FUKUSHIMA // SIETE MESES DESPUÉS DEL TSUNAMI
Japón se entrega a la gestión empresarial del desastre nuclear

Las protestas de miles de personas contra el
Gobierno no impiden que la crisis atómica del país
se gestione desde una lógica cortoplacista.

11/10/11 · 8:00
Edición impresa

A lo largo del verano de 2011 dos terremotos
de magnitud 6,4 (31 de julio)
y 6,0 (12 de agosto) sacudieron
las ruinas de la central nuclear de
Fukushima. Trabajadores en la planta
declararon haber descubierto nuevas
fisuras en las estructuras de los
reactores después de los terremotos.

Los especialistas, tanto oficiales como
independientes, están preocupados
por el vapor radioactivo que se
escapa por las grietas
. Temen que las
tuberías y canalizaciones que se extienden
por debajo de los reactores
hayan sido dañadas. Si fuese verdad,
esto provocaría enormes problemas
para los técnicos que trabajan día y
noche en la planta. Estarían expuestos
a niveles de radiaciones muy superiores
a los que tienen que enfrentarse
ahora y sería una indicación de
que cantidades desconocidas de material
radioactivo están moviéndose
por debajo de los reactores.

El profesor Robert Jacobs, del
Hiroshima Peace Institute, comparte
la opinión de expertos y observadores
independientes que afirman
que el reactor 1 de Fukushima estaba
ya fundido antes de que el tsunami
alcanzara la central el 11 de
marzo de 2011. Añade que fue
construida para resistir un seísmo
de intensidad 8. Pero el terremoto
que provoco el tsunami era de una
intensidad 9. Advierte que un terremoto
de esta intensidad podría repetirse
en cualquier momento.

Esto
reanima el debate sobre la seguridad
de instalaciones nucleares en
un país conocido por su intensa actividad
sísmica y cuya población se
manifiesta a diario contra la falta de
transparencia por parte del
Gobierno y de la empresa responsable
de Fukushima, la Tokyo Electric
Power Corporation (Tepco). Entre
60.000 y 80.000 personas se manifestaron
en Tokio el 19 de septiembre
de 2011 en contra de la energía
nuclear.
Más de la mitad de la población
japonesa quiere que Japón
renuncie al átomo y la gran mayoría
vive con el terror de la contaminación
radioactiva.

Contaminación alimentaria

El doctor Tatsuhiko Kodama, profesor
del centro de Investigación
de Ciencia y Tecnología y director
del centro radio isotópico de la
universidad de Tokio, cree que
la cantidad de radiaciones producida
por Fukushima es mucho más
elevada que las ya preocupantes
estimaciones dadas por Tepco y el
Gobierno japonés. Según Kodama, un experto en la exposición a
radiaciones internas, las autoridades
niponas no dan suficientes recursos
a organismos estatales locales
para que midan y controlen
la contaminación de la cadena alimenticia.

Desde la primavera de
2011, no ha pasado un día sin que
los medios de comunicación nipones
hablen de la contaminación a
gran escala de la cadena alimenticia
.
Masivamente contaminadas
con cesio 137 (entre otras partículas),
las 14 prefecturas contaminadas
del norte de Japón exportan
carne, huevos, cereales, verduras,
arroz y agua al resto del país. En
mayo y junio, varios kilos de carne
de buey altamente radioactivo fueron
detectados en restaurantes de
Tokio. Fue decretado un embargo
sobre carne y arroz, lo que ha
arruinado la economía local de varias
provincias en las que fueron
destruidas cosechas de arroz y exterminado
el ganado.

Según Kodama la falta de control y el consumo
de productos radioactivos provocarán
una epidemia de cáncer
en los próximos años
. Varios expertos
independientes y organizaciones
como Greenpeace ponen
como ejemplo el millón de muertos
provocado por la catástrofe de
Chernobil y advierten de que ignorar
la existencia de la alta concentración
de partículas radioactivas
en zona de densa población como
Tokio podría provocar una situación
sanitaria catastrófica. Koda -
ma cree que el Gobierno japonés
debe llevar a cabo una descontaminación
a gran escala en las áreas
del norte de Japón. El coste sería
colosal pero la propuesta del
científico sigue siendo la única para
resolver el problema.

El Gobierno japonés y la clase política, sumergidos
en una profunda crisis
de credibilidad, siguen en estado
de parálisis frente a los problemas.
La catástrofe de Chernobil dejó
claro que la industria nuclear y los
gobiernos tardan meses y a veces
años en decir la verdad sobre los accidentes.

