INMIGRACIÓN Y TRABAJO / ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS MANTEROS
La criminalización de ‘buscarse la vida’

La venta callejera es, para la población inmigrante
subsahariana, una de las puertas principales de
entrada al mundo laboral. Las posibilidades para
acceder a otros sectores son complicadas al inicio
de ese proceso migratorio. El endurecimiento de
la aplicación de la ley que protege los derechos de
propiedad intelectual criminaliza al mantero, último
eslabón de este tipo de comercio penalizado.

01/11/07 · 0:00
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Foto:Choco Anita / flickr.com

Puerta del Sol. Sábado de octubre,
18 horas. Trabajadores migrantes, la
mayoría de ellos de origen africano,
exponen DVD, CD, bolsos, cinturones...
Miran de izquierda a derecha
todo el tiempo, entre la aglomeración
de gente, tienen que buscar al posible
policía, a la vez que intentan vender
en el menor tiempo posible la
mayor parte de sus productos.

Empiezan a correr por las calles
que se abren desde el Kilómetro Cero
de Madrid. Dos de ellos son detenidos
por la policía nacional y llevados
a la comisaría de distrito centro. Se
les decomisa todo el material que tenían
para la venta. Son identificados,
tienen que esperar para declarar ante
un abogado de oficio, se les abre
expediente de expulsión y en un plazo
de 72 horas son llevados a los
Juzgados de Plaza Castilla para declarar.
En el caso de que hubiese plaza
son trasladados al Centro de
Internamiento de Extranjeros de
Aluche. La historia se repite en cualquier
ciudad del Estado.

El debate es la posibilidad real
de inserción laboral de los migrantes
‘sin papeles’ de origen africano
en otros sectores laborales. En comisaría
F. Dieng remarca , una y
otra vez, es “mi trabajo, soy vendedor”.
El endurecimiento de la ley,
la precariedad del tejido social en
el que se mueven estos colectivos
migrantes, la complicación de desconocer
el idioma y la falta de
igualdad en el acceso a los derechos
sociales debilitan aún más la
posibilidad de cambio del panorama
actual del mantero.

Las puertas se cierran a la hora de
buscar empleo en otros sectores. M.
Diallo, trabajador guineano en la
venta ambulante vecino del barrio de
Lavapiés, señala que “la vida en
España es muy dura. Hay problemas
porque hay que pagar piso, habitación,
comida. Es muy difícil vivir sin
trabajar y es muy difícil trabajar de
otra cosa en España si no tienes papeles.
Y además hay mucha policía”.

Muchos de los migrantes que vienen
podrían insertarse en puestos laborales
de difícil cobertura, sin embargo
no pueden acceder a ellos. M.
Diallo dice: “Muchos de nosotros tenemos
oficios, si nos dejasen mostrarlo,
no nos dejarían ir. Tenemos
que tener una oportunidad de demostrarlo,
pero sin papeles no podemos
hacer nada. Encima la familia te
llama y te pide dinero”.

Último eslabón del comercio

El tema de la venta callejera es del
ámbito penal sólo cuando se habla
de determinados tipo de productos.
L.M. Sanguino, abogado penalista,
señala: “Todo tipo de venta no es delito,
solamente aquellos productos
que están protegidos bajo el derecho
de la propiedad intelectual o industrial.
Por el contrario, vender flores,
podrá ser una infracción administrativa
que contravenga una ordenanza
municipal que prohíba vender en la
calle sin licencia, pero nunca entraría
dentro del ámbito penal”.

La Audiencia Provincial de Barcelona
planteó a través de sus sentencias
el debate de si una venta no
autorizada de una obra artística supone
una infracción de relevancia
penal. Incluso señaló que el ‘top
manta’ es “el último eslabón de un
comercio ilegal” y que “contra la venta
callejera, por medio de personas
que sólo buscan ganarse la vida ante
la imposibilidad de otros medios más
adecuados por ser extranjeros en situación
irregular, la actuación debe
ser la aplicación de normas de Derecho
Administrativo”.

La Audiencia ha absuelto a vendedores
callejeros de CD y DVD
incluso condenados a prisión. Éste
es el caso de una sentencia donde
la Audiencia estima el recurso que
presentó el vendedor D.M.C., de
45 años y nacionalidad guineana,
contra el fallo de un juzgado penal
que lo condenó por un delito contra
la propiedad intelectual. El
abogado del vendedor callejero
sostiene que la sentencia “viene a
hacer justicia sobre una problemática
social muy concreta, que afecta
a un colectivo importante de
personas”. Para el letrado, “la presión
mediática que ejercen las
compañías discográficas no debiera
provocar el ingreso en prisión
de las personas acusadas de practicar
el ‘top manta’, sino la aplicación
de la correspondiente sanción
administrativa, sin olvidar la ilegalidad
de la acción”.

