EXPLOTACIÓN. Los convenios del campo en Andalucía, que marcan las retribuciones por hora más bajas del Estado, se incumplen sistemáticamente.
La contratación en origen dota a los empresarios de una bolsa de trabajo barato y poco consciente de sus derechos./Arturo Cuenca

Según el Instituto Nacional
de Estadística, el paro registrado
en Andalucía asciende
a un total de unos
475.600 trabajadores y trabajadoras
para el año 2005, de los que la provincia
de Huelva cuenta con 32.400,
que corresponden a una tasa de paro
respectiva del 13,85% y 15,88%, con
una media estatal en un 9,16%.

Los empresarios nos quieren hacer
creer que necesitan acudir a la
contratación en origen para cubrir
los puestos de trabajo en los campos
de Huelva, fundamentalmente
para las producciones de fresa y
últimamente de cítricos, porque no
encuentran mano de obra suficiente
en España.

De lo anterior se puede desprender
que los parados de Huelva somos
parados de lujo, que estamos lo suficientemente
bien atendidos por las
administraciones públicas como para
rechazar el trabajo que tan buenamente
nos ofrecen los actuales dueños
del campo andaluz. Lo que no se
dice es que lo que realmente buscan
no es mano de obra, sino semiesclavos
en pleno siglo XXI.

Nos quieren hacer trabajar sin
convenio, a destajo, sin garantía salarial,
sin garantía de ocupación efectiva,
sin derechos sindicales, sin derecho
de reunión, de asociación. Y
claro, encontrar eso ya es difícil incluso
en los países del Este, puesto
que cada vez les es más complicado
obtener el número de trabajadores
que solicitan (30.000 para la campaña
2006/07).

El Sindicato Unitario viene denunciando
desde el inicio de la contratación
en origen (allá por 2002) la situación
de cuasi esclavitud en los
campos de Huelva, a los que acudían
ilusionados miles de trabajadores extranjeros
para la campaña fresera.

Como consecuencia de esta campaña
de denuncias continuada hemos
obtenido algunos resultados
concretos, como es el compromiso
de que se ocupe a los inmigrantes “18
días como mínimo al mes”. Antes se
les llegaba a traer para trabajar incluso
10 escasos días al mes. A algunos
se les despedía en el mismo periodo
de prueba y además tenían que
costearse el viaje de vuelta.

Aún hoy, seguimos denunciando
que los contratos de trabajo se realizan
en castellano, por lo que los
trabajadores contratados lo que firman
a todos los efectos es un papel
en blanco que no les dice nada; además
no se les informa acerca del
convenio de aplicación (el más bajo
a nivel salarial de todo el Estado,
dicho sea de paso), convenio que
deben descubrir poco a poco. Lo
cual tampoco les sirve de mucho
porque el que denuncia es automáticamente
despedido. Tenemos que
añadir a esta situación que las denuncias
que realizamos directamente
los sindicatos de base ante
la Inspección de Trabajo suelen
quedar en nada, puesto que la “alta
actividad” de este organismo no les
permite tiempo de comprobar los
hechos denunciados.

Las condiciones de trabajo han sido
tan inhumanas en tantas ocasiones
y tantas fincas, que hoy los empresarios
tienen dificultad para conseguir
el número deseable de contratos
en origen. Freshuelva, la principal
patronal fresera, no encuentra
10.000 rumanas para este año, lo que
les obliga a investigar otros “mercados”
como Bulgaria y otros países del
este europeo [ver recuadro].
La conclusión que podemos extraer
de este fenómeno es que la
contratación en origen para lo único
que está sirviendo es para mantener
a la baja el salario (el jornal)
en el campo de Huelva, debido al
exceso de mano de obra que acude.

Pujar a la baja

Esto es producto del proceso ininterrumpido
de desregulación laboral
que venimos sufriendo la clase obrera
en España, por la que nos despojan
uno a uno de todos nuestros derechos
laborales. Contamos con una
nueva casta empresarial neoesclavista
que busca la competitividad y
la productividad reduciendo costes
laborales en lugar de invertir en la
tecnología necesaria para que se
produzca de una vez por todas la industrialización
del campo andaluz.
Las fresas de Huelva compiten con
las de Marruecos, en lugar de invertir
lo necesario para la realización de
las manufacturas, lo cual conlleva la
conversión de la producción agrícola
en otros productos elaborados, su
comercialización y distribución.

Si para el Estado de Derecho es lícita
la discriminación positiva para
ciertos colectivos desfavorecidos,
exigimos que los contratados en origen
trabajen efectivamente durante
todos los días laborables del convenio,
teniendo en cuenta que la campaña
dura tres meses. Si por causas
no previstas en el convenio -generalmente
por arbitrariedad del empresario-
no llegan a trabajar todos los
días, se les debería abonar a estos
trabajadores el salario mínimo interprofesional.
Porque hasta hoy sólo
tienen que buscar en los campamentos
de inmigrantes que hay junto a
las plantaciones para sustituir a cualquier
contratado o contratada en origen
que no le convenga.

De esta forma los empresarios se
verían obligados a contratar la mano
de obra necesaria y no se produciría
ese excedent que provoca actualmente
la contratación en origen. Esto
obligaría a que se cumpliese el convenio
y potenciaría la lucha por un
convenio mejor para los trabajadores
y trabajadoras del sector.