Las actuación del Gobierno en el control de la frontera sur señala al Estado español como uno de los máximos exponentes de violación de DD HH en la Unión Europea (UE). La militarización de las fronteras y las deportaciones ilegales, que incumplen el derecho internacional, convierten al Gobierno español no sólo en responsable de las muertes a este lado de la valla, sino también en cómplice de los asesinatos de subsaharianos en territorio marroquí, según denuncian múltiples organizaciones humanitarias.
En ese marco de irregularidades procesales y de violación de los derechos humanos que ha caracterizado la actuación del Gobierno español, se produjo el 6 de octubre la deportación a Marruecos de 73 subsaharianos. Actualmente se encuentran retenidos en condiciones carcelarias en la ciudad de Tánger, donde mantienen una huelga de hambre desde el día 18 de octubre.

Las ONG Women’s Link Worldwide, SOS Racismo y Prodein han presentado un recurso en el juzgado de Melilla, donde se denuncia tanto la actuación ilegal de las autoridades en las deportaciones, los tratos inhumanos y degradantes, como la violencia racista de la Guardia Civil y otros agentes de seguridad del Estado. También la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha recurrido judicialmente estas expulsiones a Marruecos. CEAR denuncia que mientras existía una orden de internamiento en Fuerteventura fueron deportados a Tánger. Por su parte, Carlos Ugarte, coordinador de Médicos Sin Fronteras, señaló que los inmigrantes deportados denuncian “no haber sido escuchados” en sus peticiones de asilo y haber sido “engañados” al ser “obligados a firmar papeles sin traducir”. Ugarte desmiente a las autoridades españolas sobre el origen de los deportados: “No todos son de Mali, los hay de Sierra Leona y cuatro solicitantes de asilo de Costa de Marfil”.
Las imágenes grabadas por miembros de la ONG Prodein demuestran que la Guardia Civil entregó en varias ocasiones inmigrantes subsaharianos a las autoridades marroquíes a través de la valla fronteriza de Melilla, sin haberlos identificad, ni haber intermediado ningún tipo de orden judicial, lo que contraviene el artículo 157 de la Ley de Extranjería, los tratados internacionales en materia de Asilo, el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y la Carta Universal de los Derechos Humanos.

Todo esto contradice las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, quienes aseguran que el Ejecutivo garantiza la seguridad de las fronteras respetando la legalidad vigente.
Poco a poco, empiezan a aparecer también testimonios e imágenes que demuestran la brutalidad con la que la Guardia Civil y el Ejército español está actuando en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Las muertes a este lado de la valla, los testimonios que evidencian las palizas y torturas realizadas por las autoridades españolas y las denuncias de las ONG que actúan sobre el terreno muestran que la política de inmigración del Gobierno del PSOE tiene una alta responsabilidad en el genocidio que se está cometiendo en la frontera con Marruecos.

Muertes en la frontera
El número de víctimas mortales registradas en las costas españolas y marroquíes en la última década es de unas 6.300 personas, según United for Intercultural Action. Oficialmente sólo han sido reportadas 1.400 muertes. El número reconocido de víctimas mortales en territorio marroquí y español asciende a 289 personas en 2004, aunque APDH-Andalucía calcula que fueron 500. Estas cifras aumentarían si se considera las muertes durante el periplo de los inmigrantes subsaharianos por los países de tránsito hacia Europa.