FISCALÍA Y ACUSACIÓN POPULAR SOLICITAN PENAS DE ENTRE 10 Y 23 AÑOS
El juicio a Udalbiltza, suma y sigue de los sumarios de excepción

El 13 de septiembre la
Audiencia Nacional
reanudó la vista oral
contra 21 miembros de
Udalbiltza, detenidos en
2003 por orden el juez
Baltasar Garzón.

17/09/10 · 6:00
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18 DE JULIO, BILBAO. Los imputados de Udalbiltza recibieron el apoyo de
cerca de diez mil personas llegados de distintos lugares del País Vasco. / Ekinlik

En la enésima causa contra la izquierda
abertzale civil, al amparo
del “todo es ETA” formulado por el
juez Garzón, 21 representantes municipales
y trabajadores de Udalbiltza
están siendo juzgados por “un
posible delito de integración en organización
terrorista”. Afrontan penas
que oscilan entre los diez y los
23 años de cárcel. Udalbiltza, la
Asamblea de Ayuntamientos y electos
municipales de Euskal Herria
nacida en 1999 por el impulso de
1.778 concejales (tanto del PNV, de
EA, de la izquierda abertzale como
de electos independientes de los siete
herrialdes, aunque se escindió
tras la ruptura de la penúltima tregua),
se configuró entonces como la
primera institución nacional moderna
del soberanismo vasco.

Derecho penal del enemigo

El juicio, que arrancó en julio y prosigue
desde el 13 de septiembre en
la Audiciencia Nacional, finalizará
previsiblemente durante la primera
quincena de octubre. En lo que ha
transcurrido de vista oral, las acusaciones
formales se han centrado sólo
en las tareas como cargos electos
municipales y como dinamizadores
de Udalbiltza de los acusados. Y de
nuevo ha quedado acreditada, una
vez más, la ausencia de pruebas, la
nula relación con ETA y la transparencia
y claridad en las cuentas
y actividades del organismo municipalista,
así como la imposibilidad de
individualizar ilícitos penales contra
los 21 procesados. Una realidad procesal
excepcional, que el 11 de septiembre
denunció el abogado catalán
Jaume Asens,en el transcurso
de un acto de solidaridad celebrado
en Barcelona junto al procesado
Lander Etxebarria: “Todo remite al
derecho penal del enemigo, se juzga
no por lo que has hecho sino por
lo que eres y representas y para ello
se prescinde de toda prueba”.

El sumario contra Udalbiltza se
reviste de una analogía casi idéntica
con el proceso contra Egunkaria. Se
gestó en abril de 2003 bajo las órdenes
del juez Baltasar Garzón sólo
dos meses despúes del cierre de ese
periódico, tras una macroperación
policial y 13 detenciones. El magistrado,
que bloqueó las cuentas pero
no ilegalizó a Udalbiltza, finalmente
imputó a 22 personas. Comenzado
el juicio, el tribunal exoneró a la procesada
Miriam Campos, al haber sido
juzgada y condenada por la misma
causa con anterioridad. De los
21 procesados, sólo Txarlo Etxezarreta
está siendo juzgado en rebeldía.
Residente en el Estado francés,
donde desarrolló su actividad municipalista
y donde Udalbiltza no está
proscrita, su abogado comunicó que
no asistiría al juicio.

Con el caso Egunkaria, el juicio
a Udalbiltza comparte otras coincidencias:
la sala de la Audiencia
Nacional que la juzga es la misma
que enjuició y absolvió a los cinco
procesados de Egunkaria con una
sentencia demoledora en términos
jurídicos. Los letrados de la
defensa coinciden en valorar que
los mismos criterios absolutorios
son de plena aplicación en este
nuevo proceso. Aunque respecto
al proceso contra Egunkaria hay
una única diferencia: que la
Fiscalía mantiene todavía todas
las acusaciones. Tanto la acusación
pública como la popular,
ejercida por el grupúsculo ultraderechista
Dignidad y Justicia de
Daniel Portero, piden la “ilegalización
de Udalbiltza, del Consorcio
Udalbiltza” y del Fondo Vasco
de Cohesión y Desarrollo, uno de
los proyectos desarrollados por
este organismo.

Aunque lo que se mantiene intacta
es la solidaridad. Antes y durante
el juicio las muestras de apoyo se
han sucedido ampliamente. El primer
día representantes de la izquierda
abertzale, Aralar, EB, EA y
PNV, así como alcaldes y ediles de
numerosas localidades vascas viajaron
hasta Madrid para arropar a los
encausados. Desde el País Vasco,
todas las formaciones políticas –excepto
PSOE, PP y UPD–, más de 50
municipios vascos así como la mayoría
de agentes sociales y sindicales
han exigido la libre absolución.
Además, un grupo de 33 personalidades
vascas han exigido la absolución,
con firmas que han incorporado
a miembros del PSE y el PSN.

Cabe recordar que en 2008 el Parlamento
Vasco ya solicitó la exoneración
de los encausados, solicitando
que fiscalía retirara los cargos
presentados.
Desde Catalunya, una vez arrancara
el juicio, ya son cuatro los
municipos que han aprobado mociones
pidiendo a Fiscalía que retire
los cargos. Hasta 60 concejales
catalanes de diferentes sensibilidades
promueven un manifiesto
que se hará público antes de que
finalice el juicio.

[Acto de apoyo a Udalbiltza en Madrid->http://www.nodo50.org/madridudalbiltza/]

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