JUNTO AL EX MINISTRO VIELMAN, HAY NUMEROSOS CARGOS POLÍTICOS Y POLICIALES ACUSADOS
La corrupción policial guatemalteca, pendiente de la justicia española

Carlos Vielman está acusado de delitos de ejecución
extrajudicial y asociación ilícita por las muertes de siete
reos en 2006 y de tres diputados salvadoreños en 2007.

- “Guatemala es el sitio perfecto para cometer crímenes”

15/11/10 · 7:55
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Según Claudia Miracán, en el anterior Gobierno “fueron destituidos 2.245 agentes de la PNC por diversos delitos”. Foto: Surizar.

Desde el 13 de octubre, Vielman, ex
ministro del Interior guatemalteco,
está en una prisión española, a la
espera o no de su extradición a Guatemala.
Un principio básico internacional
en las extradiciones es que los
ciudadanos con nacionalidad del
país donde son detenidos se juzgan
allí. Y Vielman tiene ciudadanía española,
por lo que es muy posible
que no sea extraditado
, sino juzgado
en el Estado español.

El ex ministro del interior Carlos
Vielman aparece imputado, al menos,
en dos casos emblemáticos de
corrupción y ejecuciones extrajudiciales.
En septiembre de 2006 fueron
asesinados siete reos en la Granja de
Rehabilitación Pavón en Guatemala.
La versión oficial de la Policía Nacional
Civil (PNC) es que los fallecimientos
fueron resultado del intercambio
de disparos entre policías y
amotinados. Sin embargo, las declaraciones
de 60 testigos presenciales
indican que los reclusos murieron
por disparos a quemarropa
de miembros
de la PNC encapuchados, los
cuales antes los habían torturado.

La Comisión Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala (Cicig)
–dependiente de la ONU– investiga
este caso desde primeros de 2009 y
ha solicitado entre otras la captura
de Vielman
. Entre la lista de implicados
destacan también el ex ministro
de Gobernación, Alejandro Giammettei
–candidato a las últimas elecciones
presidenciales y detenido hace
dos meses en Guatemala tras negarle
el asilo político el Gobierno de
Lobo en Honduras– y Edwin Sperisen,
ex director de la PNC –en la
actualidad en paradero desconocido.

Según declaró a DIAGONAL Nelson
Villarroel, jurista cercano a la
Cicig, “la acusación original del
Ministerio Público se planteó contra
los hermanos Henry Danilo y José
Luis Benítez Barrios, integrantes de
un grupo especial de la PNC que participó
en el operativo. Pero, como
suele ser habitual en este tipo de casos
en nuestro país, ambos fueron
acribillados en una gasolinera
de la
zona 11, en junio de 2008”.
En septiembre de 2010 fueron asesinados
también otros dos testigos,
Anthony Alexander Cruz García y
Sindy Janeht Alvarado, colaboradores
de la Cicig en la investigación.

Asesinato de diputados

En febrero de 2007 tres diputados
salvadoreños, William Pichinte,
Eduardo D’Aubuisson y Jorge González,
del Parlamento Centroamericano
(Parlacen) fueron secuestrados,
torturados y posteriormente
asesinados por miembros de la PNC

guatemalteca cuando iban en sus
vehículos hacia el Parlacen, en Ciudad
de Guatemala.

Los cuerpos de los tres diputados
salvadoreños, del partido ultraconservador
Arena, aparecieron calcinados,
al igual que el cadáver de su chófer,
en las afueras de la capital guatemalteca.
Horas después fueron detenidos
cuatro policías de un grupo especial
de la PNC como responsables
directos de las ejecuciones y trasladados
a un penal de alta seguridad
donde fueron asesinados
violentamente por un grupo de
exterminio que operó con toda impunidad
dentro de prisión
.

Las investigaciones sobre el caso
demuestran que los diputados arenistas,
entre los que destaca uno de
los hijos del ya fallecido Roberto
D’Aubuisson –máximo dirigente de
los escuadrones de la muerte salvadoreños
y fundador de Arena–, llevaban
un importante alijo de droga en
su coche
aprovechando la ausencia
de control sobre los coches y personas
pertenecientes al órgano legislativo
centroamericano. Esta situación
provocó que bandas organizadas en
coordinación con miembros de la
PNC hubieran articulado el asesinato
de los diputados con el fin de hacerse
con el clandestino cargamento
de estupefacientes.

