El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha prohibido que se siga drenando agua del acuífero situado en el Soto de Garray, Soria,donde se pretende construir una urbanización de lujo que la Junta de Castilla y León denomina Ciudad del Medio Ambiente.

El tribunal da la razón a la organización ecologista Centaurea, que presentó un contencioso contra las obras que se están realizando en este paraje natural protegido, cuyos terrenos son inundables. Con el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León pretende transformar un espacio de gran valor natural en 800 viviendas, la mayoría de lujo, un parque empresarial, hoteles, dos torres de oficinas y un centro deportivo. Un macroproyecto urbanístico de más de 500 hectáreas en suelo rústico de especial protección.

Urbanizaciones blindadas

Para ello, la Junta modificó, el 18 de diciembre de 2006, la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León que permite tramitar por ley aquellos proyectos regionales considerados de “relevancia para el desarrollo social o económico”. Con este ardid se aprobó la Ciudad del Medio Ambiente en 2007 y sólo se podría revocar en el Tribunal Constitucional.

Grupos ecologistas se han opuesto a esta urbanización, aunque apenas había posibilidades de detener el proyecto. Ahora han recurrido la ejecución de las obras por el drenaje de un acuífero, cuyas aguas se estaban vertiendo a un meandro del río Duero. El juez ha decretado la protección de los acuíferos y la prohibición de desecarlos en el sector 1 de las obras de la Ciudad del Medio Ambiente, que ya se están ejecutando, además de prohibir la tala de árboles
singulares, y áreas boscosas.

Según Roque Ortega, de la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN), “el auto es importante. No podemos ir contra la ley, eso le corresponde al Constitucional, pero sí podemos actuar contra las obras. Si la respuesta al contencioso hubiera llegado antes habríamos salvado bastantes árboles”, lamenta Ortega.

María Jesús Ruiz, consejera de
Medio Ambiente y vicepresidenta
primera de la Junta, natural de
Soria, ha puesto especial empeño
en que saliera adelante el proyecto
urbanístico. El fiscal de Ávila propuso
que Ruiz fuera imputada por
la tala de un pinar para construir
una urbanización en las Navas del
Marqués, en la provincia de Ávila.

En el caso de la Ciudad del Medio
Ambiente, Ruiz siempre afirmó que
éste sería un proyecto para que los
sorianos se quedaran en la provincia.
Sin embargo, las viviendas de
la Ciudad del Medio Ambiente sólo
estarán disponibles para una élite.
Tampoco se justifica la necesidad
de residencias en una de las provincias
con menos densidad de población
del Estado español. La Ciudad
del Medio Ambiente alojará un núcleo
urbano de 3.000 habitantes.

El Soto de Garray es un espacio
natural inundable con lagunas permanentes
y otras estacionales.
Cuenta también con un patrimonio
cultural valioso, como una necrópolis
medieval y restos de construcciones
de la Guerra Civil que ya han
sido derribadas. Esos restos bien
conservados correspondían a edificios
militares, trincheras y un aeródromo
desde el que salieron los
aviones italianos que bombardearon
 Guernica. Además, la Ciudad
del Medio Ambiente tendría un
gran impacto visual en el paisaje,
ya que se encuentra a tres kilómetros
(900 metros de su punto más
cercano) de las ruinas celtíberas de
Numancia, declaradas Monumento
Nacional.

Las obras empezaron en 2009.
 ASDEN denunció, en abril de ese
año, la tala de 3.000 pinos negral,
una masa forestal de 3,75 hectáreas
de una edad aproximada de 30
años. Se ha arrasado ya con el sotobosque,
 se han realizado zanjas, catas
y han metido tubos.

El empeño es desecar zonas inundadas.
Ahora lo prohíbe la sentencia
del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León aunque
no se ha permitido la entrada de un
notario para comprobar que efectivamente
se cumplen las medidas
cautelares dictadas por el juez.

Carlos Bravo, de Centaurea, explica
que “entre las medidas cautelares
dictadas, se paralizaron también
las obras de un pozo, presuntamente
ilegal, de al menos 3,5 metros
de profundidad y un diámetro
de ocho metros que finalmente se
terminará de construir por el peligro
de corrimiento de tierras que
podría producirse si se deja la obra
a medias. De ahí se extraía agua con
dos motobombas de gran capacidad
durante las 24 horas del día. Se
pretende bajar el nivel freático y desecar
el Arroyo de la Vega y las zonas
húmedas del Soto de Garray para
poder construir”, asegura Bravo.