FISCALIZACIÓN DE LOS CIE. El día 13 se presentó una campaña para favorecer la entrada de ONG y asociaciones a los centros de internamiento.

El rechazo a la Ley por parte de
los movimientos de inmigrantes
ha sido unánime. El Colectivo
Drari, que se dedica a la ayuda de
menores extranjeros no acompañados,
entiende que esta Ley no
protege los derechos humanos,
no respeta los derechos del niño
ni protege a la familia. Para Víctor
Saéz, de la Asociación de chilenos
en España, la reforma supone
“un cercenamiento más de los
derechos de los inmigrantes para
satisfacer el consumo interno”.

En esta línea, las fuentes consultadas
hablan del rédito electoral
que dan las medidas promovidas
contra los derechos de los migrantes.
Así se expresa Rafael Lara,
del área de inmigración de la
Asociación Pro-Derechos Humanos
de Andalucía: “Desde nuestra
posición, la impresión que da
es que en España endurecer las
normativas de extranjería es electoralmente
rentable y de que el
PSOE, ante el mensaje negativo
que el PP ha estado enviando en
relación a esta cuestión, no ha
querido perder el paso y, aprovechando
la coyuntura de la sentencia
del Constitucional, ha planteado
una reforma restrictiva con el
objetivo de que se visualice ante
la opinión pública que ellos están
dispuestos a ser tan duros con los
extranjeros como el que más”. El
Congreso de los Diputados ha
aprobado, con un 80% de votos a
favor, una reforma que, según
José María Trillo de la ODS Patio
Maravillas, no tiene diferencias
sustanciales con la que planteó el
PP durante esta legislatura. El secretario
general de la Coordinadora
Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), Alfredo Abad, lamenta
que no se haya buscado el
consenso ni la opinión del Foro
para la Integración Social de los
inmigrantes. A su juicio, es preocupante
que en el texto se presente
la política migratoria desde la
base del control. Abad profundiza
en el hecho de que la reforma
plantea un modelo asimilacionista
y no entienda, como solicitan
las organizaciones, la integración
desde un punto de vista bidireccional:
“Estamos ante un error
grave y una actuación política que
necesita corregirse en la dirección
de defender los derechos
humanos y consolidar los compromisos
internacionales de
nuestro país, por ejemplo con la
firma de la Convención para la
defensa de los derechos de los
trabajadores migrantes y sus familias,
que las organizaciones sociales
hemos pedido reiteradamente
al Gobierno”, ha declarado
Abad a este periódico.

‘Trabajadores desechables’

Sáez critica el fondo ideológico de
la reforma que da a los trabajadores
inmigrantes la categoría de
desechables: “útiles en la medida
en que sirven al capital”. En su opinión,
“es fruto de las presiones que
la derecha y los empresarios han
ejercido sobre el Gobierno”. Para
Trillo, la política de la UE ha sido
el factor clave del cambio: “la legislación
española se había quedado
a la izquierda de la que plantean
países como Francia o Italia,
y con esta reforma se ha acoplado
a su paso. A su vez se recoge el espíritu
de la Directiva de Retorno,
llamada ‘de la vergüenza’, endureciendo
el internamiento en los
Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE) de las personas en
situación irregular”.

La poca vertebración de los movimientos
de inmigrantes y los actores
sociales que trabajan por su
integración es uno de los factores
que, según las fuentes, determina
la escasa respuesta social ante el
borrador. Sáez admite que “no
hemos tenido la capacidad de generar
un movimiento amplio que
haya sido capaz de poner en cuestionamiento
de manera más profunda
la Ley de Extranjería. La
Red Estatal por los Derechos de
los inmigrantes (REDI) ha avanzado
en esa dirección pero aún
de manera insuficiente”. Para
Trillo, las múltiples realidades de
la inmigración hacen más complicada
su articulación como movimiento:
“Falta base y las estructuras
organizativas creadas hasta
ahora no dan mucho más de
sí, o por débiles o por estar enmarañadas
en una red burocrática-
asistencial que las sustenta”.

Estos grupos coinciden en la
necesidad de fortalecer un frente
transversal “de unidad y lucha”,
en palabras de Sáez, que se posicione
de forma clara en defensa
de los derechos de las personas,
independientemente de cuál sea
su país de origen. Según Trillo,
“existe la necesidad de articular
políticamente a los inmigrantes
en el conocimiento y ejercicio de
sus derechos como realidad diferente
con la meta de transformar
nuestras sociedades mediante la
movilización, concienciación y
educación en la diversidad, desarrollando
valores como el respeto
la tolerancia y la solidaridad”.