ALIMENTACIÓN // PRIVATIZACIÓN DE TIERRAS FÉRTILES
La FAO alerta sobre la compra masiva de tierras

Empresas multinacionales y países con abundante capital y
escasez de tierras cultivables se lanzan a la compra compulsiva
de terrenos fértiles en las zonas más pobres del planeta.

19/06/09 · 0:00
Edición impresa

“El incremento de las compras masivas
de terrenos en África y otros continentes
aumenta el riesgo de que los
pobres se vean desposeídos o se les
impida el acceso a la tierra y el agua”.
Ésta es una de las conclusiones de
uno de los primeros estudios sobre
la compra de enormes superficies de
tierras en países de África, América
Latina y el sudeste asiático por parte
de grandes empresas y Estados importadores
de alimentos.
El informe, encargado por la Organización
de la ONU para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) y
publicado a finales de mayo, revela
que este negocio ha crecido de forma
exponencial en los últimos cinco años por parte de multinacionales,
empresas locales –muchas filiales
de empresas extranjeras– y de
Estados con superavit de capital y
déficit de tierra cultivable.
Las compras de tierras casi siempre
están acompañadas de expropiaciones.
Según advierte este estudio,
las legislaciones locales no protegen
el derecho de acceso a la tierra de la
población, dejando que los acuerdos
entre empresas y gobiernos se hagan
sin transparencia y sin el consentimiento
previo de las comunidades
rurales implicadas.

Daewoo en Madagascar

Sin embargo, las poblaciones afectadas
no siempre permanecen expectantes.
Además de la larga lucha del
pueblo mapuche contra Benetton en
Chile y Argentina, el caso de Madagascar
es paradigmático. El 10 de
abril de 2009, la multinacional surcoreana
Daewoo Logistic anunciaba la
cancelación del proyecto de inversión
agrícola en Madagascar, negociado
en noviembre 2008 con el
Gobierno de Marc Ravalomanana.
El acuerdo preveía la concesión durante
99 años de 1,3 millones de hectáreas
para la producción de maíz y
aceite de palma. A cambio de inversiones
en infraestructuras y mano de
obra, el Gobierno de Madagascar se
disponía a ceder la mitad de las tierras
fértiles de la isla.

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EXPULSIONES. Las compras vienen unidas a las expropiaciones.

La oposición popular y campesina
no se hizo esperar. A través de
una fuerte resistencia en defensa de
los derechos de los ciudadanos y
campesinos malgaches sobre sus
tierras, la población se organizó en
grupos como la Plataforma Nacional
de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de Madagascar, el
Colectivo por la Defensa de las
Tierras Malgaches y Solidarité sur
le Intervenants Foncier (SIF), que
pertenece al movimiento internacional
Land Coalition.
Poco después, en marzo de 2009,
el presidente que sostuvo el acuerdo
con Daewoo, Marc Ravalomanana,
abandonó el poder tras un golpe de
Estado y masivas manifestaciones,
en las que 100 personas resultaron
muertas. El nuevo presidente, Andry
Rajoelina, ex alcalde de la capital,
hizo de la cancelación del
acuerdo con Daewoo uno de sus
principales eslóganes políticos. Actualmente,
según los representantes
de la plataforma SIF, el Gobierno de
Andry Rajoelina no renuncia a continuar
con planes semejantes, sino
más bien revisar su ubicación.

