EL SECTOR INDUSTRIAL ESPERA SER EXCLUIDO DE LA NORMATIVA PARA EL CONTROL DE QUÍMICOS
La cerámica presiona en Bruselas

El sector altamente
contaminante de las fritas
cerámicas, radicado en
Castellón, logra el apoyo
de la Generalitat
valenciana, el Gobierno y
el Parlamento Europeo.

13/10/06 · 23:20
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QUIÉN MANEJA LOS HILOS. Montaje alusivo a la presión de las multinacionales biotecnológicas
sobre el ex comisario europeo Pascal Lamy, hoy al frente de la OMC.

Hablar de la aún nonata normativa
europea Reach para el registro, evaluación
y autorización de sustancias
químicas es también hablar de la mayor
campaña lobbística de la historia
de la UE, llevada a cabo por la industria
química con la intención de eliminar
o debilitar el reglamento. Tras
muchos avatares y una progresiva
desnaturalización, el Reach se encuentra
en su fase final, y las presiones
de la industria no cesan.
A pesar de su relativa debilidad en
el panorama europeo, la industria
química española no ha estado ausente
de las discusiones sobre Reach.

Los grupos ecologistas coinciden en
que ha habido lobby de la patronal
química, y como mínimo una clara
toma de posición del Gobierno a favor
de los intereses de la industria,
sobre todo en un caso concreto.
En octubre de 2005, el ministro de
Industria, José Montilla, defendió ante
el Consejo de Ministros de Competitividad
de la UE que se excluyera
del Reach productos como el vidrio,
el cemento, los azulejos y las fritas
cerámicas. Según Sara del Río, responsable
de la Campaña de Tóxicos
de Greenpeace, “el único punto en
que el Gobierno español ha sido activo
respecto a Reach es para incorporar
excepciones en la legislación, y
un caso es la exención de las fritas
cerámicas, al parecer por un fuerte
lobby de la industria cerámica para
evitar que les afecte la legislación”.
El Estado español es, junto con Italia,
el mayor productor de fritas cerámicas
a nivel europeo y, dentro del
Estado, el 95% de la producción se
concentra en la provincia de Castellón.
Las relaciones entre la patronal
de la industria de las fritas y esmaltes,
que se agrupa principalmente
en torno a la ANFFECC (Asociación
Nacional de Fabricantes de Fritas,
Esmaltes y Colores Cerámicos),
y la Generalitat Valenciana son muy
estrechas, sobre todo desde que hace
un año la Fundación Comunidad
Valenciana-Región Europea
(FCVRE), dependiente de la Generalitat
y encabezada por Francisco
Camps, presidente de la Comunidad
Valenciana, firmara un convenio con
el sector para defender sus intereses
a nivel internacional. Según un comunicado
de la ANFFECC, la reciente
renovación de este convenio “confirma
el respaldo institucional a los
intereses, proyectos y actividades del
sector”, y establece los objetivos del
convenio en “la prestación de servicios”
por parte de la Fundación “en
aquellos temas de su competencia
que sean de interés para la asociación”.

El propio Alfredo González,
presidente de ANFFECC, ha calificado
la colaboración con la FCVRE como
“muy positiva y nos ha permitido
tener una mayor presencia en Bruselas,
contar con más información
de los asuntos comunitarios y poder
intervenir en temas tan importantes
para nosotros como es el Reach”.
Desde la puesta en marcha del acuerdo,
la FCVRE ha puesto su sede en
Bruselas a disposición de la ANFFECC,
a la vez que ésta destina una
“aportación económica” a la FCVRE.
Según Antoni Albert, de la Plataforma
Ciutadana No a la Contaminació,
“esta fundación va a Bruselas
a defender los intereses de la industria
valenciana. La salud les importa
un pimiento”. La zona azulejera de
Castellón es una zona altamente contaminada,
con la presencia de arsénico,
cuarzo y partículas en la atmósfera -según han demostrado varios informes
epidemiológicos y del CSIC-,
y un alto porcentaje de enfermedades
broncopulmonares. Desde esta
Plataforma critican la ausencia de estudios
y datos actuales relativos a la
contaminación, y la connivencia de
la Generalitat con la patronal.

