Izquierda Unida se acerca a su IX
Asamblea Federal en medio de una
delicada situación organizativa y
económica. Con una deuda histórica
que ronda los 11 millones de euros,
la coalición recibió 140.000 euros del
Estado tras lograr dos diputados en
los últimos comicios generales y se
mantiene con las aportaciones de las
federaciones autonómicas y municipales.
La complicación financiera alcanza
a uno de los pilares de la formación,
el PCE, que el pasado julio
decidió suspender su histórica fiesta,
prevista para finales de septiembre,
y posponerla a la primavera de 2009.

La deuda de IU asciende a “casi 16
millones de euros si se le suman los
cinco del mailing electoral”, precisa
Joan Josep Nuet, coordinador de la
Comisión Unitaria para la Asamblea
y organizador de la discusión sobre
el plan económico de la formación
aprobado el pasado mayo. Según
Nuet, “el 80% se originó por el batacazo
electoral de 2000” en que su representación
parlamentaria descendió
de 21 a ocho escaños. En mayo
de 2003 la deuda se cifraba en 7,5 millones
de euros. En febrero de 2006,
ascendía a 11,5 millones de euros, a
lo que se sumaba un millón de euros
que IU debía a diversos proveedores.

En las elecciones de marzo, IU solicitó
un crédito de cuatro millones
de euros y un anticipo de 1,9 millones
al Banco Popular, entidad con la
que solía suscribir sus créditos electorales:
éste sólo les facilitó 2,5 millones
más el adelanto prometido, por
lo que recurrieron a otros bancos, según
explica Antonio Cortés, actual
responsable de Finanzas. El
Santander les abonó un millón de euros,
y La Caixa aportó 300.000. Cortés
afirma que la coalición se planteó
reducir los gastos electorales. “Y lo
hemos hecho. Hemos sido el partido
que ha hecho una campaña electoral
más austera”, destaca.

Del total del crédito solicitado, 8,5
millones de euros tenían como aval
la sede federal de IU de la calle
Olimpo de Madrid, edificio que la
formación lleva planteándose vender
desde 2004. El inmueble es una
concesión a 90 años del Ayuntamiento
de Madrid valorada por debajo
de su valor en el mercado. Tras
las elecciones, explica Cortés, se
plantearon una “operación de crédito
sindicado, venderlo para poder
liquidar la deuda, pero no es precisamente
el mejor momento para hacerlo”.
El plan de viabilidad económica
prevé mantenerlo.

Deuda con el PCE

La precaria situación económica
afecta al seno de la coalición y se suma
a otras divergencias internas: según
lo estipulado por la ley electoral,
IU debe cerca de un millón de euros
al PCE, que desde 1983 no presenta
candidaturas propias por estar integrado
en la coalición y no recibe
otros ingresos para mantenerse.

Según Francisco Martínez, responsable
de Finanzas del PCE, la
cifra resulta de sumar “la deuda histórica
y la acumulación de no haber
pagado el corriente por el protocolo”
que ambas formaciones firmaron
en diciembre de 2006. Entonces
los secretarios de Finanzas y Organización
de IU y el PCE cifraron la
deuda histórica de IU con el PCE en
475.000 euros y acordaron abonarla
en seis meses. El protocolo contemplaba
la posibilidad de vender la sede
de Olimpo o refinanciar la deuda
a largo plazo para sufragarla. No
obstante, ante el endeudamiento de
IU acordaron que ésta entregara al
PCE 15.000 euros mensuales, de los
que sólo le abonaría 9.000. Los
6.000 restantes se acumularon al
pago de la deuda y de esta cifra se
les descontaron los gastos comunes
de mantenimiento de la sede de
Olimpo, que comparten ambas formaciones
y que ascienden a 4.500
por parte del PCE. No obstante, IU
incumple el protocolo desde hace
más de 15 meses, según el PCE.

