La fallida guerra contra el narco

Las voces que alertan de
que la guerra contra el
narco se está perdiendo
aumentan, al mismo
tiempo que las críticas a
la estrategia militar del
Gobierno de Calderón.

07/04/10 · 0:35
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LA SELVA MILITARIZADA. Las Fuerzas Armadas se han introducido en todas las comunidades y hostigan a los indígenas.

En la madrugada del 31 de enero,
un comando armado hizo irrupción
en una casa privada en la periferia
de Ciudad Juárez. En esa casa
se estaba llevando a cabo una
fiesta entre adolescentes. El comando
irrumpió separando a hombres
y mujeres. Las mujeres, en su
mayoría menores de edad, fueron
inmediatamente alejadas de la casa.
Los hombres, en cambio, fueron
empujados contra una pared.
Con los adolescentes en fila, los
agresores dispararon con sus armas.
El resultado: 16 muertos –todos
menores de edad, excepto dos–
y decenas de heridos.

La matanza de este grupo de adolescentes
revivió, si fuera necesario,
el asombro y la indignación de parte
de la sociedad mexicana frente a
la ola de violencia que se registra en
México a raíz, se dice, de la llamada
“guerra al narcotráfico”, promovida
desde la presidencia de Felipe Calderón.

Según datos del mismo
Gobierno mexicano, a partir de la
actual administración, en diciembre
de 2006 y hasta la fecha se contarían
más de 18.000 muertes ligadas a
dicha “guerra”. Como si fuera poco,
la frecuencia de estos asesinatos va
en aumento: si en 2007 las primeras
mil muertes se alcanzaron en 134
días, en este año pasaron sólo 34 días
para lograr esa cifra.

La matanza de Ciudad Juárez del
31 de enero no es la última ni la más
grave que haya ocurrido en los últimos
meses. Sin embargo, ha sido y
sigue siendo una razón más que suficiente
para dirigir especial atención
tanto a esta ciudad fronteriza,
ya golpeada por el triste fenómeno
del feminicidio –por cierto, ya no exclusivo
de esta ciudad–, como al
Estado de Chihuahua, escenario del
más elevado porcentaje de homicidios
del país. Se calcula que hasta
una cuarta parte de todos los homicidios
cometidos en la actual legislatura
se han producido en este
Estado norteño. Frente a esta situación,
e inclusive desde las filas del
Gobierno, se desprenden las críticas
acerca de la que muchos ya definen
como “estrategia fallida” del
Gobierno mexicano. Dicha estrategia,
según los críticos de los distintos
sectores políticos, encontraría
su fracaso en la decisión gubernamental
de centrar la represión hacia
la delincuencia organizada sólo por
la vía militar: despliegue del Ejército
Federal –en clara violación del texto
constitucional– contra los carteles
del narcotráfico; promoción de reformas
legislativas que amplían facultades
y poderes de las fuerzas del
orden; fuerte e intensa campaña
mediática de respaldo tanto a las acciones
de las fuerzas armadas –acusadas
de repetidas violaciones a los
derechos humanos– como de criminalización
o desprestigio de toda organización
social autónoma e independiente
de las intenciones gubernamentales.

Respuesta militar

Desde organizaciones de DD HH de
Ciudad Juárez se critica la falta de
respuesta del ejecutivo. El Gobierno
tiene 16.217 agentes en Ciudad
Juárez: 8.500 son soldados; 4.000,
agentes de la Policía Federal; 2.850,
policías municipales; 487, preventivos
estatales y 380 agentes ministeriales.
Sin embargo, 60.000 familias
en los últimos tres años tuvieron
que abandonar la ciudad. Es más,
hoy cerca de 10.000 menores se encuentran
en estado de abandono,
después de que sus familias murieran
en la ‘guerra contra el narco’.

Tras tanta indignación y protesta,
finalmente el Gobierno mexicano
tuvo que responder proponiendo un
cambio de estrategia: programas sociales,
inserción laboral, prevención
del delito... Todo “para recomponer
el tejido social”, según el propio Calderón.
No obstante, desde la sociedad
civil mexicana se levantan ya
las dudas y las críticas al Gobierno.
Éstas van desde las consignas de las
marchas de las pasadas semanas en
Ciudad Juárez –“Calderón mentiroso
y farsante”– hasta las acusaciones
abiertas pronunciadas por las
organizaciones cívicas de Juárez de
que “el Gobierno federal encubre
paramilitares y escuadrones de la
muerte”, en referencia a las matanza
de jóvenes del 31 de enero. Por
otro lado, vale la pena retomar una
declaración de noviembre de 2008,
en la que el Ejército Revolucionario
Popular Insurgente acusaba a Calderón
de “sembrar un terror de Estado
que lleva la consigna de guerra
al narco”.

Esta organización armada decía
en el mismo texto que “ante la poca
legitimidad y la falta de credibilidad
de que goza, el Gobierno panista
busca controlar a su favor (no desaparecer)
el mercado de las drogas,
dentro de un contexto de crisis
económica aguda. Para esto criminaliza
e intimida a las organizaciones
sociales y formaliza las estructuras
y prácticas mafiosas ya existentes
en muchos cuerpos policiacos, y
crea códigos judiciales (verdaderos
códigos de guerra que consideran
enemigo a cualquiera que quiera
acusar de delincuente) para imponer
su terror”. Ahí está la duda entonces.
¿Hasta qué punto la estrategia
es fallida? ¿Estamos en la vía definitiva
de la colombianización de la
sociedad mexicana?

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defender los derechos indígenas”

¿LEGALIZACIÓN COMO SALIDA?

«Las armas son legales a este
lado de la frontera», dijo el 21
de marzo Ricardo Salinas Pliego,
el segundo empresario
más rico de México, en referencia
a EE UU, un país que abastece
de armamento a las
mafias del narcotráfico mexicanas.
«¿Por qué no hacer entonces
las drogas legales en México?»,
declaró. «Estamos en
esta guerra contra las Drogas y
la estamos perdiendo», afirmó.
Y, como solución, propuso:
«Las drogas deben ser legalizadas
o entregadas a los consumidores
por los Gobiernos de
una forma controlada».

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