VALLADOLID Y LEÓN // PRESIONES, CONDONACIONES Y SUBIDAS DE IMPUESTOS
Irregularidades en la privatización del agua

En Valladolid el agua
se privatizó en 1997.
Recientemente salió a la
luz que la ciudad perdonó
tres millones de euros a la
adjudicataria. En León,
la privatización está
rodeada de protestas.

07/10/09 · 1:26
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LEÓN DE LA RIVA. El alcalde de Valladolid "semiexternaliza" el 49 % del agua.

En Valladolid, la empresa adjudicataria
de la privatización fue Agualid
SA. En el pliego de condiciones de
la adjudicación figuraba que esta
empresa se haría cargo del canon
que el Ayuntamiento paga a la Confederación
Hidrográfica del Duero
(CHD) por vertidos de aguas a cauces
públicos, obligación asumida
hasta el punto de que Agualid lo incluyó
dentro de sus costes a la hora
de determinar su oferta económica.
Sin embargo, Agualid nunca ha
abonado el canon al Ayuntamiento,
pese a que la adjudicación se
produjo hace ya 12 años.

En 2008, la concejalía de Desarrollo
Sostenible advirtió que Agualid
nunca había abonado al Ayuntamiento
ese canon, por lo que realizó
una propuesta de decreto para
reclamarle el pago, que cuantificado
solamente hasta 2007, ascendía
a tres millones de euros, según estimación
de la propia Intervención
Municipal. Esta propuesta de decreto
recibió el visto bueno de la
Asesoría Jurídica municipal. Pese a
todo ello, el alcalde, Javier León de
la Riva, se ha negado a firmarlo.

De esta forma son los ciudadanos
quienes están pagando dos veces
ese canon. Por un lado con los
impuestos que pagan al Ayuntamiento
(que han experimentado un
aumento escandaloso), de los que
sale ese canon a abonar a la CHD,
y por otro lado en su factura del
agua, ya que Agualid estima su importe
considerando como un coste
más ese canon, pese a no pagarlo
la empresa.

Se da la circunstancia de que recientemente
el Ayuntamiento ha
tenido que pagar a Agualid dos millones
de euros por los planes de
pensiones de antiguos trabajadores,
aumentados con unos intereses
de demora de 40.000 euros.
Cuando el tema ha sido destapado
por la oposición, Javier León de
la Riva ha manifestado que tiene
intención de recuperar el dinero
adeudado, pero que no firmó el decreto
para “evitar pleitos; más vale
un mal arreglo que un buen pleito”.

Sin embargo, no es la primera
vez que el alcalde obra de forma
similar, ya que no hace mucho
perdonó medio millón de euros a
unos promotores inmobiliarios
que tenían que haber pagado en
concepto de tasa urbanística.

Incidentes en León

Pese a que en la campaña electoral
del PSOE en León, uno de sus compromisos
fue que no se privatizaría
el agua, el alcalde de este partido,
Francisco Fernández, ha impulsado
en este año la privatización del
servicio. De hecho, cuando se planteó
la privatización, la hasta entonces
concejala de Medio Ambiente,
Humildad Rodríguez, dimitió. La
ruptura del compromiso quiso camuflarse
bajo la frase “semiexternalización
del 49% del servicio”.

En el primer pleno municipal
en el que se iba a plantear el tema,
el conocido líder ecologista
leonés Ramiro Pinto Cañón se levanto
de su asiento entre el público
y tras decir “esto es una ‘intifada
poética’ contra la mentira del
alcalde sobre la privatización del
agua”, se puso a recitar versos sobre
el agua y la ciudad. Cinco policías
municipales se abalanzaron
sobre él, tirándole al suelo y sacándole
en volandas del Ayuntamiento.
Otros asistentes a la sesión
tomaron el relevo y continuaron
recitando el poema, logrando
la suspensión del pleno.

En días posteriores hubo manifestaciones
en las que se siguieron
leyendo poemas y se recogieron
miles de firmas contra la privatización
con eslóganes como “somos
ciudadanos, no clientes”.
En otro pleno, el ecologista Ramiro
Pinto levantó a modo de recordatorio
una carpeta que el propio
alcalde Francisco Fernández le
había dado en la campaña electoral
como muestra de que no iba a privatizar
el agua, en cuya portada se
leía: “León PSOE. Otra forma de
ser, otra forma de gobernar.
En un tercer pleno, celebrado el
8 de junio, ante la cercanía de las
elecciones europeas, a las que el
PSOE acudía con el slogan “Este
partido se juega en Europa”, Ramiro
Pinto acudió con un silbato y
una tarjeta roja para “expulsar por
juego sucio” a ese jugador.

Todo ello le valió a Ramiro Pinto
la apertura de un expediente en el
que se propone para él una multa
de 6.010 euros. El resultado: el embargo
de una cuenta bancaria
abierta con una beca de un miembro
de su familia, absolutamente
necesaria para su finalidad. En este
expediente se comete una falsedad:
en ninguno de los incidentes fue
identificado formalmente, por lo
que la Policía Municipal no dispone
de su DNI, y en el expediente figura
un número inventado.

No sería la única falsedad, ya que
relacionado con este tema se ha celebrado
otro juicio, por la presunta
agresión de un policía municipal a
otra persona que participó en las
protestas. El policía se cambió la
placa identificativa con otro compañero,
por lo que al ser llamado al
juicio acudió el propietario de la
placa y no el autor de la agresión,
declarando que él no había pegado
a nadie. Ante la evidencia del fraude,
el juicio fue suspendido.

Otras actuaciones represivas han
sido multas por pegar carteles en
un lugar en el que habitualmente se
colocan sin ningún problema. Todo
ello ha dado lugar a un recurso contra
el expediente a Ramiro Pinto,
en el que se resalta el carácter represivo
y de atentado a la libertad
de expresión en todo lo ocurrido.

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