La imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos por el juez José Castro deja al descubierto la presunta participación de la Familia Real en la trama protagonizada por Iñaki Urdangarín. El magistrado aprecia que hay indicios de que la infanta ha colaborado en los delitos imputados a su marido: fraude fiscal, malversación de fondos, prevaricación y fraude a la administración.

Hoy a mediodía se ha dado a conocer a los medios de comunicación que el juez instructor suspende la citación de la infanta Cristina para el día 27 de abril hasta que la Audiencia Provincial tome una decisión respecto al recurso del fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, que presentó un recurso a la imputación de la infanta Cristina en el que afirmaba que esta imputación es "discriminatoria" y está basada en "sospechas personales" a pesar de los correos electrónicos recientemente presentados por Diego Torres, ex socio de Urdangarín, en los que se mostraba la implicación de la infanta en la trama.

Entrevistamos a Alejandro Gámez Selma, abogado penalista y miembro del Sindicato Libre de Abogados (ALA) sobre la imputación de la infanta Cristina y sobre el delito del fraude fiscal.

¿Qué opinión tiene de la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos? ¿Era necesaria, llega tarde? ¿Qué pasará a partir de ahora?

La infanta Cristina debería haber sido imputada mucho antes, pues hay bastante indicios de hechos delictivos para ello. No sólo es la cónyuge del principal investigado y con quien ha convivido en todo momento, sino que se lucró en su calidad de socia de la empresa Aizoon y ostentó responsabilidades en la gestión del Instituto Nóos como vocal de su junta directiva. Su imputación es un hito porque rompe el aura de impunidad que rodea la Casa Real, incluso aunque no vaya más allá y finalmente la Audiencia Provincial revoque la decisión. En cualquier caso, adquirir el estatus de imputado no sólo no prejuzga la culpabilidad final de la infanta sino que precisamente garantiza su derecho a la defensa en el proceso: a participar activamente y ser informada en el proceso, a aportar pruebas, a guardar silencio o incluso a mentir abiertamente, derechos que como mero testigo no podría ejercer.

¿Qué pasaría con el rey si no fuera jefe del Estado tras la publicación de que tiene cuentas en Suiza por valor de 2,25 millones de euros?

Como es el rey no puede ocurrir nada porque "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", según establece el artículo 56.3 de nuestra Constitución. Si no lo fuera habría que conocer el origen de dicho dinero, su utilización y si efectivamente tenía la obligación legal de declararlo. Dependiendo de estas respuestas podríamos estar hablando de varios delitos: receptación, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho o tráfico de influencias... El hecho de tener el dinero en Suiza, cuna del secreto bancario, paraíso fiscal totalmente opaco y nada colaborador con otros Estados hasta hace pocos meses, nos permite suponer que estas respuestas no le son muy favorables. Y aunque su actuación fuera legal ha perdido toda legitimidad como jefe de Estado y demuestra una absoluta falta de empatía con los españoles de a pie que sí están sufriendo este engaño que llaman crisis.

Resulta curioso que muchos defraudadores fiscales, como el exsocio de Iñaqui Urdangarín, se hayan acogido a la amnistía fiscal del Gobierno. ¿Es una ley hecha a medida?

Todas las amnistías son "leyes a medida" en el sentido de que suponen indultos generalizados a un colectivo que ha delinquido previamente. La Justicia en una amnistía hay que buscarla en la causa y el momento del perdón político. En este caso, la causa no puede ser más injusta: supone un reconocimiento explícito de la falta de voluntad del gobierno de perseguir el fraude fiscal y de acceder al chantaje de las grandes rentas de de dejar de tributar cantidades que serían muy importantes para aumentar los ingresos del Estado. El Gobierno ha optado voluntariamente por conformarse con migajas cuando tiene la obligación jurídica y ética de perseguir el fraude obteniendo con ello ingresos que evitarán tener que recortar por el lado del gasto público. Teniendo en cuenta los altos límites de persecución de este delito (120.000 euros por tributo y por año), es una medida que favorece especialmente a las rentas más altas. Es una ley hecha a medida de grandes defraudadores, de grandes fortunas y empresas grandes y medianas, sean del color que sean, como el caso Urdangarín.

¿Por qué el Gobierno rebajó en enero el baremo para que el fraude en las cuotas de la Seguridad Social se considere delito, dejando intacto, sin embargo, el utilizado en cuanto al delito de fraude a Hacienda?

Según la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 07/2012, que es la Ley que modifica este delito rebajando la cuantía mínima a 50.000 euros en cuanto a las cuotas impagadas a la Seguridad Social, se hace porque la gravísima coyuntura social y económica que atravesamos en España exige sancionar contundentemente estos comportamientos que perjudican a todos los ciudadanos. Razonamiento que es válido y comparto pero que inexplicablemente parece que no sirve al Gobierno. Pero no sirve cuando lo que se defrauda es el pago de tributos (impuestos, tasas). A priori parecen querernos hacer creer que es para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social, cuando hace ya años que la Seguridad Social dejó de ser una institución plenamente independiente y de financiarse exclusivamente con sus cuotas. En mi opinión es una modificación que no va a tener especial trascendencia ni recaudatoria ni penal pero que sirve, de cara a la galería, para hacer gala del supuesto endurecimiento de estos delitos.

¿Existe voluntad de perseguir estos delitos fiscales por parte del PP o se ha hecho la reforma del código penal para 'tapar' la financiación ilegal de este partido?

No existe ninguna voluntad, la reforma es una mera pose publicitaria. Endurecer la pena por un delito no sirve para nada si realmente no quieres condenar a nadie por ello. Los delitos fiscales son muy complejos y requieren de muchos medios materiales y especialización técnica para su investigación. Y ni a la Agencia Tributaria ni a la Fiscalía General del Estado le han incrementado los recursos. Además, ambas instituciones dependen del Gobierno, así que no solo basta con modificar la ley o de dotarles con mayores medios sino que se necesitan unas directrices claras por parte del Gobierno y darles suficiente autonomía para que puedan investigar sin presiones, cosa que no se ha hecho.

La única nota positiva de la reforma es que para las defraudaciones más graves se incrementa el periodo de prescripción, por lo que habrá más tiempo para investigar, pero existen otras pruebas legales muy evidentes de la falta de voluntad del Gobierno del PP de luchar contra el fraude fiscal: no reduce la cuota mínima de 120.000 euros, introduce la posibilidad de rebajar extraordinariamente la condena hasta evitar el ingreso en prisión si el imputado regulariza su situación ya con el procedimiento penal dirigido contra él (beneficio que, incomprensiblemente, no se contempla para las defraudaciones de cuotas a la Seguridad Social ni para la percepción indebida de subsidios y ayudas) y, lo más grave, introduce por la puerta de atrás una segunda "amnistía de hecho" a estos mismos defraudadores al bloquear también la posibilidad de que puedan ser juzgados por un delito de blanqueo de capitales.

Les salen dos delitos casi gratis, al 10% de la base imponible del impuesto primero defraudado y después disfrutado.
La financiación ilegal constituye, además,  muchos delitos simultáneamente, no solo de carácter fiscal, por lo que la reforma no afectará especialmente a este caso. Ahí la impunidad vendrá dada por la más que segura tibia actuación de Fiscalía y Judicatura.