A finales de junio la Agencia Tributaria recibía del Gobierno francés una serie de listados en los que figuraban los nombres de unas 1.500 personalidades españolas de alto rango –políticos, empresarios, banqueros, etc.– poseedoras de cuentas opacas en la filial suiza del banco británico The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). La ‘pillada’, que proviene del robo de las listas por parte de un empleado del banco, podría definir el paradero de entre 6.000 y 10.000 millones de euros ocultados a las arcas públicas desde 2005, el primer ejercicio sobre el que hay información.

La reacción hasta ahora de la Agencia Tributaria ha sido más bien tímida. En primer lugar se conminó a los implicados en el escándalo a que regularizaran su situación antes del 30 de junio para evitar una sanción administrativa. Una suerte de amnistía fiscal que, a juicio de Carlos Cruzado, consejero del Cuerpo Especial de Hacienda para la Gestión Pública (GESTHA), supone un “trato de favor especial respecto al resto de contribuyentes”.

Cruzado resalta la anormalidad en la actuación de la Hacienda española, asegurando que existe “una doble vara de medir”, pues lo lógico sería que la Agencia Tributaria “comenzara a abrir procedimientos de inspección y remitiera a la Fiscalía los expedientes de las personas que pudieran haber cometido un delito fiscal”.

No saben, no contestan

Una vez pasado el plazo fijado, no han sido muchos los que han optado por regularizar su situación con las cuentas públicas. La mayoría de los implicados ha preferido no darse por enterada del requerimiento tributario hasta que Hacienda ha amenazado con hacer públicos los nombres en el Boletín Oficial del Estado. De esta forma es muy posible que los implicados terminen por aceptarlo ya que, una vez pasada la fecha tope, no tiene mucho sentido optar por ignorar la llamada. El centro del debate está en que los técnicos e inspectores opinan que Hacienda se centra en imponer sanciones en función de los rendimientos del dinero localizado en Suiza, sin focalizar la investigación en el origen de los fondos hallados en el HSBC.
Es difícil demostrar la procedencia del dinero sin investigar. En el caso de que se tratase de fondos no tributados, debería aplicarse un 43% de gravamen sobre ellos; sin embargo, las grandes fortunas podrían aducir que se trata de dinero ahorrado, con lo cual el tipo a aplicar estaría entre el 19% y el 21% para cantidades superiores a los 6.000 euros.

¿Se trata de un delito fiscal?

Aun cuando es muy probable que la mayoría de estos casos incurran en un delito fiscal –estipulado cuando la cuota defraudada es superior a los 120.000 euros–, es difícil esperar la colaboración del HSBC, pues supondría un descrédito ante sus clientes, o de las autoridades suizas, habituadas a funcionar como un paraíso fiscal pese a los llamamientos del G-20 y la Unión Europea a que cambie esa situación.
Los convenios de doble imposición que el país helvético ha firmado con Francia o Dinamarca podrían favorecer la colaboración en cuanto a la labor informativa pero no respecto a las averiguaciones fiscales. “Si no se investiga no se puede llegar a conclusiones”, resalta Carlos Cruzado quien también lamenta que “en un país donde el fraude y la economía sumergida están 10 o 12 puntos por encima de la media europea, la Agencia Tributaria mire para otro lado” a la hora de investigar.

El Gobierno asegura que, hayan cumplido o no con el requerimiento inicial, se aplicarán las multas que prevé la Ley General Tributaria en casos en los que se detecten indicios de delito fiscal y que oscilen entre el 50% y el 150% de la cantidad defraudada.

Esto suscita controversia por la contradicción que supone ofrecer primero una amnistía para quienes regularizaran su situación antes del 30 de junio y asegurar después que, en el caso de que se aprecie un delito fiscal, se procederá a sancionar en función de la Ley Tributaria.
Otra posible consecuencia de la actuación de la Hacienda española es que prescriban algunos de los delitos en los que se hubiera incurrido, limitados a cuatro años en el caso de infracciones tributarias.