En noviembre, el Parlamento italiano
aprobó una ley que obliga a los
municipios a poner en el mercado
sus redes hídricas en 2010. La cuota
pública de participación deberá bajar
hasta el 30% y los Ayuntamientos
deberán vender todos los servicios
relacionados con el agua y garantizar
su transformación en sociedad
anónima. “En ninguna otro lugar
de Europa –dijo Emilio Molinari
presidente del Contrato Mundial para
el Agua– se impide al sector público
mantener la mayoría de acciones.
El riesgo es que todo termine
en las manos de las sociedades anónimas
y de las multinacionales. Y si
el servicio no funciona tendrás que
dirigirte a un centro de llamadas”.
Esto va a afectar a 64 Ámbitos
Hídricos Territoriales (ATO), de los
90 que hay en Italia en función de
una ley de 2002. En estos ámbitos
los municipios han conservado la
mayoría de las acciones, a pesar de
la entrada de bancos y multinacionales.
De los 26 ATO que ya han sido
completamente privatizados,
han surgido cuatro colosos: Acea de
Roma, que ha comprado el agua de
Toscana; Amga de Génova y Smat
de Turín, que formaron Iride; Hera,
de Bolonia, que ha ocupado el territorio
de Padania; y A2A, que nació
por la unión de Aem de Milán y Asm
de Brescia. En estas corporaciones
hay una fuerte presencia de multinacionales
como Veolia y Suez, de
bancos y empresas.

Para estas “cuatro hermanas” se
abre una nueva campaña de conquista.
Desde 2007 la Comisión Antimonopolio
consignó a estos grupos
como los pilares de un oligopolio.
Las cuatro están formados por
un mismo enlace financiero y están
bien relacionados con los partidos
políticos. Desde hace años, derecha
e izquierda votan por unanimidad
sobre el asunto y lo mismo hicieron
en agosto, cuando el decreto llegó al
Parlamento. Cuando los comités
por el agua pública de todo el país
recogieron 400.000 firmas bajo una
propuesta de “ley de iniciativa popular”,
en julio de 2007, no se encontró
un solo diputado que fuera
capaz de representar la voluntad
ciudadana. La izquierda votó en
contra sólo a finales de noviembre.

Referéndum popular

Cologno Monzese es uno de los 144
municipios de los alrededores de
Milán que se oponen desde 2006 al
proyecto de ley de Lombardía para
la privatización. En estos días los
consejos municipales han decidido
promover un referéndum popular
regional. En los bares de Cologno
han puesto una etiqueta al agua del
grifo, ya que los análisis han demostrado
que está a la altura de las mejores
aguas minerales. La llaman “el
agua del alcalde” y la gente la reclama
como derecho. “Vamos al combate,
no queda otra”, explica a DIAGONAL
Giovanni Cocciro, asesor
del Ayuntamiento. En toda la región
han nacido “casas del agua” y en el
cercano Piamonte se distribuye gratis
el agua en jardines arbolados.

Hace 20 años que no hay inversiones
públicas en el sector hídrico
en Italia y esto produce problemas
en los alcantarillados, la contaminación
de los recursos hídricos
subterráneos y de superficie, y
el pésimo estado de los acueductos,
con fugas y filtraciones de entre
el 30% y el 40% del agua canalizada
en muchas regiones. Un italiano
de cada tres no tiene acceso a
una cantidad suficiente de agua
potable en regiones meridionales
como Calabria, y en muchas zonas
del Sur el agua está garantizada sólo
unos días por semana y a veces
unas horas. En lugares como Cerdeña
son sólo seis horas al día.

Según los cálculos del Contrato
Mundial para el Agua, las obras de
modernización ascienden a 62.000
millones de euros. La entrada de las
empresas privadas debería permitir
reducir las tarifas, pero hasta hoy,
allí donde han entrado las grandes
sociedades, las tarifas han subido
mucho, los problemas de la red hídrica
han sido los mismos y lo único
que han descendido son los controles
de calidad. En Aprilia, una ciudad
del Lazio, hubo subidas del
300% en las tarifas, y como consecuencia,
una huelga de recibos en
contra de la sociedad Acqualatina.
En Florencia la situación se ha vuelto
paradójica: el municipio impulsó
una campaña para ahorrar agua y
un año después, frente a la rebaja
de los gastos, la sociedad Publiacqua
envió a los usuarios una carta
donde explicaba que, por el menor
suministro, se veía obligada a subir
las tarifas para ajustar cuentas.