INMIGRACIÓN // EL DISCURSO POLÍTICO SE LLENA DE CLAMORES RACISTAS
Italia conjura el espectro del apartheid

La aprobación de la Ley de Seguridad ha abierto camino en Italia a que se propongan y promulguen medidas hace poco impensables. Su objetivo común es criminalizar al migrante.

03/07/09 · 0:00

Las marchas de Roma y Milán
contra la reunión de los ministros
de Interior de los países del G-8
llamaron la atención sobre la Ley
de Seguridad del Gobierno de
Silvio Berlusconi. Se trata de un
conjunto de normas aprobadas a
lo largo de los últimos meses y que
redujo de forma sensible derechos
básicos como los de asilo o de reagrupación
familiar.
El abogado Paolo Cognini, activista
de la Ambasciata dei Diritti
delle Marche explica que “la principal
medida de esta operación es
la aprobación del delito de entrada
y permanencia irregular, el
llamado ‘delito de inmigración
clandestina’. Más que por la multa
de 5.000 hasta 10.000 euros,
preocupan los efectos determinados
por la introducción de este delito,
en primer lugar la obligación
de parte de los funcionarios públicos
o de los encargados de servicios
públicos de denunciar a la
persona que perpetre este delito”.
El tema alarmó sobre todo a las
asociaciones de médicos y de directores
escolares. Alfonso De
Vito, de la Red Antirracista de Nápoles,
reflexiona sobre “los daños
que el delito de inmigración clandestina
causará a los inmigrantes
que se quieran organizar, teniendo
en cuenta la larga tradición solidaria
con los sin papeles que hay
en Campania” y confía en “la sólida
red entre los hospitales públicos
y las escuelas por no rendirse
frente al chantaje de denunciar al
enfermo o la familia de un alumno”.
En los últimos tiempos, ha venido
subiendo en Italia la autoorganización
migrante tanto en los
sindicatos como en las asociaciones
y esto explica por qué la Ley
de Seguridad golpea de forma especial
a los activistas.

Irene Di Noto, del movimiento
Blocchi Precari Metropolitani de
Roma, nos cuenta que “en estas
normas hay medidas contra quien
ocupa edificios, severas sanciones
contra los bloqueos de carreteras,
se reintrodujo el delito de ultraje a
funcionario público, hasta medidas
contra los blogueros”. La derecha,
continúa Di Noto, “quiere reprimir
las experiencias mestizas
producidas en distintas ciudades.
En Roma, por ejemplo, italianos y
migrantes luchan juntos por su derecho
a una vivienda”.
Racismo de Estado
Mientras tanto, en la misma Roma,
el suicidio de Nabruka Mimuni,
una tunecina de 44 años, antes de
que se cumpliera su expulsión desde
el Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) de Puente Galeria,
ha recordado a la opinión pública
que la Ley de Seguridad prolonga
hasta seis meses el tiempo
de detención en estas cárceles.
Abou Soumahoro, responsable nacional
de inmigración del sindicato
Rdb-Cub, relaciona la medida
“con el excedente laboral, hoy los
CIE son, más que antes, una válvula
de escape de la precariedad
laboral, porque quien pierde su
trabajo se queda también sin permiso
de permanencia”.
“En realidad”, escribe Fulvio
Vassallo, paleólogo, militante y
académico de la Universidad de
Palermo, “el Gobierno italiano
quiere transformar el papel de la
detención administrativa, un instrumento
para que las expulsiones
sean eficaces, en una verdadera
sanción contra las irregularidades
de permanencia”. Las consecuencias
de esta política se vieron ya
con las deportaciones a Libia de
los náufragos recogidos en el mar
de Sicilia.
El representante en Italia de ACNUR
–la agencia de la ONU que
atiende a los refugiados– repitió
que “la nueva política del Gobierno
italiano está en conflicto con el
principio de no rechazo ratificado
por la Convención de Ginebra de
1951, que también se aplica en las
aguas internacionales”. ACNUR pidió
al Ministerio de Interior la readmisión
a Italia de las personas rechazadas
en las pasadas semanas,
explicando que “desde el punto de
vista del derecho internacional,
Italia es responsable de las consecuencias
de las deportaciones”.
Frente a estas acusaciones, el
ministro Maroni contestó que son
“problemas que deben encontrar
una solución en ámbito europeo”.
Maroni intenta unir a la derecha
europea alrededor de la defensa
de la “Europa fortaleza” y la cancelación
del derecho de asilo. “Lo
que nos preocupa hoy es el racismo”,
dice Nicola Grigion, del proyecto
Melting Pot Europa, activo
sobre todo en Véneto, “racismo de
Estado, de las leyes, de la forma de
gobernar”. Un racismo de Estado
que nutre otro racismo, difuso y
de masa. El 22 de mayo hubo un
ataque fascista en Roma, uno más
de una larga serie, contra la fiesta
de año nuevo de la comunidad
bengalí. 20 encapuchados armados
de palos de béisbol pegaron a
un hombre asiático que se puso a
salvo de milagro. Siddique Nure
Alam, conocido presidente de la
comunidad bengalí, declaró el día
siguiente a la prensa: “Si nadie nos
protege, estamos listos para defendernos
solos”.



POR PROPONER, QUE NO QUEDE...

La Liga Norte ha aprovechado la aprobación de la Ley
de Seguridad para lanzar nuevas propuestas que profundizan
la división entre italianos y migrantes. Representantes
del partido han pedido prohibir las reuniones
de extranjeros en parques y que se reserven
asientos para italianos en el transporte público.



ESTAR SIN PAPELES ES DELITO DESDE MAYO

La principal medida de la Ley de Seguridad aprobada en
mayo por el Parlamento italiano ha abierto camino a la pretensión
de crear patrullas ciudadanas, pues los sin papeles serán
considerados delincuentes. Además, se impedirá el acceso al
sistema sanitario o educativo, dado que los extranjeros indocumentados
no podrán realizar trámites administrativos.



LAS PATRULLAS YA PARECEN LO QUE SON

Las llamadas patrullas ciudadanas son una propuesta de los
socios gubernamentales de Berlusconi, la Liga Norte. A
mediados de junio, distintos grupos ultraderechistas anunciaron
su intención de participar y mostraron uniformes claramente
inspirados en la estética fascista de los camisas
negras. Las patrullas están pendientes de ser aprobadas.

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PASOS ATRÁS EN DD HH

El Consejo de Europa emitió en
abril un informe que critica
aspectos concretos de las políticas
en materia de derechos
humanos desarrolladas por las
autoridades italianas. El documento
recoge la preocupación
por los numerosos casos de
violencia contra inmigrantes y
minorías, en muchos casos
practicadas o permitidas por
las propias fuerzas del orden,
y en concreto da respaldo a
las acusaciones de tortura
practicada en dos deportaciones
masivas de migrantes a
Túnez. La Ley de Seguridad,
entonces todavía en trámite,
también es criticada por criminalizar
la inmigración.

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