El negocio de la tierra

Daewoo es sólo una de las últimas
empresas extranjeras implicadas
en este proceso de acaparamiento
de tierras a nivel mundial, y Madagascar
uno de los varios Estados
del Sur amenazado por esta tendencia
[ver información más abajo].
Lejos de los tiempos de la metrópoli,
los Estados descolonizados viven
ahora otro tipo de control sobre
sus recursos, según denuncian innumerables
organizaciones. La actuación
de organismos como el Banco
Mundial y el FMI durante las últimas
décadas, forzando a países de la periferia
a abrirse a los mercados mundiales,
atrajo a numerosas multinacionales
que ahora se benefician del
negocio de la tierra y la demanda de
agrocombustibles. El Banco Mundial,
entre otras instituciones, defienden
este modelo alegando que de esta
forma se transmite dinero y tecnología
a los países de Tercer Mundo.
Junto a las empresas trasnacionales,
los principales responsables del acaparamiento
global de tierra son Estados
que dependen de las importaciones
de alimentos. Su crecimiento
económico y demográfico junto a la
escasez de recursos hídricos y agrícolas,
han empujado a estos gobiernos
a asegurarse reservas de alimentos
a través de la compra de tierras a
bajo precio en países extranjeros.
Uno de los Estados más activos en
la compra de tierras, según un informe
publicado por la ONG Grain, es
Arabia Saudí: ha comprado superficies
en África, principalmente en
Etiopía y Sudán, mientras que el holding
saudí Bin Laden Group ha firmado
en 2008 un acuerdo en nombre
del Consorcio de Alimentos de
Medio Oriente para invertir 4.300 millones
de dólares en Indonesia, con
la adquisición de 500.000 hectáreas
(algo así como la Comunidad de
Madrid) para la producción de arroz.
China también está invirtiendo
masivamente en la compra de tierras: sus inversiones abarcan dos
millones de hectáreas (el equivalente
a la Comunidad Valenciana)
de cultivos entre el este de África,
Filipinas y Asia Central. Otros países
que se han lanzado a la compra
de tierras fértiles son Egipto,
Bahrein, diversos Estados del
Golfo Pérsico, India o Japón, países
generalmente con abundantes
petrodólares y escasas zonas
cultivables en relación a su población.
En total, más de ocho millones
de hectáreas han sido compradas
recientemente. Corea del
Sur figura en primer lugar, con
2,3 millones de hectáreas.

Cultivos para energía

La producción de agrocombustibles
es una de las causas que han
llevado a esta progresiva privatización.
La complicidad de los gobiernos
locales, otra. En declaraciones
a DIAGONAL, Sue Branford, editora
de la publicación Seedling de
la ONG Grain, habla sobre el papel
de los Gobiernos locales frente a la
venta de tierras a gobiernos y empresas
multinacionales: “Muchos
Estados en el Tercer Mundo están
siendo afectados por la crisis mundial,
a pesar de que no hicieron
nada para crearla. No pueden obtener
crédito comercial y están
siendo perjudicados por la caída
de los precios. En tales circunstancias,
una oferta de otro país para
alquilar o comprar tierras es
muy tentadora. Para nosotros
puede parecer chocante que un
país como Camboya, que tiene un
grave problema interno de hambre,
pueda consentir la venta de
tierras para producir alimentos
para otros países. En realidad, los
países pobres se ven obligados a
buscar soluciones a corto plazo,
que no les traerán beneficios a largo
plazo. Como resultado, muchos
de estos gobiernos están facilitando
la entrada de países extranjeros
y multinacionales y ayudándoles
a eludir los límites legales
sobre la cantidad de tierra que
un extranjero puede poseer”.
Parece claro quién pierde en este
negocio. Privados de las tierras, base
de su supervivencia, decenas de
miles de campesinos se ven obligados
a dejar anualmente sus lugares
de origen, cuando no son desplazados
por la fuerza, para buscar en
otros sitios, en las ciudades o como
inmigrantes en los países enriquecidos,
una alternativa al hambre.

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Campo. Claudio Alejandro Mufarre

Los gobiernos venden o arriendan
la tierra normalmente con la
justificación de que nadie la habita,
cuando en la mayoría de las ocasiones
está habitada o utilizada durante
una parte del año por familias
campesinas. “Estas familias”, continúa
Sue Brandford, de Grain, “a
menudo se ven obligadas a unirse
al éxodo rural. Cuando pierden sus
tierras, también pierden su conocimiento
de la biodiversidad y las
plantas locales. Otra consecuencia,
por supuesto, es que, en el largo
plazo, estos acuerdos pueden agravar
el problema del hambre en la
economía local, ya que significa
menos tierra disponible para las necesidades
alimentarias”.
Como si fuera poco, las tierras
compradas se dedican a los monocultivos,
un tipo de agricultura industrial,
que depende en gran medida
de fertilizantes químicos, plaguicidas,
y maquinaria agrícola, con un
fuerte impacto en los ecosistemas y
los modos de vida y de subsistencia
tradicionales, según denuncian las
organizaciones de defensa de la soberanía
alimentaria.


AFECTADOS

Los principales países afectados por este fenómeno han sido hasta ahora Sudán, Pakistán, Kazajstán, Camboya, Birmania, Uganda, Filipinas,
Indonesia, Laos, Turquía, Ucrania, Tailandia, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zimbabue, Ruanda, Zambia, Madagascar, Nigeria, Camerún, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina, todos con graves
problemas de desnutrición.


