"ANÁLISIS // AYUDA AL DESARROLLO QUE SE TRANSFORMA EN ""DEUDA ILEGÍTIMA"""
La ilegitimidad de los créditos FAD

El objetivo de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) para fomentar las exportaciones españolas raramente coincide con su teórica función de ayudar a los países empobrecidos.

16/10/08 · 0:00
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Los créditos del Fondo de
Ayuda al Desarrollo (FAD)
son uno de los mecanismos
a través de los cuales
el Estado español mantiene su posición
de acreedor de deuda con
los países empobrecidos. En el año
2007 supusieron el 49,38% del total
de la deuda que terceros países
debían al Estado, mientras que la
deuda comercial CESCE supuso el
43,10% y otros créditos, líneas de
créditos especiales y avales sumaron
el 7,52% restante.

Los créditos FAD se circunscriben
dentro del denominado Fondo
de Ayuda al Desarrollo. El Gobierno
español otorga estos créditos,
previa aprobación del Consejo
de Ministros, a través del Instituto
de Crédito Oficial (ICO). La deuda
FAD también es conocida como
deuda concesional, ya que los créditos
FAD tienen una componente
de donación (mínimo del 35%,
siendo del 50% en países más empobrecidos)
al ofrecerse en unas
condiciones de pago más favorables
que las que exige el mercado
financiero. Es decir, con menores
tipos de interés, combinado con
plazos de devolución del capital y
periodos de carencia (tiempo en
que tan sólo se pagan intereses)
más largos. Se trata, por tanto, de
financiación susceptible de ser
considerada Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD). Para su inclusión
en la AOD, los créditos FAD
deben financiar proyectos no rentables
en condiciones reales de
mercado y estar orientados hacia
el ‘desarrollo’ de los países empobrecidos.
Desde su creación en 1976, los
créditos FAD intentan cumplir el
doble objetivo de promover las exportaciones
españolas, actuando
como instrumento de internacionalización
de la economía española, y
de canalización de la ayuda para el
desarrollo de los países más empobrecidos.
Ambos objetivos no son
muy compatibles ya que los intereses
empresariales difícilmente
coinciden con las necesidades que
tienen las poblaciones más desfavorecidas
de los pueblos del Sur.

Por ello, los créditos FAD han sido
y son duramente discutidos desde
el mundo de la solidaridad internacional.
Y es que, excepto en casos
extraordinarios, el ICO otorga estos
créditos blandos de manera ligada
a la compra de bienes y servicios
españoles. Este hecho imposibilita
al país que recibe los créditos
FAD de disponer de libertad de
contratación para la ejecución de
los proyectos. Ello no permite el
que sean empresas locales y, por
extensión, la economía de estos
países, las que se puedan beneficiar
de dichos contratos. En consecuencia,
al ser una empresa española
quien ejecuta los proyectos
FAD, la mayoría de los efectos de
arrastre se sienten sobre la economía
española y no en la de los países
empobrecidos, una característica
inapropiada para un instrumento
cuya finalidad principal debiera
ser el desarrollo de los pueblos empobrecidos.

Por ello, se exige que
se desligue la ayuda e incluso que
desaparezca el FAD como elemento
crediticio dentro de la Ayuda
Oficial al Desarrollo.
Desde las organizaciones sociales
también se denuncia que los
FAD pueden ser fuente de una
deuda ilegítima. Entendiendo por
deuda ilegítima aquella que procede
de préstamos que esconden, financian
o tienen como consecuencia
comportamientos, mecanismos
o fenómenos que, a corto, medio
o largo plazo, atentan contra la
dignidad de la vida de los ciudadanos
del mundo y/o ponen en peligro
la convivencia pacífica entre
los pueblos. Por ello, se está reivindicando
la necesidad de auditar
el origen de la deuda, a fin de
conocer su legitimidad. Si como
resultado de esta auditoría se evidenciara
la ilegitimidad de estos
créditos, haría falta cancelar inmediatamente
esta deuda y exigir
responsabilidades, tanto a quien
los concedió como a quien los
aceptó en aras de sus respectivos
Estados.

Por todo ello, y dado que el Gobierno
español está obligado a
presentar una reforma del FAD
durante esta Legislatura, según establece
la Ley 38/2006 Reguladora
de la Gestión de la Deuda Externa,
desde la sociedad civil estaremos
atentos y vigilantes para que dicho
texto recoja los cambios exigidos
a fin de que el FAD deje de ser un
lastre para el bienestar de los pueblos
empobrecidos.


SOMALIA: TANQUES PARA UN DICTADOR COMO AYUDA AL DESARROLLO

D.G.C.
La deuda que Somalia mantiene
con el Estado español
asciende a 22,63 millones
de euros, cifra que tan sólo
representa el 0,8% del total
de su deuda exterior. Esta
cantidad proviene de dos
créditos FAD que se otorgaron
bajo el régimen dictatorial
de Mohamed Siad Barre
para la venta de vehículos
militares españoles cuando
Felipe González era presidente
del Gobierno. Aunque la
legislación internacional del
momento permitía desarrollar
dichas operaciones
mediante créditos concesionales
como el FAD no parece
que ello sea legítimo, ya que
en este caso se trataba de
alimentar la máquina militar
de un régimen dictatorial y
sanguinario como el de
Barre. Menos todavía si se
tiene en cuenta que éstos
computaron como Ayuda Oficial
al Desarrollo. Está claro
que la venta de material militar
no es una prioridad de
desarrollo para un país como
Somalia donde la esperanza
de vida al nacer se encuentra
en 47 años. Entendemos
que estamos frente a una
deuda de opresión, ya que
estos créditos sirvieron para
mantener o fortalecer al régimen
dictatorial y represor de
Somalia. Por todo ello, cabe
denunciar que el gobierno de
Felipe González es corresponsable
del más que probable
origen ilegítimo del
100% de la deuda somalí.
En consecuencia, el actual
gobierno del PSOE, más que
esperar el cobro de dicha
deuda, lo que debería hacer
es auditar el caso, cancelar
la deuda ilegítima y exigir
responsabilidades a aquellos
que concedieron los créditos,
por más que los imputados
pudieran ser de su
mismo color político.

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