Estas y otras resoluciones de la
Audiencia Provincial de Barcelona
han provocado que Promusicae y
otras entidades vinculadas a la industria
audiovisual presentaran una
reclamación ante el Consejo General
del Poder Judicial por anormal funcionamiento
de la Administración
de Justicia, por entender que la AP
de Barcelona no estaba aplicando
correctamente el Código Penal al absolver
a las personas que vendían
CD y DVD en la calle.

¿Una actividad delictiva?

En todo el Estado sigue habiendo
sentencias que absuelven a manteros
por motivos tales como no
determinarse quién es el perjudicado
por la venta callejera;
porque no se acredita por la acusación
quién o quiénes son los titulares
de los derechos, y por tanto no se
puede corroborar si hay o no autorización
y, en su caso, perjuicio;
porque no se prueba que EGEDA,
AGEDI o la SGAE sean los cesionarios
de los derechos de propiedad
intelectual afectados; por la
falta de suficiente gravedad de este
tipo de hechos para que tengan
relevancia penal.

Sin duda, la sentencia de la Audiencia
de Las Palmas abrió en el año
2001 el debate jurídico sobre la consistencia
de la penalización de la venta
callejera. La Audiencia estableció
que: “para que la venta de una obra
de esta clase resulte encuadrable en
el susodicho tipo delictivo es necesario
que con esa venta se perjudique a
terceros. (...) No cabe duda que ni la
Twentieth Century Fox, ni la Columbia,
ni la Disney Production -citadas
sólo a modo de ejemplo-, como
cualquiera de las otras, no sufre perjuicio
alguno por la venta, un domingo
por la mañana, en un puesto desmontable
de un mercadillo callejero
de la zona de una ciudad de las islas,
de unas cintas de vídeo con unas características
externas que evidencian
una burda copia de películas originales,
con la carátula fotocopiada”.


EL FORTALECIMIENTO DE LA LEY: PRISIÓN Y MULTA

El Código Penal no siempre
penalizó en los mismos términos
la venta que perjudica la propiedad
intelectual. Se podría hablar
de un endurecimiento de la ley
dada la modificación del artículo
que trata este tipo de delito,
sobre todo lo relativo a la propiedad
intelectual. Hasta septiembre
de 2004 se castigaba con
pena de prisión o de multa a
quien con ánimo de lucro reproduzca,
plagie, distribuya o comunique
obras sin la autorización
de los titulares correspondientes.
A partir de esta fecha entra en
vigor la Ley Orgánica 15/2003,
que castiga con pena de prisión
y de multa, además de la responsabilidad
civil. Este endurecimiento
implica para muchos
migrantes en situación irregular
no sólo la pena privativa de libertad,
sino que ésta se sustituya
por la expulsión del territorio
español y la prohibición de entrada
por diez años. En caso de
que exista convenio de repatriación
con el país del que sea originario
el condenado, caben
muchas posibilidades de que
esta expulsión se lleve a cabo.
En el caso de que no haya
expulsión y se ejecute la pena
de prisión, y el migrante no
pague la multa, la persona cumplirá
la sustitución de la multa
por más privación de libertad. Si
bien las penas pueden ser
hasta de dos años puede pedir
la suspensión de la pena de privación
de libertad, esto es, no
entrar en prisión por ser la pena
inferior a dos años, pero es difícil
de que le otorguen este derecho
porque no habrá podido
tampoco pagar la responsabilidad
civil, requisito general que
impone el Código Penal.
Una vez en prisión, y de nuevo
por su condición de migrante sin
papeles, le serán negados
muchos de los derechos establecidos,
entre otros, el de los permisos
de salida ordinarios. Sin
permisos de salida no se accede
al tercer grado de clasificación
penitenciaria, y sin éste no se
logra la libertad condicional una
vez agotadas las tres cuartas
partes de la condena; así cumplen
íntegramente su condena,
sin permisos, sin progresión de
grado ni libertad condicional.


MOSTRAR LOS CD
SUPONE DELITO

La Audiencia Provincial de Madrid
con el fin de unificar criterios en lo
que respecta al delito contra la
propiedad intelectual acordó este
verano que la mera exposición en
la calle encaja en la misma acción
de distribuir. Es decir, será sancionada
como una conducta delictiva
ofrecer al público el material, no
sólo la venta en sí misma. El endurecimiento
supera lo que la mayoría
de Audiencias Provinciales, y
hasta secciones de la Audiencia
Provincial de Madrid, dictan en sus
sentencias, al ser más restrictivo
en la aplicación del delito.

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