La expansión de las revueltas en el
norte de África llegó el día 15 febrero
hasta Libia, trayendo con ellas un
abrupto final a ocho años de relaciones
impecables entre el Estado libio,
la Unión Europea y Estados Unidos.

Unos días después, el sábado 26, el
Consejo de Seguridad de la ONU
aprobó un paquete de sanciones, entre
las que se incluye un embargo de
armas, que acaba con el impasse diplomático
y comercial que vivían
Libia y sus socios desde abril de 1999.

Reconciliación

Aquel año, el Gobierno de Gadafi
anunció la entrega de los dos agentes
libios implicados en el atentado
que se cobró la vida de 270 personas
en Lockerbie (Escocia) en 1988, para
ser juzgados con posterioridad en La
Haya por un tribunal escocés. Ese
mismo día la ONU anunció el levantamiento
del embargo que pesaba sobre
este país desde 1992, y días más
tarde Libia aparecía como invitada
en su primera cumbre del proceso de
establecimiento de un marco euromediterráneo
común, que sienta sus
bases en “el respeto a la democracia,
los derechos humanos y las libertades
públicas”.

Entre 2002 y 2003, el Gobierno libio
escenificó una serie de gestos públicos
destinados a la reconciliación
diplomática y al levantamiento de las
sanciones comerciales, como reconocería
Saif al-Gadafi en la BBC en
agosto de 2008. Entre estas iniciativas
consta el pago en mayo de 2002
de 28.000 millones de dólares para
compensar a las familias de las víctimas
de Lockerbie.

En agosto de
2003, el embajador libio ante la ONU
admitió responsabilidades públicas
por el suceso y en septiembre se reanudaron
las visitas oficiales de mandatarios
extranjeros con el viaje del
entonces presidente español José
María Aznar a Trípoli.

La escalada de gestos de esta naturaleza
llevó al Gobierno libio a
renunciar a su programa nuclear y
de armas de destrucción masiva en
diciembre de 2003, lo que facilitó
la exclusión en 2006 de este país
de la lista de Estados terroristas
que confecciona anualmente el departamento
de Estado de EE UU.

En esta línea, el Washington Post
publicaba el 25 de febrero datos sobre
una reunión celebrada en mayo
de 2009 con el delegado militar
de EE UU en África, el general
Richard Ward, en la que Gadafi
ofreció apoyo a los EE UU para labores
de contraterrorismo en África.
De esta reunión habría surgido
la autorización por la que el EE UU
viene realizando operaciones militares
en la zona libia del desierto
del Sáhara, dentro del contexto de
la “guerra global contra el terror”.

Relaciones comerciales

En el caso del Estado español, la reanudación
efectiva de las relaciones
comerciales se materializó con la visita
oficial de Gadafi en diciembre de
2007. Durante estos contactos se cerró
un acuerdo marco de cooperación
política y económica con Libia,
del que “se deducen expectativas de
proyectos conjuntos por un valor
aproximado de 11.500 millones de
euros”, según informaron fuentes
oficiales.

De acuerdo a las últimas cifras
ofrecidas por el Instituto de Comercio
Exterior (en su informe de 2008),
el Estado español es el tercer país
con más intereses económicos en
Libia, que ascienden a 3.160 millones
de euros, de los cuales un 10%
proviene de la venta de armas y tecnología
de doble uso (militar-civil).

De entre las tres compañías con mayor
facturación en el país, Repsol tiene
en Libia el 4% de su producción
total y el 5% de sus reservas; Sacyr
tiene comprometidas contratas por
valor de 700 millones de euros y opera
en consorcio con la empresa estatal
Svlidco, controlada por la familia
Gadafi. Por su parte, Abengoa forma
parte de un plan de inversión para
infraestructuras de tratamiento de
aguas por importe de 50.000 millones
de euros.

En el apartado de las exportaciones,
el Estado español compra a
Libia el 2% del gas y el 10% del total
del petróleo que consume. Esta cifra
crece hasta el 15% en el caso de Alemania
y un 50% en el caso de Italia,
segundo y primer socio comercial de
Libia respectivamente. En el caso de
la venta de armas, entre 2008 y 2009
el Estado español vendió tecnología
militar y de doble uso por valor de 30
millones de euros, contraviniendo la
ley 53/2007 sobre comercio de armas,
que rechaza la venta de este tipo
de equipos “en acciones que perturben
la paz, la estabilidad o la seguridad(...),
con fines de represión
interna o en situación de violación
de los derechos humanos”.

Cero en derechos humanos

Amnistía Internacional viene denunciando
desde hace décadas la situación
de los derechos humanos y civiles
en Libia, a menudo coincidiendo
con la inclusión del país en órganos
y tratados internacionales que vinculan
la participación en los mismos al
respeto y fomento de las libertades
colectivas e individuales.

Cárcel y
abusos a personas migrantes y solicitantes
de asilo; represión contra
mujeres en la forma de la ‘zina’ (delito
definido en la legislación libia como
relaciones sexuales entre un
hombre y una mujer fuera del matrimonio
legítimo); detención arbitraria
de cientos de personas consideradas
críticas o amenazadoras con el
argumento de la “guerra contra el terror”
tras el 11-S; represión de la disidencia
mediante torturas, coacciones
o procesos sin garantías.
Estos
son algunos de los casos que recoge
Amnistía Internacional en sus informes
anuales entre 2001 y 2009 en lo
que se refiere a Libia.

GADAFI, CON LA SOGA AL CUELLO

GUERRA CIVIL
En una entrevista con Al-Arabiya, Saif al-Islam
Gadafi admitió la existencia de revueltas, al afirmar
“que los manifestantes están siendo explotados
y manipulados por elementos extranjeros,
abriendo la puerta a la guerra civil”.

Por su parte,
Al-Yazira confirmó el día 28 por fuentes propias la
caída del este de Libia en manos de la oposición.

LOCKERBIE
En diciembre de 1988 una bomba explotó en el
interior de un Boeing de Pan-Am que volaba de
Londres a Nueva York, matando a 270 personas.

La investigación incriminó a dos agentes de los
servicios secretos libios, que no fueron extraditados
por su país, precipitando una serie de medidas
de castigo por parte de EE UU y la UE.