En el caso de Fukushima,
se ha podido comprobar hasta qué
punto una economía avanzada cuyo
altísimo índice de privatización es de
los más altos del mundo puede responder
a una catástrofe nuclear de
dimensiones internacionales.

La respuesta
japonesa es única porque desde
los primeros momentos de la crisis,
cada decisión fue tomada adoptando
un punto de vista empresarial
y rodeada de un secretismo digno de
una película de espionaje. La cruda
realidad de la lógica empresarial ha
dejado claro que –para los hombres
de negocios– el peligro nuclear es
idéntico a cualquier otro. Esta funesta
incoherencia –incompatible con
las necesidades de transparencia de
una democracia– no parece haber
empujado la clase política japonesa a
la autocrítica. Los soviéticos lanzaron
cientos de miles de trabajadores
al asalto de la central de Chernobil;
la dirección de Tepco mandó centenares
de empleados a Fukushima.

Seis meses más tarde, la cantidad
diaria de radiaciones que escapan de
la central sigue siendo enorme y provoca
un daño irreparable para el medioambiente.
La contaminación del
litoral y del océano pacífico son un
misterio. Las autoridades japonesas
se muestran intratables con las organizaciones
ecologistas y científicas
independientes. Impidieron, por
ejemplo, que el Rainbow Warrior, el
barco laboratorio de Greenpeace, entrase
en sus aguas para medir los niveles
de contaminación del agua, de
la flora y fauna.

La lógica mercantilista del
Gobierno japonés parece reflejar la
ideología del lobby nuclear nacional
e internacional
. Los costes de la catástrofe
son tan enormes que amenazan
con destrozar la economía del
país para siempre. Muchos occidentales
cuentan que vivir en Japón hoy
en día, seis meses después de la catástrofe
más importante desde
Hiroshima y Nagasaki, es algo irreal.
La vida sigue como si nada. En
las zonas contaminadas del norte,
los niños van a la escuela y juegan
como si nada en la arena contaminada,
la gente va a trabajar, la televisión
sigue emitiendo cuidadosamente
los contenidos de siempre.

Las autoridades parecen llevar a cabo
un plan maquiavélico pensado
en el despacho de cristal y cuero de
una multinacional a lo James Bond.
Muchos expertos y grupos de ciudadanos
confiesan que la contaminación
por radiaciones es ambigua
porque no se ve. La llanura sigue
siendo tan preciosa como siempre,
el río sigue su recorrido, nadie cae
enfermo. La lógica empresarial de
la gestión a corto plazo parece ser la
respuesta al problema. Los directores
de Tepco, y los primeros ministros
irán sucediéndose, la gente contaminada
seguirá muriéndose con
cuentagotas. Los numerosos casos
de cáncer serán difícilmente identificados
como consecuencia directa
de las radiaciones y las fugas de radiaciones
continuarán por décadas
sin una reacción masiva y contundente
por parte de la opinión pública
japonesa e internacional.

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA PROLONGA DE NUEVO LA ACTIVIDAD DE LA CENTRAL DE ASCÓ

El 22 de septiembre, el Ministerio
de Industria, a través de su
titular, Miguel Sebastián, aprobó
una nueva moratoria de la central
nuclear de Ascó que mantendrá
en funcionamiento, al menos
otra década más, los dos módulos
de esta planta tarraconense.
El primer reactor funciona desde
1983 y pertenece en su totalidad
a Endesa y el segundo, activo
desde 1985, pertenece en un
85% a la citada eléctrica y en un
15% a Iberdrola.

En Catalunya,
la plataforma Tanquem les nuclears
denuncia que se trata de dos
reactores especialmente peligrosos,
dado que se asientan en
una zona de arcillas expansivas
dentro de una zona inundable,
como es el delta del Ebro, muy
cercana también a la falla sísmica
del Camp.

En los últimos años, en la central
de Ascó se han producido decenas
de problemas de funcionamiento.
En primavera de 2006
una fuga de agua radiactiva del
circuito primario de refrigeración
interrumpió la actividad del complejo
durante cuatro días. En
2007 se produjo un escape de
partículas radiactivas del que la
dirección no informó hasta un
año más tarde. En febrero de
2011, la Fiscalía de Medio
Ambiente ha denunciado a cinco
responsables de la central por
delitos contra la seguridad colectiva,
después de que la dirección
permitiese el paso de estudiantes
a la central durante ese escape.
A la prórroga le ha seguido la
decisión de Industria de aprobar,
en la misma localidad, un
Almacén Temporal Individual de
residuos, dado que las piscinas
de Ascó estaban previstas para
que el tiempo de funcionamiento
de la central no superase los 30 años.

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