mineros

Tras el asesinato de 34 mineros sudafricanos el pasado 17 de agosto por parte de la policía sudafricana, la Fiscalía declaró culpables de dicho asesinato a 270 mineros en huelga. La noticia dio la vuelta al mundo, que días antes había contemplado las imágenes de los disparos a quemarropa de las fuerzas de seguridad contra estos trabajadores. Esta acusación llevó incluso al partido de Mandela, en el Gobierno, a pedir explicaciones a la Fiscalía sobre los cargos, que fueron retirados. Aunque la Fiscalía aseguró que los cargos se presentarían según fuese avanzando la investigación.

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