Tras 100 días de Gobierno de Porfirio Lobo la violación de los derechos humanos continúa. Siete periodistas han sido asesinados en Honduras en lo que va de año. El último, Georgino Orellana, murió el 21 de abril de un disparo en la cabeza. Un día antes, el activista Óscar Flores fue secuestrado tras una marcha convocada por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que pide la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que elabore una nueva constitución.

La represión contra los opositores
se ha recrudecido desde la llegada
de Porfirio Lobo a la presidencia de
Honduras el 27 de enero. Sin embargo,
Lobo ha sido invitado por el Gobierno
español a la Cumbre de la UE
con América Latina y el Caribe que
se celebrará en Madrid el próximo
17 y 18 de mayo en Madrid. Zapatero
confirmó en febrero su reconocimiento
a Lobo a pesar de las acusaciones
de fraude electoral. Esto ha
provocado una respuesta unitaria de
varias organizaciones de derechos
humanos del Estado español contra
la invitación oficial al presidente hondureño.
Otros mandatarios, como el
nicaragüense Daniel Ortega, también
han dado el sí a este Gobierno
impulsado por los golpistas.

Pero el FNRP continúa con sus denuncias,
a través de multitudinarias
concentraciones, por la falta de democracia
y la persecución de los opositores.
Desde el 20 de abril el Frente
ha iniciado una campaña de recogida
de firmas para solicitar una nueva
carta magna.

30.000 firmas en dos horas

Ese día, en apenas dos horas, los
opositores de Porfirio Lobo recogieron
más de 30.000 firmas, de las más
de un millón que aspiran a conseguir.
Ese día uno de sus militantes, Óscar
Flores, fue secuestrado. Era un activista
muy conocido porque en todas
las marchas portaba un cartel que
contabilizaba los días de resistencia
popular después del golpe militar.

También crítico con el Gobierno
era Georgino Orellana, el periodista
y catedrático asesinado, que había
sido apartado de un grupo mediático
por pronunciarse en contra
de la línea editorial y que estuvo
muy vinculado a organizaciones
populares. Las denuncias de las
muertes de personas vinculadas
con la resistencia popular son constantes
y el ministro de Seguridad,
Óscar Álvarez, lo oculta bajo argumentos
como que esta ‘ola de violencia’
pretende su desprestigio.

Represión en el Bajo Aguan

La represión también se ha cebado
con los campesinos. Ante el crecimiento
de la demanda de tierras
en el sector del Bajo Aguán (región
del norte del país, con más de 3.000
familias campesinas), Lobo movilizó
en esa zona a más de 5.000 militares
para reprimir a los jornaleros
con el pretexto de atacar el narcotráfico.
Esta justificación no convenció
a nadie ya que el Estado no
tiene ningún plan para contener a
los narcotraficantes que campan
tranquilamente en el país.

A pesar de todo, Lobo trata de dar
una visión internacional de una
Honduras que se encamina hacia un
proceso democrático. Según el
FNRP eso sólo es un espejismo que
sirve a las corporaciones económicas
y a los políticos de la derecha para
mantener sus privilegios. Con las
condiciones actuales, para “Pepe”,
como se hace llamar Porfirio Lobo,
gobernar no es una pera en dulce.
Los golpistas dejaron desvalijada la
nación. La endeudaron emitiendo
bonos del Estado, para colocarlos en
la banca privada, por valor de 292
millones de euros. Además, gastaron
373 millones de euros de la reserva
financiera, comprometiendo
los recursos en licitaciones amañadas
para la construcción de obras
públicas, provocaron el aislamiento
diplomático y económico del país,
cambiaron las fórmulas de licitación
de combustibles que había impulsado
el gobierno de Zelaya. Además,
anularon la suscripción a la Alternativa
Bolivariana de las Américas
mediante la cual se obtenían recursos
para la producción agrícola y
agudizaron los conflictos agrarios al
no aplicar las leyes aprobadas.

Ante la presión internacional que
pide una solución a la crisis política y
económica, Lobo ha decidido poner
en marcha lo que denomina “Gobierno
de Unidad Nacional”, que no es
otra cosa que la distribución de cargos
y poderes y que hace más difícil
la conciliación de todos los sectores.
En el reparto de poder, los militares
exigieron la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones, la marina mercante,
la oficina de migración y el
Ministerio de Defensa.

Por su parte, el candidato opositor
se conformó con el Instituto de la
Propiedad. De esta forma podrá solucionar
las acusaciones públicas de
obtener lotes de terreno para proyectos
de construcción de viviendas, uno
de sus principales negocios particulares.
A la vez, ha llenado el Instituto
de cargos nombrados a dedo, entre
ellos una comisionada de derechos
humanos, que no se sabe qué funciones
va a desempeñar.

El reparto de la ‘tarta’

Al partido de ‘izquierdas’ Unificación
Democrática, que le hizo comparsa
en las elecciones, Porfirio
Lobo le dio el corrompido Instituto
Nacional Agrario, una patata caliente,
en lo administrativo y porque
Lobo no comparte su visión de la reforma
agraria. Para colmo, el Estado
cuenta con una Corte Suprema de
Justicia y un Ministerio Público obedientes
a los dictados empresariales
que dieron el golpe de Estado. Sólo
el Congreso Nacional podría tener
algún espacio de maniobra, pero éste
un día da muestras de querer limpiar
el golpe de Estado y otro día dice
que no existen mecanismos constitucionales
para destituir a la desprestigiada
Corte Suprema de Justicia,
que continúa paralizando las
causas judiciales a los acusados de
violar los derechos humanos.

Pero sobre todo, existe una fuerte
presión social para detener el aumento
de precios de los combustibles,
dar solución a los conflictos
agrarios, conseguir que la carga tributaria
sea mayor para quienes tienen
mayores recursos, limpiar las
instituciones jurídicas y garantizar
los derechos humanos.