ESTADO ESPAÑOL // EL DESARROLLO DEFICIENTE DE LA LEY DE DEPENDENCIA PONE EN PELIGRO EL ESTADO DE BIENESTAR
La dependencia vista como auxilio social

Cinco años después de la aprobación de la Ley de
Dependencia, su aplicación prima a los operadores
privados frente a su inclusión en los servicios públicos.

- La economía informal: otra vez una cuestión de sexo

06/12/11 · 9:23
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Foto: Antonio Navia

La Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia
fue uno de los estandartes de
la política social del Gobierno socialista
en la primera legislatura de José
Luis Rodríguez Zapatero. Cinco años
después de su aprobación, y a pesar
de que su apliación ha generado miles
de puestos de trabajo, la norma
podría desparecer si el PP lleva a cabo
las medidas difundidas en campaña.

Mariano Rajoy ha anunciado que
en su Gobierno no habrá dinero para
dependencia porque, en su opinión,
la aplicación de la ley es inviable. Las
asociaciones en defensa de las personas
dependientes reaccionaron con
concentraciones en distintos lugares
de España y advierten que redoblarán
su lucha si el futuro Gobierno no
apuesta por desarrollar la Ley de
Dependencia en todo el Estado.

En este momento, el desarrollo de
la norma en las Comunidades
Autónomas se ha estancado y el dinero para
atender a las personas con discapacidad
sufre graves retrasos o no
llega
. El número de personas con derecho
a prestación en España asciende
a 1.045.624, aunque podrían ser
más puesto que un 28,9% de las solicitudes
todavía no se ha resuelto.

Además, no todas las personas beneficiarias
están recibiendo la prestación,
sino que 305.675 (casi el 30%) se
encuentran en lista de espera, según
los últimos datos publicados por el
Ministerio de Sanidad con fecha 1 de
octubre. La Federación Empresarial
de Asistencia a la Dependencia
(FED), que cubre 150.000 plazas residenciales,
28.000 plazas en centros de
día, 230.000 beneficiarios de ayuda a
domicilio y 315.000 usuarios de tele
asistencia, realizará un paro de diez
minutos al mes en todos sus centros
como medida de presión para que las
administraciones paguen los cerca de
1.300 millones de euros que les deben,
una deuda que, en opinión de la
patronal del sector, está poniendo en
riesgo la viabilidad del proyecto del
Estado de bienestar, las empresas, los
puestos de trabajo y la estabilidad del
servicio.

El presidente de la FED, José
Alberto Echevarría, denuncia que
muchas empresas están en quiebra
técnica, sin poder pagar las nóminas
de sus plantillas porque no les llega el
dinero de los ayuntamientos
, encargados
de cubrir las ayudas a domicilio,
ni el de los gobiernos autonómicos,
que se reparten con el Gobierno
central, al 50%, el resto de gastos, como
el derivado de los centros de día y
de mayores.

Desequilibrios territoriales

Además, el desarrollo de la ley presenta
desigualdades territoriales en
función de los gobiernos regionales,
según señala Raúl Beltrán Benagues,
experto en dependencia. En su opinión,
se aplica “con mayor éxito” en
las comunidades autónomas donde
se desarrolla sobre la base de un sistema
de servicios sociales públicos y
de proximidad, mientras que “es más
deficiente” en las regiones donde se
basa en la externalización de servicios,
como la valoración del grado de
dependencia, porque de ello se deriva
una menor o mayor cobertura y la
celeridad con la que se reconocen los
derechos y se asignan recursos.

Asimismo, explica Beltrán, hay mucha
disparidad entre los servicios que
ofrece cada Comunidad Autónoma.
Las regiones que menos han implantado
la ley “han hecho un uso abusivo”
del internamiento residencial y
de las ayudas para cuidadores informales,
no profesionales
(situadas en
torno a los 400 euros) mientras que
en las comunidades donde se ha
desarrollado más, se ha tratado de
implantar servicios de proximidad
como centros de día o servicios de
atención domiciliaria, tal y como
exigen las asociaciones de personas
dependientes. Raúl Beltrán agrega
que el hecho de que gran parte de las
ayudas hayan sido destinadas al internamiento
en residencias o a pagar
“un salario muy escaso” a quienes ya
venían cuidando a sus familiares, “no
ha mejorado mucho el derecho de estas
personas a una vida más digna”.

