Una huelga de basuras de 21 días puede tener, entre otros, un primer efecto mediático, que toda convocatoria persigue, dada la repercusión que la protesta tiene en los medios y en internet. Ha sido el caso de la huelga en Jerez de la Frontera, que ha ocupado espacio en telediarios y periódicos a nivel nacional. Hay un segundo tipo de efectos, los simbólicos. En Jerez, una de las frases que más se han escuchado durante esta huelga de basura es la de que “algo huele mal aquí, literalmente”.

Porque, igual que durante 21 días se acumuló la basura, también se acumulan los conflictos. En los últimos dos años se han ido sucediendo las medidas de recortes por parte del Ayuntamiento del PP. María José García-Pelayo inició en 2011 su legislatura como alcaldesa con la firme intención de llevar a cabo una política de ajuste en el propio consistorio. Desde entonces, se han ido sucediendo retrasos en los pagos de la plantilla municipal y recortes en presupuestos que se han traducido en expedientes de regulación de empleo de empresas concesionarias que administraban servicios, como Urbaser, la empresa que gestiona las basuras en Jerez. Y a todo esto se han ido sucediendo movilizaciones. Algunas más mediáticas y otras menos, pero todas con una causa común: reivindicar derechos laborales básicos como son tener un empleo y cobrar el salario correspondiente (y a tiempo).

Los policías municipales tuvieron su movilización, como también la han tenido los bomberos, que incluso hicieron una acampada que mantuvieron durante casi dos meses debido al retraso e impago de nóminas. También por el atraso en el pago de salarios se llevó a cabo la huelga de las trabajadoras de la limpieza de los colegios, pertenecientes a la empresa concesionaria Respuestas Auxiliares. Como consecuencia de esta huelga, la Junta de Andalucía decretó el cierre temporal del 40% de los centros infantiles y de primaria de la ciudad por no cumplir los requisitos mínimos de higiene.

Luis Márquez Rodríguez, de la unión local del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Jerez, con representación dentro del comité de empresa de Urbaser, explica por qué en el caso de la huelga de basuras no se ha certificado por parte de la Junta de Andalucía la orden de insalubridad, que permitiría la llamada a servicios externos para la recogida de los residuos que iban acumulándose. El problema, según Márquez, ha sido que “el conflicto se ha aguantado para que la gente se echara encima de los trabajadores”. De hecho “los servicios mínimos se han cumplido y se dirigían a aquellos puntos de recogida que el propio Ayuntamiento les indicaba”, lo que ha supuesto que hubiera barrios, como la zona sur, a los que no les han llegado esos servicios mínimos en todo el tiempo que ha durado la huelga. En esta zona, durante dos noches se quemaron contenedores.

Sin embargo, y sin que mediara ninguna indicación por parte de la Junta, el Ayuntamiento decidió contar con el servicio del holding público Tragsa. Con esta acción, Márquez considera que la alcaldesa “directamente atentó contra el derecho a la huelga”, ya que la intervención de esta empresa supuso la reanudación del servicio de recogida de basuras.

Márquez hace una lectura positiva: que se ha conseguido llegar a un consenso para que no se despida a los 125 trabajadores que iban a ser despedidos en el ERE. El 20% de recorte que el Ayuntamiento ha impuesto a Urbaser recae en una disminución del salario de los trabajadores, que con ello han impedido que despidan a parte de la plantilla. No siempre se tiene tanta fuerza, o por lo menos no siempre se consigue que se mantenga en el tiempo. Es el caso de las movilizaciones de las trabajadoras de asistencia a domicilio de la empresa Acasa.

Estas trabajadoras llevan cuatro años de movilizaciones por retrasos en el pago de nóminas y han llegado a estar seis meses sin cobrar su sueldo. En este caso, el problema se amplía hasta alcanzar a la polémica Ley de la Dependencia, de la que deriva el presupuesto que cubre el salario de estas trabajadoras. Encarna Barrios, presidenta del comité de Acasa por CC OO, explica la gravedad de la situación que atraviesan las trabajadoras, “un colectivo mayoritariamente compuesto por mujeres, entre las que hay muchas con familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia de género que dependen del cobro de su salario para mantenerse”.

Según Barrios, “hay una situación muy extrema en la que muchas de estas familias están acudiendo a Cáritas para comer porque, cuando se les ingresa algo de dinero de las nóminas que les deben, el banco se lo lleva todo”. Barrios, de todas formas, puntualiza que “no queremos caridad, lo que queremos es nuestro puesto de trabajo, que lo tenemos, y queremos nuestro sueldo cada mes, y con ello la tranquilidad de poder organizar nuestra vida”.  

Las trabajadoras de Acasa han contado con el apoyo de las y los jerezanos en su acampada frente al Ayuntamiento, que mantuvieron durante 92 días, o el encierro de 28 horas en la sala de prensa del propio consistorio. Mariló Briantes, también del comité de Acasa, comenta que “una de las cosas de las que más se ha sorprendido la gente ha sido cuando nos encadenamos en la empresa”. Barrios confirma que “todo esto lo hemos hecho por no cobrar. No te digo nada de lo que vamos a hacer cuando nos amenacen con nuestros puestos de trabajo”.

Además del problema de las empresas concesionarias reflejado en retrasos en los pagos, el propio Ayuntamiento ha protagonizado un conflicto a raíz del ERE que impulsó la alcaldesa García-Pelayo. Julia Rosa Muñoz, ex trabajadora del área de Bienestar Social, fue una de las que salieron del Ayuntamiento con un expediente que se ha cobrado un total de 273 puestos de trabajo, unidas ahora como plataforma bajo la que han llevado a cabo actuaciones de protesta e interpuesto una demanda colectiva denunciando al propio Ayuntamiento. Julia Rosa explica que “en lo publicado del expediente, se exponía que la selección la habían hecho delegados y técnicos políticos bajo criterios de polivalencia, experiencia, formación, capacidad técnica, etc”. Sin embargo, en su opinión, “criterios no había, lo que ha existido es una persecución sindical y política”, ya que muchas de las personas que han salido con el ERE se habían presentado en alguna ocasión a elecciones sindicales, o pertenecían a partidos políticos diferentes al PP.

Movilización ciudadana

A los conflictos laborales se les suman movimientos de personas que quieren construir frentes comunes a estos recortes, y, en definitiva, a un estilo de hacer política. Es el caso de la Plataforma Social de Jerez, en pleno proceso de construcción. Esta plataforma, según uno de sus miembros, José Mejías, pretende “ayudar a que haya convergencia desde abajo”, a aquellas organizaciones, asociaciones vecinales o personas a título individual que quieran contribuir a construir una movilización ciudadana fuerte como oposición a las políticas actuales del Gobierno local.

Mejías apunta que “no es un grupo más, sino una unidad de acción con otros grupos que vayan en la misma dirección”. En esta plataforma se integran personas que pertenecen a la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia y a la Marea Verde de la educación, así como de Primavera Andaluza, “una asociación sociopolítica”, en palabras de Antonio Bello, presidente provincial de esta organización. “No somos un partido pero sí queremos que, desde una perspectiva de izquierdas general, seamos capaces de converger políticamente en lo que nos une”, añade Bello.

También estuvo presente en uno de los últimos encuentros un representante de la Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua, que trabaja para parar el proyecto de venta del agua de Jerez durante 25 años a una empresa privada, que la alcaldesa quiere llevar a cabo como “medida para sanear” las arcas municipales.