EXCLUSIÓN SOCIAL / LA PLANTILLA DE LA ONG MADRID POSITIVO TEME UN COLAPSO DEL SERVICIO EN LOS POBLADOS DE LA D
La Agencia Antidroga madrileña recorta un 30% los fondos de atención directa a toxicómanos

La reducción de recursos para la atención sociosanitaria en los poblados madrileños donde se venden y se consumen drogas ilegales suscita más
críticas contra las políticas sociales del Gobierno de Esperanza Aguirre.

, Madrid
21/12/06 · 0:00
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A CINCO KILÓMETROS DEL CENTRO. Dispensación de jeringuillas en el poblado madrileño de Las Barranquillas./Medicos del Mundo

“No existe ningún Dispositivo Móvil
de Emergencia para drogodependientes”,
respondía el consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Manuel Lamela, ante la pregunta
que le transmitía el Grupo Parlamentario
del PSOE en la Asamblea
de Madrid. El consejero alegó después
una supuesta imprecisión en la
denominación del dispositivo.

La pregunta se refería al programa
conocido hasta ahora como
MAPI (Móvil de Atención en
Proximidad Integral), que tiene la
peculiaridad de su ubicación geográfica
en los propios poblados de los alrededores
de Madrid. Su objetivo es
contactar, captar y tratar a la población
drogodependiente para su posterior
derivación a las redes normalizadas
de asistencia al drogodependiente,
a las que ha enviado a más de
1.400 usuarios desde su creación.

“Estamos hablando de población
drogodependiente que vive en el poblado
de Las Barranquillas, situado a
cinco kilómetros del centro de Madrid,
con más de 400 personas en tratamiento
con metadona, un 30% de
la población con VIH, 10% con sida,
60% con hepatitis C, donde las tasas
de tuberculosis multiplican por 50
las tasas de la población normalizada,
habiendo casos de tuberculosis
vertebral e infantil. Esta población
no accede a los recursos situados en
la ciudad”, puntualizaba en su intervención
el diputado Eduardo Sánchez,
del PSOE.

La reducción presupuestaria decidida
por la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid plantea dejar
de suministrar metadona y otros
medicamentos a más de 200 personas
en un avanzado grado de deterioro
físico. Estos medicamentos
tratan diversas enfermedades infecto-
contagiosas adquiridas tras años
de toxicomanías y difíciles condiciones
de vida en los poblados.
También previenen contagio al resto
de la población. La Agencia limita
además a dos meses el tiempo
que una persona puede permanecer
en el programa. “Yo por experiencia
sé que nadie sale en dos meses
de las drogas y de estar tirado
en el poblado”, afirma Carlos, usuario
del programa. “En un año es
cuando empiezas a ver las cosas claras”,
precisa Benito, otro usuario.

A pesar del incremento del 7% en
la partida para el conjunto de programas
de atención a drogodependencias,
la atención a las personas
en situaciones más desfavorables se
ve drásticamente reducida con respecto
a años anteriores. El presupuesto
de este recurso que acerca la
atención sociosanitaria allí donde es
más necesaria pasó de casi 1.260.000
euros en 2006 a contar con 972.400
euros tanto para 2007 como para
2008. Esta reducción en torno al 30%
es esquivada por el responsable de la
Consejería. “Le pido también que no
me responda que va a aumentar el
presupuesto para la atención de población
drogodependiente en otros
recursos, ya que la población que vive
en el poblado Barranquillas no accede
a ellos”, le advirtió el diputado
Sánchez en la sesión del 14 de diciembre.
La respuesta de Lamela
desató la indignación de la plantilla
de Madrid Positivo presente en la sala.
Las trabajadores y trabajadores
están convencidos de que se van a
producir más fallecimientos como
consecuencia de la falta de asistencia
que produce el recorte presupuestario,
y aseguran que le irán
comunicando estas muertes al
consejero una por una.

Concurso delator

La alarma saltó cuando el 31 de julio
se hizo público el pliego de condiciones
técnicas que iba a regular el
concurso para la adjudicación del
servicio. La Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, dependiente
de la Consejería de Salud y Consumo,
no presta los servicios que tiene
encomendados de forma directa,
sino que, al igual que otras muchas
Administraciones públicas, los privatiza.
Convoca lo que se llama el contrato
de gestión de servicios públicos,
donde la Administración describe
qué quiere y a qué precio.

Si se comparan las condiciones del
pliego con la información que la propia
Agencia Antidroga ofrece en su
sitio corporativo sobre los recursos
que dedica al programa MAPI, el organismo
considera que va a dejar de
necesitar un médico, cuatro enfermeros,
cuatro trabajadores sociales
y tres educadores, además de los monitores,
terapeutas, personal de gestión,
administrativo y de servicios auxiliares
que afirma tener trabajando
en este programa.

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