EL 10% DE ARGENTINA

Según la Federación
Agraria Argentina, el
10% del territorio
argentino está en
manos de extranjeros. El terrateniente
más grande del país es
Benetton, con unas 900.000 hectáreas.
En algunas provincias, la
hectárea puede llegar a costar
ocho dólares. Personajes como
Ted Turner, Richard Gere y Matt
Damon, empresas chilenas, europeas,
norteamericanas y países
como Malasia han aprovechado
el bajo precio del suelo para comprar
amplias extensiones de terreno
a lo largo de todo el país.


CHINA A POR TIERRAS

En la primera mitad de
2008, el Ministerio de
Agricultura de China
redactó una medida
oficial central para alentar a las
empresas nacionales a adquirir
(alquilando o comprando) tierra
en el extranjero con fines agrícolas,
especialmente para asegurarle
a China el suministro de soja a
largo plazo. Se suponía que cinco
empresas estatales serían escogidas
para llevar a cabo el plan. A
mediados de año se supo que la
medida quedó momentáneamente
en suspenso, según un informe
de la ONG Grain.


MUCHO PETRÓLEO

En marzo de 2008, los ministerios de comercio, economía y finanzas del Consejo de Cooperación del Golfo emitieron una recomendación conjunta de que los miembros de dicho Consejo consideran establecer una empresa conjunta o un fondo común para producir alimentos en el exterior, en el sudeste asiático, Brasil y otros países árabes, para
abastecer el mercado del Consejo. También propusieron crear un
equipo de trabajo para monitorear los proyectos, establecer una
estrategia común, según Grain.


JAPÓN EN BRASIL

En noviembre de 2007, el conglomerado japonés Mitsui compró
100.000 hectáreas de tierras agrícolas en Brasil —el equivalente al 2% de la superficie cultivada de Japón— para la producción de soja. Las tierras están en Bahía, Minas Gerais y Maranhão. Mitsui compró la tierra a través del 25% de su participación en Multigrain SA, el comerciante
de granos brasileño que formalmente cerró el trato. Los otros dueños de Multigrain SA son CHS Inc, una empresa estadounidense de energía y alimentos, y PMG Trading of Brasil.

Artículos relacionados en este número:

Nigeria, un país bajo el control de las trasnacionales

Por Stefania Muresu. (Madrid)

La lucha de los campesinos sin tierra en Madagascar

En Madagascar, las reivindicaciones
contra los intereses de
las multinacionales y por los
derechos de los campesinos
han sido recogidas por diferentes
plataformas. Entre ellas
destaca Solidarité Des Intervenants
Sur Le Foncier (SIF),
una organización que agrupa a
24 grupos de productores y
representa alrededor de
265.000 campesinos y pequeños
productores agrícolas distribuidos
en todo el país.
En una entrevista con el presidente
de la plataforma,
Mamy Rajohanesa, y su
secretaria ejecutiva, Laurence
Bakolinirina, sobre el «Affaire
Daewoo», no sólo denuncian
la falta de transparencia con
la cual se realizó la negociación
entre Daewoo con el
gobierno anterior, sino que
también el actual presidente,
Andry Rajoelina, no niega la
posibilidad de otras inversiones
semejantes.
«En Madagascar hay una organización,
llamada EDBM, que
se encarga especialmente de
las relaciones entre el Estado y
las multinacionales, a través
de la cual el Gobierno puede
seguir los detalles de las
explotaciones, el volumen de
inversión, la ocupación de tierras
y los empleos creados. La
multinacional Río Tinto, por
ejemplo, tiene una filial subsidiaria
en Madagascar, la
QQM, y ha podido desarrollar sin obstáculos la explotación
minera, expropiando las tierras
necesarias». En Madagascar,
la mayoría de los campesinos
no pueden cumplir los requisitos
para legalizar la posesión
de sus tierras. El riesgo de perder
sus escasas posesiones es
continuo. «Las expropiaciones
hasta ahora no han significado
para las poblaciones ningún
beneficio en puestos de trabajo,
sino solo algunas infraestructuras».
«El desconocimiento
de los textos que regulan
los derechos rurales perjudican
a los campesinos, incluido
el derecho de la tierra. El 48%
no conoce el procedimiento
para adquirir el título o certificado de propiedad».

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