La nueva Ley de Costas se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría del PP. La norma cuenta con la oposición de la mayoría de los partidos políticos y la totalidad de los grupos ecologistas. La Ley de Costas reduce de 100 a 20 la franja de protección de la costa y va a amnistía a más de 150.000 construcciones levantadas en dominio público marítimo terrestre.

También se amnistían construcciones y explotaciones en dominio público de la costa que el PP justifica que sigan a pie de playa porque dice son puestos de trabajo. La reducción de la protección de la costa convierte además al dominio público en zona urbanizable y permitirá levantar nuevos edificios.

Desde Ecologistas en Acción y Greenpeace se denuncia que esta Ley de Costas abre un proceso de privatización y despilfarra más de 180 millones que se han invertido en procesos judiciales para deslindar la costa. Además señalan que la ley se ha sacado adelante sin contar con los técnicos ambientales ni la sociedad y se ha legislado en contra del Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático que según todos los estudios prevé la subida del nivel del mar. También quedan sin protección importantes espacios naturales como salinas y dunas. 

La nueva ley amnistía cientos de edificios construidos antes de 1988 y aumenta las concesiones de explotación en dominio público de 30 años a 75.

Dos activistas de Greenpeace escalaron ayer por la mañana por la fachada del Congreso y mostraron pancartas con la frase: “El PP vende nuestra costa”. La organización ecologista planea llevar una queja contra esta ley ante la Comisión Europea, por su parte el PSOE ha anunciado que estudia  presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.