ENTREVISTA // PABLO DE GREIFF, EXPERTO EN PROGRAMAS DE REPARACIÓN DE VÍCTIMAS
“El intento de juzgar a Pinochet en Chile le dio un incentivo inmenso al sistema judicial chileno”

Filósofo, experto en programas de reparación a víctimas del International Center for Transitional Justice (ICTJ) y asesor en procesos de distintos países (Perú, Guatemala o Marruecos, entre otros), Pablo de Greiff estará presente en el encuentro Memoria en Transición, que se realizará entre el 26 y el 29 de octubre en el Circulo de Bellas Artes de Madrid.

22/10/09 · 19:31
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PREGUNTA: ¿Puede considerarse concluido un proceso de transición democrático que no haya cerrado las cuentas con el pasado en términos de restablecer la justicia y esclarecer los hechos represivos de las dictaduras? ¿Hasta qué punto la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos limita el posterior desarrollo político de una nación?

PABLO DE GREIFF: Yo creo que el campo de la justicia transicional no es uno del cual pueda esperarse victorias totales. Yo creo que es importante reconocer que no hay un país que haya logrado, por ejemplo, castigar a todos y cada uno de los violadores de derechos humanos y menos aún en proporción al daño que le causaron a las víctimas. Ningún país ha logrado repararlas en proporción al daño que sufrieron, ningún país ha logrado esclarecer todos los hechos ni reformar todas las instituciones que participaron en las violaciones. Dicho eso, hay una cantidad de avances que pueden, de hecho, lograrse y que, por lo tanto, ese rasero ha ido cambiando de lugar internacionalmente. Yo creo que ha habido una curva de aprendizaje bastante pronunciada desde los ‘80, por ejemplo, desde las transiciones de la tercera ola, como normalmente se denominan. Una buena forma de medir el éxito tiene que ver con la presencia o ausencia de resistencias, o lo que mucha gente llamaría la voluntad de tener una versión verdadera acerca de lo que ocurrió en el pasado, de hacer esfuerzos por judicializar casos de violaciones de derechos humanos, por reparar a las víctimas y reformar la institución. En resumen, la justicia no se alcanza nunca de forma perfecta y menos a corto plazo, pero eso nunca debe ser una excusa para no tratar de lograr todo lo que se pueda hacer y, además, para no dejar de progresar en ese campo. Ése no es del tipo de temas que se solucionen de una vez por todas. La ausencia de intentos por aclarar lo que sucedió en el pasado (y no sólo aclararlo a través de medidas de esclarecimiento, sino también de reparaciones y medidas de judicialización y de reforma institucional), tienen un efecto bastante pronunciado sobre el desarrollo político, pero también en el desarrollo económico de los países que no se muestran dispuestos a embarcarse en este camino.

P.: En el plano internacional, ¿con qué dispositivos contamos para hacer valer esta justicia internacional y cuál es el papel de la jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional en este esquema?

P. G.: Yo creo que tanto la jurisdicción internacional como la Corte Penal Internacional son instrumentos importantes de justicia, no tanto por el número de casos sino por el incentivo que le dan a las jurisdicciones nacionales para hacerse cargo ellas mismas de casos que, de otra manera, hubieran quedado en la impunidad. Yo creo que, por ejemplo, el intento de juzgar a Pinochet en Chile le dio un incentivo inmenso al sistema judicial chileno y, por supuesto, al sistema político en general, para permitir al sistema judicial chileno hacerse cargo de casos que, de otra manera, ni siquiera hubieran sido examinados. Entonces, la contribución de esos dos instrumentos no creo que deba mediarse solamente en términos de casos a su propio cargo, que son reducidos y eso también hay que reconocerlo, pero que tienen un incentivo, un papel de incentivo muy importante, y no sólo incentivo a nivel judicial, sino a nivel educativo. Vale la pena agregar que la jurisdicción internacional y la Corte Penal Internacional son dos instrumentos que tienen que ver con la justicia penal, pero hay otras salidas, como la reparación, el esclarecimiento histórico y la reforma institucional que hacen una parte muy importante de una política comprensiva de la justicia internacional y en cada uno de esos campos ha habido progresos a nivel tanto nacional como internacional y es importante no olvidarse de eso tampoco.

P.: ¿Qué papel juegan en este proceso lo que podríamos llamar la sociedad civil global y las distintas redes y entidades sociales que la conforman?

P. G.: Yo creo que un papel absolutamente fundamental. Yo no conozco ningún país, por ejemplo, que haya establecido un programa de reparaciones para las víctimas sin que haya mediado un esfuerzo inmenso por parte de la sociedad civil para presionar al gobierno a establecer ese tipo de programas. Es decir, sin la participación de la sociedad civil, aun en sociedades altamente institucionalizadas, y con sistemas tanto judiciales como administrativos relativamente funcionales, la sociedad civil es absolutamente crucial; donde el Estado es frágil y no necesariamente eficiente, el papel de la sociedad civil es aún más importante. Hay países en donde la identidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos no se conocen en su mayoría y son los movimientos de la sociedad civil quienes tienen más información acerca de las víctimas que las entidades gubernamentales. Entonces, si eventualmente se quiere hacer algo a favor de ellas, o se cuenta con esas organizaciones de esa sociedad civil, o la mayor parte de las víctimas y de sus familiares nunca van a recibir ningún tipo de beneficio.

P.: Los distintos cambios que se están dando en Latinoamérica al respecto, ¿serían desenlaces de esos procesos de transición, serían segundas transiciones o simplemente secuencias lógicas de esa transición?

P. G.: Yo creo que hay que establecer una distinción, no absoluta, pero una distinción analítica preliminar entre los procesos de transición política en general y los procesos de justicia transicional en particular. Y digo esto porque de la justicia transicional es fácil esperar cosas que nunca estuvo diseñada para proporcionar. En los casos a los que haces referencia, por ejemplo, yo creo que América Latina, en general, tiene todavía una cantidad de cuentas pendientes, no sólo en términos de violaciones de derechos humanos de la forma en que éstos son entendidos habitualmente, violación de derechos civiles y políticos, a pesar de que en ese campo, por supuesto, América Latina ha hecho un progreso inmenso en instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos... Pero aún así América Latina, por supuesto, tiene una cantidad de cuentas pendientes en términos de posibilidad de acceso a sistemas políticos realmente abiertos y participativos, para no hablar, por supuesto, una cantidad de cuentas pendientes con respecto a nociones más sustantivas de justicia, de justicia social. Y algunos de los cambios que se han dado en América Latina recientemente yo creo que tienen que ver con intentos, muchos de ellos ambiguos, desde mi punto de vista, pero con intentos por saldar algunas de esas cuentas que el continente todavía tiene pendientes. Y la pregunta, para mí, es cómo saldar esas cuentas de forma que se instalen regímenes que protegen los derechos de ciudadanos en todos los órdenes y que protejan al mismo tiempo, lo que yo considero que es muy importante para las democracias constitucionales, que es una división efectiva de poderes.

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