Foto: Nacho Vegas

La Fiscalía de Medio Ambiente y
Urbanismo de Valladolid ha abierto
diligencias de investigación penal
contra el Ayuntamiento de
Valladolid y la Junta de Castilla y
León porque, presuntamente, podrían
haber incurrido en un delito
contra el patrimonio histórico no
sólo por el mal estado de un yacimiento
arqueológico, Bien de
Interés Cultural, sino por la autorización
para construir un parking
en el yacimiento, lo que podría ser
expolio. El Ayuntamiento de
Valladolid, del PP, dentro de su
política de construcciones, que ya
le ha costado más de una sentencia
judicial en contra, pretende
construir un aparcamiento pegado
a la iglesia de Santa María de
la Antigua, cuya torre románica,
declarada Bien de Interés Cultural
en 1897, corre serio peligro.

Los restos romanos

Según el proyecto del Ayuntamiento,
el aparcamiento iría justo
encima de un yacimiento con importantes
restos arqueológicos que
contienen las únicas evidencias
constructivas de época romana en
la ciudad de Valladolid. Los restos
corresponden a una villa de cierta
entidad, junto a 51 enterramientos
de la necrópolis medieval de la iglesia,
el patio de un palacio renacentista
bajo el que se presume la existencia
de otros restos medievales y
romanos, además de la bóveda del
cauce del río Esgueva, con los restos
del antiguo Puente del Bolo de
la Antigua, y edificios del siglo
XVIII que se mantuvieron en pie
hasta hace un cuarto de siglo.

Al parking para residentes se
oponen la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Valladolid,
Ecologistas en Acción e Izquierda
Unida, que han presentado alegaciones
firmadas por miles de personas
que manifiestan que con la actual
normativa el proyecto es ilegal,
por lo que para hacer el aparcamiento
el Ayuntamiento precisa
modificar el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU), invalidando
una modificación anterior.
Por ello, las organizaciones que se
oponen critican que se actúe “a la
carta”, cambiando la ley para convertir
en legal lo ilegal. También
manifiestan que el aparcamiento
conlleva un uso privativo de
la Plaza, incompatible con la
declaración de Sistema General de
Espacios Libres Públicos que le
otorga el artículo 109 del PGOU de
Valladolid, lo que obliga a que tenga
titularidad y uso públicos. Por
todo ello han reclamando judicialmente
la paralización cautelar de la
modificación del PGOU, petición
que no ha sido atendida por el
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León. Este auto ha sido
recurrido y ahora la Fiscalía ha
abierto diligencias penales.