SE PUEDE PARAR. La movilización popular contra las papeleras en las dos orillas del río Uruguay ha sido uno de los motivos que han
hecho a CESCE frenar su apoyo al proyecto. Los ecologistas tienen cada vez más confianza en dar marcha atrás a su instalación./ Olmo Calvo

Son uno de los mecanismos menos
conocidos de la globalización. Las
críticas por la dominación económica
sobre los países empobrecidos se
dirigen con frecuencia al Banco
Mundial, a los gobiernos occidentales
o a las empresas transnacionales,
pero a ellas suelen dejarlas de lado.

Son las Agencias de Crédito a la
Exportación (ECA, por sus siglas en
inglés), y aunque apenas se hable de
ellas forman la tercera pierna que
sostiene la colonización empresarial
de los países industrializados.
Como aseguradoras o financiadoras,
su funcionamiento supone uno
de los pilares de la deuda externa. Su
participación es imprescindible cada
vez que alguna multinacional decide
lanzarse a terceros países. A cambio
de una cuota de seguros, las ECA garantizan
a las transnacionales contra
posibles operaciones fallidas.

¿Cómo? Mediante un acuerdo con el
país empobrecido. Si el proyecto no
funciona, es su Estado el que debe
correr con los gastos.
Casi todos los países ricos disponen
de alguna. En el caso español, la
mayor es la Compañía Española de
Seguros de Crédito a la Exportación
(CESCE), y según cifra el observatorio
de la deuda, “la deuda contraída
con CESCE por proyectos fracasados
alcanza los 6.013 millones
de euros, un 52% de la deuda externa
bilateral con el Estado español”.

En este caso, las críticas contra
CESCE van más allá de su modo de
funcionamiento. El carácter mixto
de la compañía, con un 50,25% en
manos públicas y un 49,75% de capital
privado, hace que buena parte de
sus decisiones no lleguen a ser conocidas
por la opinión pública. De este
modo, la compañía viola la Convención
para el acceso a la información,
la participación pública y la toma de
decisiones en aspectos ambientales”
de la Comisión Económica de las
Naciones Unidas, que ya en su artículo
1 exige garantizar “los derechos
de acceso a la información sobre el
medio ambiente y la participación
del público en la toma de decisiones”.
Este principio colisiona en CESCE
con la voluntad de sus inversores
privados, un consorcio de bancos y
aseguradoras con presencia mayoritaria
del BBVA y el BSCH, desde
donde se exige una clausula de confidencialidad.

En CESCE, el choque
entre sus socios y los derechos internacionales
se resuelve siempre en la
misma dirección: la banca gana.
Según explica David Listar, miembro
del observatorio de la deuda,
“CESCE se ha convertido también a
veces en un cementerio político.
Como es una compañía poco conocida,
a algunos cargos que empiezan a
molestar en los gobiernos les dan un
puesto aquí, donde siguen cobrando
un alto sueldo”. Y en este terreno
fronterizo entre la política y los intereses
empresariales no es extraño
encontrarse tampoco con casos de
nepotismo. Teresa Solbes, hija del
ministro de Economía, Pedro Solbes,
trabaja por ejemplo en la actualidad
para la aseguradora de créditos.

La guerra de las papeleras

En los últimos meses, el oscurantismo
informativo que rodea a CESCE
comienza a venirse abajo. Recientemente,
miembros de la campaña
¿Quién debe a quién? se manifestaban
ante la sede de CESCE en
Madrid. El motivo: impedir que la
aseguradora respalde el préstamo
de 300 millones de euros que el
Instituto de Crédito Oficial concede
a la construcción de una papelera de
la Empresa Nacional de Celulosa Española
(ENCE) en la margen uruguaya
del río fronterizo con Argentina
que podría suponer un grave
impacto ecológico en la zona.
“Denunciar públicamente a CESCE
es difícil”, reconoce David Listar,
“sobre todo por lo complejo que resulta
explicar su funcionamiento”.
Pero esta vez el caso es distinto. La
fuerte contestación social con la que
se ha encontrado la construcción de
las papeleras en Uruguay y Argentina,
unido a las campañas de concienciación
de varias ONG, ha llevado
incluso a frenar la premura inicial
de CESCE por apoyar la inversión.
La polémica no ha faltado desde
que en 2003 el entonces presidente
uruguayo Jorge Batlle autorizase el
emplazamiento de una planta de
ENCE en el río Uruguay, frontera
natural entre el país homónimo y
Argentina. Poco después, y sólo a
seis kilómetros de distancia, otra
papelera, en este caso la finlandesa
Botnia, anunciaba una planta aún
mayor. Ya entonces, los ciudadanos
de la cercana localidad argentina
de Gualeguaychú comenzaron a
movilizarse. Ese mes se manifestaron
4.000 personas. Después, entre
2005 y 2006, los manifestantes cortaron
el paso fronterizo. Mientras,
en las esferas políticas, las papeleras
provocaron una fuerte crisis diplomática,
que llevaron al Senado
argentino a pedir que el presidente
Kirchner acudiese al Tribunal de
La Haya para evitar la instalación.

No faltan pruebas que ponen en
entredicho la sostenibilidad de la
planta de ENCE. Incluso una institución
tan poco sospechosa de ecologismo
como el Banco Mundial ha
juzgado incompleto el estudio de impacto
ambiental presentada por la
compañía. A su falta de rigor pudo
colaborar, entre otras causas, que estuviera
elaborado por Soluciona, auditoría
perteneciente a Unión Fenosa,
también acusada por abusos
en América Latina. Algo que también
sucede con Abengoa, otro de los socios
para la planta de ENCE, que a finales
de los ‘90 presionó al gobierno
boliviano para privatizar el agua.

No informa ENCE, sin embargo,
de que la industria del papel es hoy
una de las más contaminantes del
planeta. Igualmente, su informe
tampoco explica que su planta funcionará
con tecnología Kraft, denunciada
por organizaciones ecologistas
debido a las consecuencias
sociales y ambientales que provocarían
sus emisiones al río Uruguay,
de dióxido de cloro, un producto
altamente tóxico para la salud
humana y el medio ambiente.