La Constitución vigente
en Honduras data de
1982 y en ella “no se
contemplan los mecanismos
para revisarla y
crear una nueva”,
observa Leticia Salomón,
de la Universidad
Nacional Autónoma de
Honduras. Los padres
de la Constitución
“conscientes de las
debilidades de los partidos
políticos tradicionales”,
establecieron un
conjunto de ocho artículos
relacionados con la
forma de gobierno,
incluyendo los periodos
presidenciales, denominados
“pétreos” y una
advertencia encaminada
a considerar como
delito cualquier intento
de reformarla. El desencadenante
de esta crisis
ha sido la iniciativa de
Manuel Zelaya de
impulsar una consulta
para preguntar a la
población si aceptaba
“una cuarta urna” en
las elecciones de
noviembre de 2009
para decidir sobre la
elección de una Asamblea
Constituyente,
encargada de reformar
ciertos artículos de la
Constitución.

Los sectores críticos con
Manuel Zelaya defienden
que detrás de esta
reforma constitucional
no se encuentra otra
cosa que la pretensión
de Zelaya de perpetuarse
en el poder instalando
la posibilidad de la
reelección como en
otros países del ALBA.

Sin embargo, Zelaya
había asegurado y firmado
que esta cuestión
quedaría fuera de la
agenda y que el encargado
de redactarla sería
el siguiente Gobierno,
en el que él ya no estaría,
ya que su mandato
termina en enero de
2010. Para Luis Galdanas,
director del programa
Tras la Verdad en
Radio Globo, “lo que
quería hacer Zelaya era
una reforma donde se
cumpliera el artículo 5
de la Constitución, que
dice que el Gobierno
debe sustentarse en el
principio de la democracia,
participativa de la
cual deriva la integración
nacional que implica
participación de
todos los sectores”.