REFORMAS // EL PACTO PRETENDE LIMITAR EL DERECHO DE HUELGA
Italia: un acuerdo peligroso entre sindicatos y patronal

Los sindicatos CISL y UIL, junto con la patronal y el Gobierno italiano, han firmado un pacto que recortará derechos y supondrá, en la práctica, un descenso de salarios.

19/02/09 · 0:00
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¿DERECHO A HUELGA? Dejará de ser una posibilidad individual de cada trabajador.

El 22 de enero, el Gobierno de Berlusconi,
Confindustria y los sindicatos
CISL y UIL –sin la CGIL, el
sindicato mayoritario en Italia–, firmaron
un acuerdo que reforma el
modelo contractual e introduce numerosas
y graves novedades. En
primer lugar, se confirma la posibilidad
de acuerdos separados, es
decir sin la CGIL, y se fija el principio
según el cual las empresas establecerán
acuerdos sólo con quienes
acepten sus condiciones. Los
ministros Sacconi (Sanidad) y
Brunetta (Administraciones Públicas),
que llevaron la negociación,
acusaron a la CGIL de mantener
una posición “ideológica”, y reivindicaron
el derecho del Gobierno a
no aceptar vetos. La oposición de
centro-izquierda se presentó dubitativa
y dividida. Veltroni, líder del
Partido Democrático, invitó a la
CGIL a superar el sectarismo, aunque
reconoció la necesidad de un
referéndum entre los trabajadores
para la aprobación de ese acuerdo,
algo que solicita la CGIL, mientras
CISL e UIL no quieren llevar la medida
a consulta popular.

En el acuerdo se ponen las bases
para una limitación del derecho de
huelga, estableciendo que “es posible
determinar en las empresas de
servicios públicos locales, el conjunto
de los sindicatos, que representen
la mayoría de los trabajadores,
que pueden proclamar huelgas”.
La huelga ya no sería un derecho
de cada trabajador, como está
establecido en la Constitución, sino
de las organizaciones a las que se
reconozca la mayor representatividad
de los trabajadores.

Además, el pacto perjudica el valor
del contrato por sectores, ya que
permite “acuerdos específicos, directamente
en el territorio o en la
empresa, para gobernar las situaciones
de crisis (...), para modificar
totalmente o en parte, aunque sea
de manera experimental y temporal,
instituciones económicas o normativas
específicas de los contratos
nacionales de trabajo por sectores”.
Así, mientras el contrato nacional
se flexibiliza, la contratación empresarial
de segundo nivel pierde
autonomía (por ejemplo, sobre el
tema del salario sólo se pueden negociar
subidas si aumenta la productividad
en las empresas). En
Italia, el 90% de las empresas tiene
menos de diez trabajadores, por
eso el contrato nacional es un instrumento
imprescindible para la tutela
de los derechos laborales. Pero
la contratación empresarial, o de
segundo nivel, ha representado
desde siempre una oportunidad para
los trabajadores de organizarse
y llegar a condiciones mejores de
las establecidas en el contrato.

Ahora, este nivel está vinculado a la
productividad y se elimina la posibilidad
de contratación en los ámbitos
ya regulados por las negociaciones
nacionales. Con este pacto,
el sistema contractual colectivo sufre
un replanteamiento a favor de
una relación más individualizada
entre la empresa y el trabajador.

Congelación salarial

Otra novedad importante es la modalidad
con la que, a partir de ahora,
se calcularán los aumentos
salariales: “En lugar del tipo de inflación
programado (es decir, el tipo
de inflación en el que se basan
las operaciones financieras del
Gobierno), se medirá un nuevo índice
de previsión basado en el Índice
de los Precios al Consumo
concordado en ámbito europeo
para Italia, depurado de la dinámica
de los precios de los bienes
energéticos importados”, y se encomendará
la elaboración de este
índice a un tercer sujeto aún no
determinado. Desde hace muchos
años, en Italia las partes contractuales
habían abandonado la referencia
a la inflación programada
para fijar los aumentos salariales,
ya que hay una enorme diferencia
con la inflación real. Ahora se ha
introducido una nueva referencia,
depurada de los precios de bienes
como la gasolina, el gas o la electricidad,
y se ha fijado, ya desde el
principio, que los salarios estarán
por detrás del tipo de inflación.


Objeción al espionaje médico

GIOVANNI VEGEZZI

Los colectivos políticos
italianos están reaccionando
ante la oleada
de leyes xenófobas
aprobadas por el
Gobierno, sobre todo
contra de una de las
medidas más criticadas:
la posibilidad de
que los médicos
denuncien a los
migrantes clandestinos.
“Una medida racista,
de marco fascista”, han
declarado al unísono
sindicatos y partidos de
la izquierda comunista
y ambientalista. Movimientos
y centros
sociales han apoyado a
través de manifestaciones
a los grupos de
activistas como Médicos
sin Fronteras y
Emergency, que han
apelado a la objeción
de conciencia bajo el
eslogan “Somos médicos,
no espías”. También
las asociaciones
oficiales de doctores
italianos se han opuesto
a las leyes del
Gobierno, anunciando
que no denunciarán a
nadie que vaya a curarse
a un hospital. El
escándalo ha trastornado
también uno de los
pilares del consenso
berlusconiano: el
mundo católico. Han
llegado críticas al
Gobierno por parte de
los obispos y hasta el
semanal Famiglia Cristiana
ha definido las
medidas del Ejecutivo
como “leyes raciales”, y
las compara con aquellas
aprobadas por el
fascismo contra los
judíos italianos.

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