REPRESIÓN. Marcha al muro en Beit Duqqu.

El pasado 14 de mayo, el Tribunal
Supremo israelí ratificó por seis
votos sobre cinco la Ley de Ciudadanía
y Entrada a Israel, aprobada
por el Parlamento (Knesset)
en junio de 2003, que prohibe a
los palestinos de los Territorios
Ocupados casados con palestinos
israelíes trasladarse a vivir con sus
cónyuges a Israel. Además de vulnerar
la legislación internacional
contra el racismo y la discriminación,
la medida avanza en el proyecto
de segregar a la población
de Cisjordania y obstaculizar la
vida de los árabes dentro de Israel.

Pese al asedio, el muro y los
controles, los más de un millón
de palestinos israelíes siguen
manteniendo sus lazos familiares,
amistosos y amorosos con la
población cisjordana. La ley afecta
a cientos de miles de parejas,
forzándoles a escoger entre que
uno de ellos resida ilegalmente
en Israel o el otro se traslade a los
territorios a vivir bajo ocupación
militar, pero no a las uniones entre
israelíes y extranjeros, que suponen
la cesión automática de
ciudadanía israelí al cónyuge foráneo.

La Red Solidaria contra la
Ocupación de Palestina, que
agrupa a las entidades de solidaridad
y apoyo a Palestina en el
Estado español, afirma que, además
de vulnerar el artículo 16 de
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la ley viola
la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial,
el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
y la Convención sobre los
Derechos del Niño, y se asemeja
a la impuesta en el régimen del
apartheid de la República Sudafricana
con la supremacía blanca
en la Ley de Prohibición de matrimonios
Mixtos, número 55 del
año 1949. Dicha legislación prohibía
los matrimonios entre personas
blancas y negras y precedió
a la Ley de Inmoralidad de
1950, que llegó a prohibir la fornicación
ilegal y cualquier acto
inmoral o indecente entre ambas
comunidades. Por tanto,la
Red ha anunciado que retomará
el eslogan “Sionismo igual a racismo”
y emprenderá acciones
para que Israel, como en su día
se hizo con el apartheid de
Sudáfrica, sea apartado de organismos
culturales, deportivos,
económicos y políticos. Asimismo,
se dirigirá a las autoridades
españolas para que “tomen nota
de la política racista israelí y actúen
en consecuencia suspendiendo
cautelarmente el Acuerdo
de Asociación con Israel, supriman
el intercambio de armamento
militar y rechacen la política
racista israelí en los organismos
internacionales”.

Violencia contra las palestinas

El Informe Conflicto, ocupación
y patriarcado: la carga que soportan
las mujeres, publicado en
mayo de 2005 por Amnistía Internacional,
señala que la Ley de
Ciudadanía y Entrada a Israel
añade aún más dificultades a la
situación de las palestinas, ya
de por sí extrema por la política
de expolio de espacio y recursos
y las múltiples violencias
que entraña la ocupación.
Desde su aplicación en 2003,
muchas mujeres cisjordanas viven
ilegalmente con sus maridos
en Jerusalén sin poder salir
de casa ni desplazarse por miedo
a ser expulsadas y separadas
de sus familias.

La situación de ilegalidad e invisibilidad,
además de privarlas de
derechos civiles y del acceso a los
servicios médicos, favorece la impunidad
de los maridos en casos
de violencia: las que sufren maltrato
no pueden denunciarlo por
miedo a que les quiten a sus hijos
y, en caso de divorcio, el vacío legal
favorece a los cónyuges que
no respetan los acuerdos de custodia
compartida o no pagan la
pensión alimenticia a las mujeres.

Entre otros ejemplos, el informe
cita el caso de Nadia, una cisjordana
divorciada de un palestino
residente en Jerusalén y que,
pese a haber obtenido la custodia
compartida, no puede ver a
su hijo porque el padre se niega
a llevarlo a los territorios. Esta
medida agrava la indefensión legal
que viven las palestinas frente
a la violencia de género, ya
que, debido a la fragmentación
del territorio derivada de la ocupación,
no existe un derecho familiar
unificado que ayude a articular
respuestas legales válidas
para las palestinas en Israel,
Gaza y Cisjordania.

Además, la situación de asedio
y ataques constantes imposibilita
la creación de casas de
acogida para mujeres, una de
las metas del Ministerio de
Asuntos de la Mujer de la
Autoridad Nacional Palestina.