Hollmann Morris es un periodista colombiano que ha sido editor y realizador del programa de televisión Contravía, así como de diversos documentales de denuncia sobre la situación sufre su país. Entre los más destacados se encuentra Impunity que codirigió junto a Juan José Lozano.

Fue uno de los periodistas perseguidos
durante el Gobierno del expresidente
Álvaro Uribe (2002-
2006). Entonces se llevaron a cabo
las conocidas en Colombia
chuzadas [pinchazos telefónicos]
que se efectuaron desde el Departamento
Administrativo de Seguridad
(DAS), organismo del
Estado, bajo las órdenes directas
de Uribe. Con esas informaciones
se persiguió, amenazó e incluso
se atentó contra la vida de políticos,
jueces, periodistas, activistas
de izquierda y personas sin filiación
política. Ahora en Colombia
se juzga a los implicados.

DIAGONAL: Tras el Gobierno de Uribe, ¿se marchó a vivir a Estados Unidos?

HOLLMANN MORRIS: Tuve que
salir de mi país por razones de seguridad,
sufría amenazas. Tanto
mi familia como yo necesitábamos
calma, la tranquilidad que no
hemos tenido en los diez últimos
años. Obtuve una beca en Harvard, aproveché para salir de Colombia. De paso, es obligado aprender
inglés porque el movimiento
social colombiano de derechos
humanos lo necesita. Muchas
personas dirán que esto es
una estupidez. Pero Latinoamérica
no es bilingüe y estamos hablando
del Tratado de Libre
Comercio (TLC), uno de los tratados
más comerciales graves para
nuestro país y de los derechos humanos.

Es necesario presentar
nuestra denuncia en Washington
(y en inglés). Esto me recuerda a
los peores tiempos de la conquista
y de la colonia cuando a los indígenas
les hacían firmar y vender
cualquier cosa por tres pesos.

D.: ¿Cómo describe la situación
de Colombia tras los últimos
ataques militares a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) en la que murieron támbién varios prisoneros?

H.M.: Estamos en guerra. Ha
muerto en combate Alfonso Cano,
[líder de las FARC]; son las leyes
de la guerra. Pero el ciudadano, la
sociedad civil colombiana no militarista,
no guerrerista, no puede
apostar por la guerra. No es la salida.
Además, no hay que creer
que la guerra del Estado contra la
subversión se va a ganar.

D.: ¿Qué salida ve usted al conflicto
armado de su país?

H.M.: Pertenezco a una generación
de colombianos que no le va
a apostar ni un minuto de su vida
a la guerra. Quiero ser parte de
una generación que le diga a sus
hijos: “nos la apostamos hasta el
último minuto por la reconciliación
de los colombianos, perdimos,
pero nos la jugamos”. O decirles:
“Formo parte de una generación
que se la jugó; nos amenazaron,
nos exiliaron pero ganamos
y aquí estamos”.

La impronta
de los jóvenes colombianos tiene
que ser la lucha por una salida política
al conflicto. La sociedad tiene
que estar en la calle exigiendo
la paz. Si las FARC o el Gobierno
no lo quieren entender, la historia
les condenará.

La primavera árabe ha demostrado
que si la gente se moviliza,
tumba dictadores. Pero esta sociedad
civil no puede ser ingenua, la
paz no se hace con un actor
armado en Colombia. Se puede
crear las condiciones de un gran
diálogo nacional con la subversión
[la guerrilla] pero ésta no representa
a todos los colombianos.

No se pueden hacer las reformas
que el Estado necesita en Colombia
con un interlocutor que es la
subversión. Es parte del problema
y es parte de la solución pero no
es el todo.

Por eso, la gran convocatoria
tiene que ser nacional y que congregue
a todos los sectores para
evitar la firma de un tratado de
paz que sólo firma con la guerrilla
porque, al día siguiente, saldría
otra guerrilla. Las causas estructurales
no se habrían superado.

D.: ¿Cuáles son esas causas estructurales
de Colombia a las que hace
referencia?

H.M.: La tierra es un problema
transversal. Hasta que no se resuelva
la tenencia de la tierra a los
que fueron despojados no se va a
solucionar el conflicto. Además,
hay que añadir el tema de los recursos
naturales de Colombia.

Tenemos que discutir sobre la extracción
y explicar a quién van a
parar los dividendos de esos recursos.
Si no se hace, estamos
echando más leña al fuego.

D.: Hablando de recursos naturales.
Usted ha realizado un documental
sobre extracción de oro.
¿Cuál es la situación de
las poblaciones ante la llegada
de las multinacionales?

H.M.: La comunidades de las que
hablo en el documental son de la
comunidad de Suárez, en el norte
de la región del Cauca. Son poblaciones
afrodescendientes, es decir,
las más vulnerables de la sociedad
colombiana porque son las
más afectadas por el conflicto
armado. Además, no pueden
acceder a la educación, sanidad,
vivienda y cuentan con el mayor
índice de mortalidad infantil. Es
la minoría étnica más afectada
por el llamado “desarrollo”.

A eso se añade que las empresas mineras
les han dicho, de un día para
otro, que ellos no son dueños de
las tierras y que no tienen derecho
a hacer lo que durante miles
de años han hecho: sacar oro.
De estas comunidades me llama
la atención el liderazgo de la
mujer dentro de la población afrodescendiente.

Esta experiencia
me sirve para afirmar que si hay
alguien que recoge mejor los preceptos
éticos, sigue manteniendo
la memoria del pueblo, lucha
contra la impunidad de los
crímenes y busca la democracia
en Colombia son las mujeres.

D.: Usted ha hecho recientemente
una petición para poder
declarar, como víctima, en el juicio
que se sigue contra el
Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) por atentado
contra los derechos humanos.

H.M.: Después de tres meses de pedir
a la Comisión de Acusaciones
de la Cámara colombiana que le dé
la palabra a las víctimas, nos tocó
hacer una carta pública para que
nos respondiera. El pasado mes de
julio, a través de una retransmisión
televisiva para todo el país, el expresidente
[Álvaro] Uribe tuvo más
de cuatro horas para poder expresar
su verdad. Tiene derecho a ello.

Nosotros también lo tenemos.
Después de esta declaración ante
las cámaras, Uribe pasó de ser
acusado a ser víctima y a convertirnos,
a las víctimas reales, como
a Iván Cepeda, al padre Javier
Giraldo, a mí mismo, en victimarios.
El expresidente Uribe llegó a
decir que yo, desde Washington,
orquestaba toda la persecución
contra él. Desde agosto esa verdad
está en el imaginario colectivo
sin que haya nadie que la contrarreste.

Lo mínimo que haría
cualquier juez debería ser dar el
mismo tiempo a las víctimas.
Esto no lo pedimos porque sea
una pataleta, es por la democracia
del país, para que se sepa qué
es lo que se hizo desde el DAS. Se
tiene que tener claro que la defensa
de los derechos humanos no
era el objetivo de la Seguridad
Nacional, sí la persecución de los
defensores de derechos para atentar
contra ellos, aniquilarlos. Que le quede claro al país, y así nos daremos cuenta qué clase de democracia queremos para Colombia.