El juicio de este caso comenzó el
21 de octubre en Guatemala. En su
primera declaración, el ex diputado
Manuel Castillo, también entre los
acusados, declaró: “Quienes los cuidaban
eran policías, quienes los secuestraron
eran policías y quienes
los mataron eran policías
, díganme
qué hago yo aquí. Quienes deberían
estar acá son el ex ministro de Gobernación
(Carlos Vielman), el ex director
de la Policía (Erwin Sperisen)
y el ex director de investigación (Javier
Figueroa). Ellos dirigían el grupo
de ejecuciones en la Policía”.

Quien conoce Guatemala no necesita
tener mucha imaginación para
atar cabos entre redes de narcotráfico,
grupos paramilitares, narcopolítica,
sicariato y PNC
. Según Mario
Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo
(GAM), organización de derechos
humanos: “Todo esto indica que esas
organizaciones criminales son manejadas
desde muy altas esferas”.
La existencia de mafias organizadas
en la PNC ha sido reiteradamente
denunciada por diversas organizaciones
de derechos humanos, pero
“nunca ha pasado nada”.

Redes de corrupción en PNC

Para Polanco, durante el actual
Gobierno de Colom la estrategia de
“aparentar hacer algo, pero no hacer
nada” ha sido aplicada repetidas veces.
A mediados de enero de 2008,
días después de conformarse su
Gobierno, 269 agentes de la PNC fueron
despedidos por actos de corrupción
.
El entonces ministro de Interior,
Vinicio Gómez, explicó que la
destitución era un claro mensaje a
los miembros de la Policía implicados
en corrupción. Entre los destituidos
se incluían cinco comisarios,
ocho inspectores y varios oficiales.
“La finalidad es devolver la credibilidad
a la institución, blanco de denuncias
de corrupción y de limpieza
social”, afirmó entonces Gómez.

Para Claudia Miracán, del movimiento
indígena guatemalteco, “las
medidas de Colom tampoco pueden
ser calificadas de muy novedosas o
valientes. En el Gobierno anterior de
Óscar Berger, en el cual Vielman,
Giammetei o Sperisen ocuparon altos
cargos, fueron destituidos al menos
2.245 agentes de la PNC por diversos
delitos similares, nunca nada
cambió y ellos eran la cabeza real de
la corrupción interna en la
PNC”.

A primeros de marzo de este año,
la Cicig, en coordinación
con las autoridades del país centroamericano,
desarticuló “una estructura
criminal” incrustada en la
PNC dirigida por su propio director.
Según fuentes cercanas a la policía,
la forma de operar de esta red
era simple gracias a la información
que manejaba la policía. Robaban
armas y droga, para luego venderlas
a diversos grupos de narcotráfico

dentro y fuera del país.

A Baltazar Gómez ya se le abrió
una investigación en 2002, cuando
un comando armado robó 1.604 kilos
de cocaína de las bodegas del
Departamento de Operaciones Antinarcóticas,
incluso se le destituyó y
luego fue reinstalado por no haber
pruebas en su contra. Gómez fue
nombrado director de la PNC el 7 de
agosto de 2009 –en el Gobierno de
Colom– en sustitución de Porfirio
Pérez Paniagua, a quien también se
detuvo por sindicación del robo de
droga y dinero del narcotráfico.
Incluso, el propio presidente Colom
ha sido acusado en varias ocasiones
de recibir financiación de estos
sectores
, pero nunca ha sido probada
ninguna de estas acusaciones.

«El PNC al descubierto»

En marzo era desestructurado un grupo criminal en la propia PNC, con la implicación de altos cargos policiales. Según el jurista español Carlos Castresana, entonces jefe de la Cicig: «Con esas capturas quedó al descubierto que el director de la PNC, Baltazar Gómez, la principal responsable
del combate del tráfico de estupefacientes, Nelly Bonilla y el oficial Fernando Carrillo, destacado en la Dirección de Puertos y Aeropuertos de esa institución, formaban parte de la cúpula responsable de varios robos de droga».

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comentarios

1

  • |
    anónima
    |
    15/11/2010 - 9:45pm
    Felicidades por informar de una forma clara sobre el caso del asesino y corrupto Carlos Vielman. Recomiendo la lectura de "El arte del asesinato político. ¿Quién mató al obispo?", del periodista Francisco Goldman. Traducción de Claudia Méndez Arriaza. Anagrama. Barcelona, 2009. Un trabajo de investigación sobre el asesinato político del obispo Gerardi después de la presentación del informe de recuperación de la memoria histórica "Guatemala Nunca Mas" (http://www.odhag.org.gt/html/Default.htm) y todo el entramado de poder genocida politicos-policias-jueces-narcos-empresarios. Y de paso denunciar la falacia de otro libro que escribió la infame "periodista" de El País Maite Rico y que tiene un nombre parecido:"¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político". Gracias DIAGONAL por hacer periodismo de verdad
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