En este sentido, el presidente de la
FED, José Antonio Echevarría, también
critica que se haya generalizado
la concesión de prestaciones económicas
a cuidadores informales, cuando
esta opción se contempla en la ley
de forma excepcional. “Se está dando
prestación a una persona que no
retroalimenta al sistema, porque la
mayoría de estos cuidadores son
miembros de la familia y la inversión
económica no revierte al Estado”,
manifiesta Echevarría. Le da la razón
un reciente informe de
Comisiones Obreras que indica,
por un lado, que la aplicación de la
ley, entre los años 2009 y 2010, ha
creado 145.000 puestos de trabajo
y, por otro, que de esta inversión
pública las administraciones han
obtenido un retorno económico situado
entre el 60% y 65%.

El presidente
de la FED señala que la falta
de liquidez no es excusa y se trata
de priorizar el gasto en los “sectores
esenciales, es decir, en los tres
pilares del Estado de bienestar”
que a su juicio son la educación, la
sanidad y la atención a la dependencia, allí donde los recortes presupuestarios
no deberían llegar.

Las cuidadoras informales

El Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (Imserso) estima que en
España el porcentaje de personas
mayores dependiente se encuentra
entre el 10% y el 15% de los mayores
de 65 años y, en general, es la familia
quien asume lamayor parte de las tareas
de cuidado. Además, la mayoría
de los cuidadores son mujeres: el 43%
son hijas, el 22% son esposas y un
7,5% son nueras de la persona dependiente.
La presidenta del Fórum de
Política Feminista de Madrid, Teresa
Nevado, sostiene que “los cuidados
son cosa de mujeres” que, además,
en muchos casos se encuentran fuera
del mercado laboral por tener que
atender a sus familiares dependientes.

Nevado sostiene que la feminización
de los cuidados responde al
desempeño de un rol tradicional que
merma de participación social de las
mujeres y resta valor a las tareas de
cuidado como trabajo remunerado.
Por su parte, Josefa Amat, portavoz
de IU en la Comisión de Familia y
Asuntos Sociales de la Asamblea de
Madrid, piensa que “está muy generalizado
ver la dependencia como
auxilio social” y promover que los
cuidados los asuma el familiar más
cercano, el cuidador informal, abusando
“de la ayuda de los 400 euros”.

De este modo, añade, “está ayudando
a matar dos pájaros de un tiro”
porque se paga a las mujeres por
quedarse en casa y encargarse de las
tareas de cuidado de sus familiares
dependientes pero, a su vez, “se les
aparta del mercado laboral y, cuando
terminen de ser cuidadoras, no estarán
en edad de trabajar”. La portavoz
de IU recalca que la asistencia es una
profesión que necesita preparación y
“nadie cogería los 400 euros si hay
plaza en un centro”, asevera Amat.

Tags relacionados: Número 162 Ley de dependencia
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comentarios

1

  • |
    anónima
    |
    06/12/2011 - 12:33pm
    <p class="spip">¿QUE TENEIS QUE CELEBRAR?. Eso que llamais Constitución fue derogada en el 2001. La maquinaria de REPRESION de un FASCISMO, sin Caudillo ni camisa azul, nos está EXTERMINANDO a mí y mi familia. Mientras tanto, muchos de vosotros mirais para otro lado. No quereis enteraros. Como aquellos aquellos alemanes que oían la desesperación de millones de detenidos: judíos, gitanos, homosexuales, socialistas, comunistas, mormones, testtigos de Jehová, etc... ¿Me censurarán?... Ver "¿TERRORISMO DE ESTADO?" en:</p> <p class="spip">http://aims.selfip.org/spanish_revolution.htm</p>
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