Las condiciones de vida en el barrio
de Praga son duras. Jakub, del
Comité de Defensa de Inquilinos,
cuenta que hay casas sin calefacción,
putrefactas y húmedas. Jakub explica
que hay personas que calientan
sus pisos con fuegos abiertos, lo que
es causa frecuente de incendios; además,
“el aire en los pisos húmedos
perjudica la salud, provoca enfermedades
respiratorias, por eso los más
desesperados abren las ventanas en
vez de calentar el piso, incluso en invierno,
ya que es preferible el frío antes
que la humedad” denuncia este
vecino del barrio de Praga.

En octubre de 2010 dio comienzo
una huelga de alquiler para denunciar
las consecuencias de la privatización
de la vivienda pública en
Polonia. La huelga, convocada por
el sindicato ZSP, es sólo una faceta
de la lucha de inquilinos en este barrio,
ubicado en una zona céntrica
de Varsovia. El Comité de Defensa
de los Inquilinos surgió en 2009 gracias
al impulso un grupo de vecinos
que había evitado la privatización
de su edificio mediante protestas públicas.
A partir de entonces, los activistas
de este movimiento, al que se
han sumado cientos de inquilinos,
convocan asambleas en el barrio y
prestan apoyo a vecinos afectados
por las privatizaciones y los desalojos.

LIBERALIZACIÓN. Más de 10.000 edificios nacionalizados en 1946 están en proceso de ser reprivatizados por parte de los herederos de los antiguos propietarios.

La huelga se planteó como una reacción
al incremento de alquileres
que ha llegado a ser del 300%.
Agnieszka, una vecina que se encuentra
en huelga desde un año,
cuenta que en un mes el precio de
su alquiler subió de 800 zloty, unos
200 euros, a 3.500. Tal incremento
es ilegal, pero los inquilinos tienen
que protestar por escrito en un plazo
de 30 días, hecho que muchos de
ellos desconocen. Como explica
Jakub, del Comité de Defensa de
Inquilinos, la convocatoria de huelga
“trató de forjar una postura colectiva
y ofensiva para hacer frente
a una situación que muchos están
afrontando solos. Según algunos
sondeos, en determinadas zonas de
Varsovia, un 60% de los inquilinos
no es capaz de pagar el alquiler, pero
prefieren no llamar la atención”.

Desalojos ilegales

Cada activista del Comité tiene sus
propias experiencias en la reprivatización
del mercado inmobiliario. La
propietaria del piso de Mateusz le
cortó la calefacción y la luz, además
de impedirle el acceso al retrete. La
arrendadora alegó presuntas obras,
que jamás se llevaron a cabo, como
causa de las molestias. En una entrevista
con la televisión local, tras el
desalojo ilegal de otro inquilino, esta
misma propietaria declaró que éste
“no es humano, no es una persona”.

Este desalojo ilegal no es un caso
aislado. “Un día nos encontramos
con una mujer totalmente apática
sentada en el patio de su casa junto
a sus muebles; había sido desalojada
y no sabía adonde ir”, cuenta
Laura. Aunque un desalojo sin aviso
previo ni orden judicial es ilegal,
los propietarios salen impunes porque
la ley no prevé ninguna sanción
en su contra.

No todos los inquilinos pueden ser
desalojados. Maciej, quien tampoco
puede pagar el alquiler, comparte un
piso con sus dos hijos y su nieta.
Como está prohibido el desalojo de
niños, las autoridades tuvieron que
ofrecerle un piso, de una sola habitación,
para las cuatro personas. Ahora
la familia no sólo vive en condiciones
infrahumanas, sino que también
convive con la amenaza de la separación:
el Gobierno considera que el
hecho de compartir una habitación
con tres personas es perjudicial para
el desarrollo de la niña y podría ordenar
su ingreso en un orfanato.

Los inquilinos afrontan esta situación
mediante bloqueos, manifestaciones,
campañas y ejerciendo presión
política sobre la administración
central y el Ayuntamiento. Laura resume
los diversos resultados de estas
acciones: “Ha habido victorias,
derrotas y algo a medio camino entre
las dos cosas. En comparación
con los miles de afectados no somos
muchos activistas, pero los movimientos
sociales lo tienen difícil en
Polonia, porque todo lo colectivo recuerda
a la época comunista y es rechazado
de antemano”. Además, los
activistas denuncian el bloqueo informativo
por parte de los grandes
medios de comunicación, “que suelen
informar sobre casos aislados escandalosos,
pero no critican la política
neoliberal del Gobierno”.

A pesar de las dificultades, los activistas
han conseguido pisos en
buen estado para algunos inquilinos,
la cancelación de desalojos e incluso
la anulación de la privatización de
un edificio. A esto se suma que la
presión política ha conseguido que
el Parlamento rechazara una ley que
hubiera liberalizado aún más el mercado
de la vivienda. Además, tanto
en otros barrios de Varsovia como
en otras ciudades polacas, están surgiendo
movimientos similares.