De hecho, según Miguel Jara, periodista
que ha investigado el asunto,
en la decisión tomada por el Parlamento
Europeo, en noviembre de
2005, de excluir las fritas cerámicas
de la regulación Reach, “influyó mucho
un informe realizado por la Universidad
Jaume I con la participación
de Manuel Irún Molina, a la vez técnico
de medio ambiente de FCVRE y
coordinador de proyectos medioambientales
de la ANFFECC”. En este
informe se analizaban seis fritas pero,
según Jara, “existen entre 500 y
600 variedades, cada una con sus
aditivos y colorantes”, por lo que “los
europarlamentarios recibieron un informe
poco riguroso y sesgado pues
se basó en el análisis de unas fritas
que presentan un nivel bajo de polución”.

Hasta muy recientemente,
Manuel Irún figuraba en la página
web del Parlamento Europeo como
lobbista de la ANFFECC.
Las actuaciones de eurodiputados
y grupos parlamentarios fueron también
fundamentales en el engranaje
de presión. El 21 de septiembre de
2005, ANFFECC presentó su postura
ante la Eurocámara, con el apoyo de
las organizaciones de fritas europeas,
la patronal europea UNICE y la
organización de industrias químicas
CEFIC. Tanto el Grupo Popular como
el Socialista, encabezados por los
eurodiputados José Manuel García-
Margallo y Joan Calabuig, mostraron
su “compromiso para excluir” las
fritas de Reach. Incluso el vicepresidente
del Europarlamento, Alejo
Vidal-Quadras, apoyó la petición. La
industria y sus defensores políticos
argumentan que el sector ya está regulado
por el reglamento IPPC de
control de la contaminación, y que
una nueva regulación “supondría
una carga muy pesada que afectaría
a todo el sector”. Según Albert, esto
es una excusa ya que “el 90% de los
productos que van a ser regulados
por Reach también lo están por el
IPPC en la normativa de producción”,
pero lo que Reach pretende es
que “haya conocimiento de cada químico
al margen de su uso y destino”.

Tras la intensa labor de presión,
Montilla dio el empujón final a la petición
de excluir las fritas. Y aunque
en diciembre el Consejo de Ministros
de Competitividad decidió que
sí debían incluirse en Reach, Montilla
dejó caer que “la puerta aún está
abierta”. A la espera de que Parlamento
y Consejo tomen una decisión
definitiva a finales de año, los engranajes
de presión de la industria continúan.
El presidente de ANFFECC
se ha apresurado a decir que esta regulación
tendría efectos “catastróficos”
para el sector (algo desmentido
por diversos informes sobre los costes
de Reach) con la consiguiente
amenaza velada de deslocalización y
pérdida de empleos. Para Albert, todo
esto muestra “hasta qué punto
Europa cede ante los intereses económicos
de los sectores industriales
a costa de la inseguridad y la contaminación
ambiental”.

LA INDUSTRIA QUÍMICA CONTRA EL REACH
_ Cuando en 2001 se presentó
en el Europarlamento el Libro
Blanco que daría lugar a la
propuesta de reglamento
Reach para el registro, evaluación
y autorización de sustancias
químicas, la industria química
se movilizó para evitar su
nacimiento. Reach pretendía
obligar a la industria a proporcionar
información detallada
sobre 30.000 de las 100.000
sustancias químicas que se
comercializan en Europa y a
sustituir las más peligrosas.
Cinco años después, tras la
mayor campaña lobbística de
la historia de la UE, llega a su
fase final debilitado: a falta de
la decisión final, sólo 10.000
de las 30.000 sustancias químicas
iniciales deberán proporcionar
información detallada
sobre sus efectos; y el principio
de sustitución de los químicos
peligrosos deja de ser obligatorio.

Éste es el resultado del trabajo
conjunto de la federación
de industrias químicas europea
CEFIC y la patronal europea
UNICE, cuyos puestos directivos
fueron copados en 2002 y
2003 por la poderosa empresa
química BASF y que lograron, a
través de informes exagerados
sobre los costes de Reach,
amenazas de cierre o deslocalización
de empresas y otras
estrategias, que defendieran su
causa no sólo los gobiernos de
los países con una industria
química fuerte, sino también el
vicepresidente de la Comisión
europea, Günter Verheugen, y
su presidente, J.M. Barroso.

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