ESPAÑA // UN GRUPO DE ABOGADOS PONE UNA QUERELLA A LAS CALIFICADORAS
A juicio la impunidad de las agencias de ‘rating’

Standard & Poors, Fitch y Moody’s copan el
90% del mercado de la calificación de deuda
pública y privada. Antes y después del estallido
de la crisis en 2007, las agencias de ‘rating’ han
sido las encargadas de dinamitar el Estado de
bienestar a través de deuda privada hecha pública.
Por eso, distintos movimientos y partidos
se han querellado contra ellas.

05/05/11 · 8:00
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Movimientos sociales de diferentes
países, entre ellos España, pero también
en EE UU, Portugal, Grecia y
Alemania, han decidido presentar
querellas contra las agencia de calificación
de la deuda en sus respectivos
países. Estas agencias son empresas
privadas cuyos nombres son repetidos
hasta la saciedad en los medios
(Standard & Poor’s, Fitch y
Moody’s), e influyen en las políticas
económicas de países enteros. Sus
informes determinan, en principio
técnicamente, el riesgo de impago de
la deuda pública de los Estados y de
las empresas privadas, lo que les
otorga un gran poder, ya que pueden
provocar el desplome de una economía
nacional sin asumir ninguna responsabilidad.

“Es necesario que
aquellos que se amparan en el cuello
blanco y la corbata entiendan que las
‘leyes del mercado’ tienen unos límites.
No se puede permitir que toda la
economía esté sometida a constantes
ataques por parte de especuladores
y, al final, que los responsables salgan
impunes y, además, con los bolsillos
repletos”, afirma Gonzalo Boye,
uno de los abogados que lleva el caso
en el Estado español.

La base son los artículos 284 y
285 del Código Penal español

La querella española, que ya ha sido
admitida a trámite, fue presentada
el 25 de febrero contra los responsables
en nuestro país de las
citadas agencias por el Observatori
per al Compliment de la
Declaració Universal dels Drets
Humans en els Drets Econòmics,
Socials i Culturals
, y a ella se han
adherido diversas entidades sociales
y ciudadanas como ATTAC y
partidos políticos como Izquierda
Unida, Iniciativa per Catalunya y
Esquerra Republicana de Catalunya.
El “conflicto de intereses” y la
manipulación de la información
son las bases de la querella presentada
en relación a los artículos
284 y 285 del Código Penal de
nuestro país. Según los demandantes,
los principales compradores
de deuda pública de los
Estados son clientes de las agencias
de calificación y sería por ello
por lo que estas agencias han desvalorizado
la deuda de algunos
Gobiernos, a partir de la difusión
de información engañosa
, con el
objetivo de que los inversores obtuvieran
mayores intereses con
menor riesgo. Su posición oligopólica
controla el 90% del mercado,
facilita que “controlen” de hecho
con sus informes de calificación
los mercados financieros.

“Los criterios de elaboración de
sus dictámenes son poco claros,
poco explicables y, sobre todo,
modulables en función de los intereses
de estas empresas. No castigan
de igual forma la penosa situación
de EU UU a como lo hacen
con la española que, por cierto, no
es tan mala como reflejan”, afirma
Boye. “Antes de la crisis ya actuaban
así, por ejemplo cuando en
2001 el presidente de Brasil, Lula,
subió el salario mínimo en su país
estas agencias calificaron la solvencia
del país a la baja. Sus calificaciones
están claramente politizadas”,
afirma Juan Hernández,
del Instituto de Estudios sobre
Desarrollo y Cooperación Internacional
(Hegoa)
de la Universidad
del País Vasco, que también participa
de la querella.

“Se ha dado mucho poder a
unas agencias que fueron, en parte,
responsables de la crisis, ya
que avalaron con supuestos criterios
técnicos y valoraciones positivas
productos tóxicos (como las
hipotecas subprime) para la economía”,
afirma Hernández. Cabe
recordar que, en el caso de la calificación
de la deuda de empresas
privadas, son éstas, las calificadas,
las que pagan los honorarios
a las agencias, con lo que reciben
una enorme presión para valorar
favorablemente sus productos, como
en el caso de las subprime. De
este modo, estas agencias asesoraron
en la creación de productos financieros
que ellas mismas calificaban
posteriormente. De hecho, la
Comisión Estatal de Bolsa y Valores
del Senado norteamericano también
ha investigado estos hechos y
su principal conclusión es que “esta
crisis no habría sucedido
sin las
agencias de calificación”.

ROMPER CON LOS MENSAJES DE RESIGNACIÓN

El poder de las agencias
tiene mucho que ver «con la
complicidad de los
Gobiernos que aceptan su
autoridad», afirma Juan
Hernández, del Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional,
«y de la clase política por
las deudas de los partidos a
los bancos y también por el
permanente trasvase de
políticos del sector público
al privado». En el caso de
Portugal, «incluso destacados
miembros de la oposición
prestaban asesoría a
algunas de estas agencias
para ir degradando la
deuda de su país», añade
Gonzalo Boye, uno de los
abogados que lleva el caso
en España. «Lo que no existe
es una respuesta social
articulada a este tipo de
comportamientos. Es increíble
la pasividad social con
la que vamos acatando una
reforma tras otra, es indignante»,
afirma Boye. «La
querella quiere romper con
los continuos mensajes de
resignación que van calando
en la sociedad y que no
tienen otro objetivo que el
dominio ideológico por
parte del capital, aunque
creemos que la pelea
pendiente, más que judicial,
es de autoorganización ciudadana
y de reivindicación»,
indica Hernández.
«Existen alternativas, como
lo ocurrido en Islandia,
donde han procesado a los
responsables de los bancos
que habían dirigido el proceso
de especulación
que ha empobrecido a
todo el país», afirma
Hernández, quien añade
que «para llevar a cabo
un cambio así hay que
buscar alianzas y conocer
las dificultades existentes
y de la oposición internacional».
En Islandia no se
rescató a los bancos que
tenían productos finan
cieros «tóxicos» y por dos
veces se ha rechazado en
referéndum que el país
asuma las deudas de sus
bancos. «Realizar algo así
en España sería más complejo,
ya que está dentro de
la UE, pero no imposible»,
afirma Hernández, «aunque
para cualquier cambio será
necesaria una movilización
social».

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Fotomontaje: Sancho Somalo.
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