BOLIVIA // ROBERTO AGUILAR, VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE BOLIVIA
“La justicia comunitaria es mucho más democrática que la ordinaria”

El paso de Roberto Aguilar de la teoría
a la práctica, de lo académico a lo político,
es un camino de ida y vuelta que él
recorre normalmente. Después de ser
profesor universitario e investigador en
el ámbito de las luchas sociales, entró
de lleno en la realidad boliviana y cumplió
su papel como vicepresidente de la
Asamblea Constituyente. Ahora dedica
gran cantidad de su tiempo a difundir
la Carta Magna como si nunca hubiese
dejado de ser docente.

06/03/08 · 0:00
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MARCHA COCALERA. Cientos de personas contra la prohibición de la hoja de Coca en 2001 / Anouk Garrigues

DIAGONAL: ¿En qué contexto
surge el proceso constituyente
en Bolivia?

ROBERTO AGUILAR: La primera
demanda explícita surge en 1990,
en la llamada “Primera Marcha
Indígena”. En octubre de 2003,
una insurrección popular expulsa
al presidente Sánchez de Lozada y
se consolida como una demanda
de más amplios sectores sociales.
Cuando Evo Morales se postula
como presidente promete la nacionalización
del gas y la Asamblea
Constituyente. De ahí que Evo comience
el proceso.

D.: ¿Quedará definitivamente el
gas en manos del Estado boliviano?

R.A.: Se ha establecido que los recursos
naturales son propiedad
del pueblo boliviano y los administra
el Estado. El objetivo es que no
haya privatización y que, si la hay,
se le consulte antes al pueblo mediante
referendo.

D.: ¿Por qué se retrasó tanto el trabajo
de la Asamblea Constituyente?

R.A.: Porque hubo un posicionamiento
regional y político destinado
a que la Asamblea no funcionase.
Los departamentos que
reclamaban mayor autonomía no
querían este proceso, y la polaridad
política llevó a que la oposición
convirtiera cualquier tema
en conflictivo.
También hubo errores políticos.
Nuestra voluntad fue mantener
el consenso y no identificamos
con claridad el interés de la
derecha de obstaculizar el proceso.
Además, hubo movilizaciones
de diferentes sectores que presionaron
para ver incluidas sus exigencias.
La demanda de cambiar
la capital de La Paz a Sucre complicó
aún más el trabajo.

D.: ¿De qué manera influye el tema
autonómico en el proceso?

R.A.: En Bolivia hay dos agendas:
la de occidente y la de oriente, la
de los sectores sociales y la de la
oligarquía. Este término parece
muy despectivo, pero son los sectores
más poderosos los que configuran
la demanda de autonomía:
ganaderos, empresarios, industriales,
banqueros, etc.
Aunque tenga mucho peso en
términos regionales, en el fondo
enmascaran intereses minoritarios.
Quieren autonomía porque
quieren tierra.

D.: Muchas de las imágenes que
han llegado de la Asamblea son
conflictivas. ¿Bolivia está hoy más
polarizada?

R.A.: Están en juego muchos intereses.
Lo que ha hecho la
Asamblea no es crear esta polarización,
sino visibilizarla y servir
como amplificador. Han sido determinados
posicionamientos políticos
los que han radicalizado
las posiciones.

D.: ¿Cree que en Bolivia hay un
peligro real de enfrentamiento
armado?

R.A.: Está latente. La actitud de
los sectores oligárquicos, sobre
todo en Santa Cruz, está dirigida
a promover e incentivar la violencia,
porque ellos saben que nunca
van a ser gobierno nacional,
debido a que la mayor concentración
de votación está en occidente.
Su objetivo está en constituirse
gobierno departamental, incluso
en Estado.

D.: Llegaron a anunciar una posible
independencia. ¿Qué sucedería
entonces?

R.A.: Amenazaron con ello, pero
después se echaron atrás, porque
vieron que la población percibía eso
como una situación extrema.
Lo que está en debate es el tema
del poder. Estamos en una especie
de “empate catastrófico”. El
objetivo es lograr un acuerdo y
que se convierta en un “empate
beneficioso” para el país.
Si Santa Cruz plantease una autonomía
de facto, ¿qué tendría que
hacer entonces el Gobierno central?
Las mismas Fuerzas Armadas están
en una disyuntiva. Algunos discursos
radicales mantienen que hay
que defender a toda costa la unidad
nacional. La situación es tensa.

D.: Algunas voces críticas denuncian
que, en esta nueva constitución,
sólo se ven representados los
pueblos originarios.

R.A.: Se han trabajado todas las generaciones
de derechos humanos,
incluidos los indígenas; por ejemplo,
todo el capítulo del derecho laboral
no tiene nada que ver con los
pueblos indígenas.
A los indígenas sólo se les reconoce
su preexistencia, y se le da un
carácter explícito a lo que dice la
ONU sobre autodeterminación,
formas de organización, cultura.
Además, qué nos demuestren que
un solo componente respecto a los
pueblos originarios no es preexistente
a la Asamblea.
La Constitución, ¿ha creado el
trabajo colectivo, el carácter rotativo
de la autoridad, la justicia comunitaria?
No, sólo los reconoce y
los valida. Sólo el 38% de los municipios
en Bolivia están cubiertos
por la justicia ordinaria. El resto,
¿cómo resuelve sus conflictos?. O
no los resuelve y queda en impunidad
el delito, o es la comunidad
la que lo resuelve a través de la justicia
comunitaria

Justicia comunitaria

D.: Muchos medios de comunicación
han puesto el grito en el cielo
por poner al mismo nivel la justicia
comunitaria y ordinaria.

R.A.: Sus valores y principios son
muy distintos a cómo quieren mostrarla.
La justicia comunitaria es
mucho más democrática que la ordinaria
porque participa la comunidad,
y la sanción tiene un carácter
más social que represivo.
Por otra parte, los extremos de
violencia se invalidan como parte
de la justicia comunitaria. No se
aplica sentencia de muerte y se respetan
los derechos constitucionales.
Además, sólo se reconoce en territorios
formalmente reconocidos como
originarios. No puedes inventarte
el territorio indígena.

D.: A medio plazo, ¿cómo ve el futuro
para Bolivia?

R.A.: Complejo. Ojalá predomine
el diálogo.

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