ESTADOS UNIDOS // CONTINUISMO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA DE LA ADMINISTRACIÓN OBAMA
La excepción permanente

La ley de gastos de defensa promulgada por Obama ha acentuado la tendencia a ampliar la concentración de poderes en manos del Ejecutivo.

28/09/12 · 0:00
Obama y Clinton / ristopher Dil

La ley de financiación militar de EE UU (National Defense Authorization Act) firmada el 31 de diciembre de 2011 por el presidente Barack Obama contiene algunos artículos que autorizan la detención indefinida, sin proceso y sin acusación, de ciudadanos estadounidenses reconocidos como enemigos por el poder ejecutivo. Esta ley no afecta únicamente a americanos capturados en un campo de batalla, sino que también es aplicable a personas que no hayan salido nunca de EE UU, ni participado en acción militar alguna. Se centra en las personas reconocidas por la Administración como miembros “de Al Qaeda, talibanes, o que participan en actividades que son hostiles contra EEUU”, así como cualquiera que “haya apoyado sustancialmente a estas organizaciones”, fórmula que permite una aplicación flexible y amplia de la ley.

Mientras firmaba, Obama declaró que su Administración no autorizará la detención militar, ilimitada y sin juicio previo de ciudadanos estadounidenses. A pesar de que esta posibilidad no se opone al orden de derecho estadounidense, sí lo hace, sin embargo a los “valores” del país, por lo que es en nombre de éstos por lo que no usaría la oportunidad ofrecida por la ley. Afirma incluso que, de hecho, el National Defense Authorization Act no le atribuye nuevas competencias, puesto que el presidente ya dispone de este tipo de privilegios desde que el Congreso adoptara, el 14 de septiembre de 2001, una resolución estipulando “que el Presidente tiene autorización para hacer uso de las fuerzas necesarias (...) contra naciones, organizaciones y personas que hayan planificado, autorizado, cometido o colaborado con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001”.

La autorización se ve precedida de un preámbulo que establece que “el presidente posee autoridad amparada por la Constitución para disuadir y prevenir los actos de terrorismo internacional contra EE UU”. Obama ha interpretado la cita como ya lo hiciera George W. Bush, y niega así el carácter novedoso de una ley que le permite pasar por alto el habeas corpus de cualquier estadounidense.

Obama ha asegurado que no hará uso de la autorización que le es concedida por ley para encarcelar, indefinidamente y sin acusación, a ciudadanos estadounidenses. Del mismo modo, rechaza la obligación de detener militarmente a terroristas extranjeros. A este respecto, afirma que su Administración “interpretará y aplicará las disposiciones descritas de manera que permita conservar la flexibilidad de la que depende nuestra seguridad y mantener los valores sobre los cuáles se asienta este país”. Obama trunca el carácter restrictivo de la ley en pro de la libertad presidencial, así como los “valores” estadounidenses prevalecen sobre la ley.

Por tanto, si el National Defense Authorization Act no hace más que ratificar competencias que el poder ejecutivo ya poseía, el problema se enfoca en la interpretación. Para Obama, los artículos denunciados no son inconstitucionales por concentrar los poderes en sus manos, sino porque restringen su libertad de maniobra. Las cláusulas rebatidas establecen una detención militar que limita la necesaria “flexibilidad” de acción de la Administración, como es, por ejemplo, la posibilidad de detener a un preso extranjero en un campo de la CIA.

El aún presidente ha creado una escisión en el ejercicio de poderes estatales, de manera que el legislativo no pueda ejercer el control sobre el ejecutivo. La separación de poderes se convierte así en una ausencia de límites presidenciales. Las administraciones Bush y Obama estiman que la autorización otorgada en 2001 por el Congreso para hacer uso de la fuerza contra los autores del atentado del 11-S equivale a una declaración de guerra como las que fueron votadas en la II Guerra Mundial. Sin embargo, el área de aplicación se amplía aún más, puesto que la autorización de 2001 permite usar la fuerza no sólo contra otras naciones, sino contra organizaciones e incluso individuos.

Con todo esto, la ley de financiación militar ha incorporado en la ley una variación del concepto de hostilidad que incita a la psicosis, pues tiene como fin declarado hacer frente a un conflicto contra unos adversarios poco definidos. La lucha antiterrorista crea una imagen en renovación constante del enemigo. Se exhibe como una guerra permanente en que no existen fronteras, pues no hace distinciones entre el ciudadano americano y el soldado de una potencia extranjera, no diferencia entre interior y exterior. La estructura política y judicial construida gracias a esta nueva guerra asimétrica suprime la forma del Estado de Derecho. La ley deja de ser una reducción de la excepción para convertirse en su continua extensión.

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