El 22 de julio, el PCE comunicó la
suspensión temporal de su Fiesta,
un evento celebrado desde 1977,
aduciendo que el impago de la deuda
hacía “imposible” asumir el déficit
que ésta hubiera ocasionado.
Antonio Cortés, responsable de Finanzas
de IU, asegura que “los atrasos
en el pago de la deuda se iban a
pagar con lo que saliera de las cuotas
anuales, a partir de cinco euros.
Las cobran las federaciones y luego
pasan el 25% al Comité Federal”.
Añade que “el PCE ha decidido condonar
490.000 euros de una deuda
de 600.000 a Andalucía, la federación
con más cargos públicos y afiliados”.
Se pregunta “con qué autoridad
les pides a otros que paguen si
ellos no lo hacen”. Considera que “el
problema de la fiesta del PCE no es
económico. Se pueden buscar excusas
pero no es sensato que una fiesta
en que miles de militantes trabajan
gratis acabe con déficit. Una parte
de la dirección del partido está dedicada
a otras cosas, quizá a la
Asamblea Federal de IU”.

Martínez asegura que “la fiesta
siempre ha sido deficitaria, a veces
más y otras menos, pero siempre la
hemos entendido como una inversión
política, la actividad anual más
importante”. Según Martínez, la empresa
municipal Madrid Espacios y
Congresos, gestora de la Casa de
Campo, donde se hace la fiesta, les
impuso “pretensiones inasumibles
como el requisito de pago adelantado
de 60.000 euros, que nunca habían
exigido; nos dijeron que iban a
hacer obras y no podíamos usar el
mismo recinto, nos ofrecían ir a un
terreno sin infraestructura de ningún
tipo”. Hasta julio no les aseguraron
el espacio, “restringido y con impedimentos”,
por lo que “afrontar la
fiesta con garantías era inviable”.
Según Ginés Fernández, responsable
de Comunicación del PCE, la empresa
municipal alquila el espacio a
otras organizaciones mucho más barato.
“Nos vienen cobrando más de
21.000 euros”, asegura. Ángel Pérez,
uno de los concejales de IU en Madrid
que medió para intentar que la
fiesta se realizara, afirma a DIAGONAL
que “el Ayuntamiento puso todo
lo que pudo de su parte” y que según
le manifestó el consistorio, “las
condiciones eran las mismas” que
otros años. El PCE realizará un mitin
el 4 de octubre en Madrid y prevé
“poner en pie una nueva fiesta del
PCE” en la primavera de 2009.

Fianza millonaria por denunciar la corrupción

En julio, el Juzgado de Instrucción
nº 4 de Illescas
(Toledo) obligó a Manuel
Fuentes, alcalde de Seseña
por IU, y a cuatro concejales
más a pagar una fianza
de 133.333 euros con motivo
de la querella por calumnias
presentada por el constructor
Francisco Hernando,
conocido como ‘Paco el
Pocero’. Aunque el PCE presentó
dos locales de Guadalajara
como aval, al final
una colecta popular afrontó
el pago. La querella, una de
las seis que El Pocero ha
presentado contra Fuentes,
se refiere al contenido de
un artículo del boletín local
de IU de mayo de 2007
titulado El Mago del Ladrillo
que denunciaba las presuntas
irregularidades cometidas
en la aprobación del
plan urbanístico del Quiñón,
un paraje de Seseña donde
Hernando construyó 13.500
viviendas. Casualmente, el
juzgado que impuso esta
fianza millonaria es el
mismo en el que la Fiscalía
Anticorrupción denunció al
ex alcalde de Seseña por
el PSOE, José Luis Martín,
por prevaricación, cohecho
y delitos contra la hacienda
pública, debido a su
actuación en la aprobación
del proyecto del Quiñón.
En 2006, Fuentes denunció
una trama de corrupción
urdida por ‘El Pocero’
y miembros del PSOE y la
Junta de Castilla-La Mancha,
y Hernando le amenazó
con una lluvia de
demandas.