El Gobierno madrileño (PP), con competencias en
materia de Sanidad desde hace seis años, se sitúa a la
vanguardia de las políticas privatizadoras de la sanidad
ya ensayadas en otras Comunidades Autónomas.
- LA FUNDACIÓN. Inmueble de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Se espera que el fondo de inversiones de capital riesgo Apax
Partners se haga con éste y otros 13 hospitales en el Estado español (ver recuadro): todo un desembarco del capital financiero./José Alfonso
Selección de pacientes por criterios
de rentabilidad, oscurantismo en la
publicación de los indicadores que
regulan el sistema sanitario, ausencia
de garantías suficientes de seguridad:
son algunos de los síntomas
que delatan la paulatina privatización
del sistema sanitario público en
la Comunidad de Madrid, según CAS
Madrid, una coordinadora formada
por los sindicatos libertarios CGT,
CNT y Solidaridad Obrera, junto con
la Plataforma Sindical de la EMT.
Los ocho nuevos hospitales del SERMAS
(Servicio Madrileño de Salud)
van a estar diseñados, construidos,
poseídos y gestionados por grupos
de empresas privadas.
“Los trabajadores realizaremos
nuestro trabajo bajo mucha presión
para que maximicemos los beneficios,
lo cual me parece muy peligroso”,
explica Carmen, médico del
SERMAS, quien prefiere no facilitar
su apellido por temor a represalias.
Estudios científicos internacionales
han demostrado que los hospitales
privados tienen tasas de mortalidad
más altas que los centros públicos.
“Se planifica en favor del beneficio
de las empresas y en contra de los intereses
de los pacientes. Las camas,
la tecnología sanitaria y todos los servicios
de los hospitales quedan sujetos
a intereses meramente económicos,
sólo tienen que dar cuentas a sus
accionistas”, denuncia CAS Madrid.
El precedente británico
En el Reino Unido, donde estos mismos
criterios llevan en funcionamiento
desde hace años, multinacionales
norteamericanas van a construir
cerca de 100 nuevos hospitales.
Cabe añadir que en el Reino Unido
el gasto medio del contribuyente en
sanidad ha aumentado un 72%, en
cambio el Sistema Británico de Salud
está prácticamente desmantelado y
en la prensa se reproducen las noticias
de ciudadanos desasistidos. La
situación ha llegado al punto de que
según informes recientes, alrededor
de 100.000 pacientes británicos al
año contraen infecciones en los hospitales.
Otras experiencias similares
en Australia o Canadá arrojan resultados
parecidos. En estos países se
han registrado importantes movilizaciones
ciudadanas en contra de esta
situación.
En el la Comunidad Valenciana,
donde el PP ha sido pionero en impulsar
esta política de privatización,
hubo que reflotar el Hospital de
Alzira con dinero público, unirle centros
de salud de la comarca y sanearlo
para posteriormente volver a cedérselo
al grupo de empresas que lo
gestionaba. “Los pacientes comienzan
a darse cuenta de que ellos son
lo último en lo que piensan los políticos
cuando toman sus decisiones”,
opina Álvaro, médico del SERMAS.
CAS Madrid denuncia que los modelos
de gestión privada no mejoran el
funcionamiento de la sanidad e
incrementa las desigualdades en el
acceso. Además de señalar la importación
de técnicas de gestión empresarial,
primas por prestación de servicio
rápido y contratación a tiempo
parcial de personal sanitario suficiente.
“Quien vende servicios sanitarios
en un mercado quiere beneficios
económicos. Están dispuestos a
recortar presupuestos, y a seleccionar
a aquellos individuos que suponen
una menor utilización de recursos”,
argumenta Antonio Gómez,
trabajador del SERMAS.
CAS Madrid exige que tanto la
gestión como la construcción de estos
centros sean públicos para poder
garantizar la solidaridad y la equidad
en el servicio. “Nos parece muy grave
que exista un pacto de silencio entre
partidos políticos y sindicatos mayoritarios
para ocultar todo esto que
está ocurriendo”, señala Antonio.
En la misma línea, la Asociación
en Defensa de la Sanidad Pública de
Madrid (ADSPM) ha publicado a
principios de mes un demoledor informe
sobre la política sanitaria del
Gobierno de Esperanza Aguirre. El
documento presenta como maniobras
políticas decisiones aparentemente
técnicas como el cese en la publicación
de las memorias anuales
de actividad del servicio de salud, en
idéntica política a la del Gobierno
‘popular’ del País Valenciano. “El
Partido Popular”, denuncia el informe,
“oculta el número de camas, quirófanos,
urgencias, consultas e intervenciones,
así como la distribución
de la población y del presupuesto
económico por capítulos”.
Los propios planes de control de
calidad que usa la Consejería de Salud,
destaca la ADSPM, están copiados
de los estándares marcados para
la industria por la Fundación Europea
de Gestión de Calidad, “pensadas
para el lucro empresarial” y no
para la mejora del servicio público.
La ADSPM relaciona la implantación
de este modelo con un progresivo
deterioro del sistema de salud,
desde la atención primaria hasta los
grandes centros de salud.
Recursos
insuficientes
Según la ADSPM, la ocultación de
datos por parte del Gobierno de la
Comunidad no evita el conocimiento
de algunas señales alarmantes
en el deterioro de la atención sanitaria
pública. Si en el conjunto del
Estado el gasto sanitario per cápita
ha alcanzado 1.043 euros en dos
años, en Madrid se sitúa en 994
euros para una población estimada
de cinco millones y medio de habitantes.
Pero el porcentaje sería
incluso menor si se tuviera en cuenta
la población real reconocida por
la propia Consejería de Sanidad:
más de 6 millones de personas.
EL CULEBRÓN DE LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
Desde hace 30 años, el
caso de hospital regentado
por la Fundación Jiménez
Díaz es un ejemplo de
las consecuencias de las
formas de gestión con
colaboración pública y privada
en la sanidad. Como
entidad sin ánimo de
lucro, la fundación se ha
beneficiado de un concierto
con el Insalud por el
que cubría a los pacientes
de las áreas de salud
correspondientes a los
hospitales 12 de Octubre
y Clínico y por el que sus
deudas han sido sufragadas
por el sistema público.
Una vez que se efectuaron
las transferencias
sanitarias, la Consejería
de Sanidad sustituyó al
Insalud en el patronato de
la fundación y desde dentro
ha favorecido su venta
a la multinacional sueca
Capio, que gestiona 14
hospitales en el Estado
español. El Gobierno de
Esperanza Aguirre ha
puesto así en manos de
una empresa con ánimo
de lucro lo que había sido
una beneficencia privada.
Además, la nueva zonificación
sanitaria propuesta
con sordina por la Consejería
en pleno mes de
agosto ha convertido a
esta antigua clínica de
apoyo en el hospital de
referencia para 375.000
habitantes de la capital.
Con estas medidas, Capio
se coloca con ventaja en
el mercado sanitario
madrileño: también posee
un antiguo sanatorio de
las Hermanas Recoletas
en Alcalá de Henares, el
hospital de nueva planta
en Móstoles y la concesión
administrativa del
hospital de Valdemoro.
¿Fin de la historia? Al cierre
de esta edición, se
daba por seguro la compra
de Capio por parte del
fondo de inversiones de
capital riesgo Apax Partners,
que pasaría a gestionar
todo el negocio sanitario
acumulado por la
compañía sueca, incluidos
sus hospitales en
suelo español. En el currículum
reciente de Apax
figura la compra de Panrico,
cuyo plan de reflotación
incluye la conversión
forzosa de contratos fijos
en autónomos.
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