LA POBLACIÓN EXTRANJERA, MÁS VULNERABLE ANTE LOS ABUSOS LABORALES
Inmigrantes: o cómo sobrevivir al mercado

Tienen mayores tasas de
movilidad, temporalidad,
siniestralidad y peores
condiciones. Pero redes de
solidaridad y algunas iniciativas
sociales tratan de hacer
frente a estas situaciones.

05/07/07 · 1:00
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TOP MANTA. Imagen de
venta ambulante en Madrid,
en la Calle Carretas.

“Madrid. Febrero de 2006. Ciudadano
de Malí insultado y despedido
por su jefe. (...) A su tardanza respondieron
con llamadas racistas:
‘¡Eh, negro de mierda! ¡Te estoy llamando
a ti! (...) ‘Si yo te mando algo,
lo haces y ya está’. Pamplona. Mayo
de 2006. Agresión racista en el puesto
de trabajo. Barcelona. Octubre.
Una mujer de Paraguay fue despedida
sin previo aviso y no cobró las
semanas que había trabajado...”.

El informe anual de SOS Racismo
de 2007 recoge algunos de estos casos
de abusos. Sin embargo, si bien
los insultos o las actitudes racistas
pueden ser sintomáticos como casos
extremos de abuso, la discriminación
cotidiana de los inmigrantes
se hace más visible al echar el ojo a
las estadísticas de empleo. Los inmigrantes
tienen el récord de siniestralidad
o vulnerabilidad en accidentes
de trabajo y de temporalidad (el 95%
de los contratos que firmaron el año
pasado era temporal, y actualmente
más del 60% de los trabajadores
temporales son inmigrantes).
El pasado 28 de junio la secretaria
de Estado de Inmigración, Consuelo
Rumí, presentaba en público
Inmigración y Mercado de trabajo.

Informe 2007. Entre sus conclusiones,
el documento rompía con algunos
tópicos, al demostrar que la entrada
de inmigrantes no causa pérdida
de oportunidades de empleo,
ni hace disminuir los salarios de los
trabajadores autóctonos.

Barreras legales

Aún así, el Gobierno sigue estableciendo
medidas contra su llegada, y
no sólo en su política migratoria.
Según denuncia el informe de SOS
Racismo, en febrero de 2006, “la Secretaría
de Inmigración de CC OO
en Cataluña denunció que el Ministerio
de Trabajo y Asuntos sociales
ponía trabas a la contratación en
origen de trabajadores inmigrantes
altamente cualificados, eliminando
profesiones como médicos,
ingenieros informáticos o analistas
de sistemas”.

Aunque más chocante ha resultado,
el pasado mes de diciembre, la
moratoria de dos años contra la libre
circulación de trabajadores procedentes
de Rumanía y Bulgaria. A pesar
de que ambos países forman oficialmente
parte de la Unión Europea,
los 200.000 rumanos y 25.000 búlgaros
contratados en territorio español
deberán seguir solicitando permisos
de trabajo. Una medida que incluso
llegó a ser aprobada por Comisiones
Obreras por suponer una “coherencia
total” con el proceso de construcción
europea.

Formación no reconocida

Con evidentes dificultades para conectar
con algunos sindicatos preocupados
sobre todo por cierta “base”
tradicional, y con unas oportunidades
reducidas a golpe de leyes, las
dificultades se encadenan en el horizonte
laboral de la comunidad inmigrante.
La capacitación técnica,
por ejemplo, tampoco sirve como
garantía de éxito entre quienes se
encuentran residiendo en el Estado
español. Así, el último informe de la
OCDE sobre migraciones internacionales
difundido a finales de junio
revelaba otro índice de desigualdad:
cerca del 50% de los inmigrantes trabaja
por debajo de su cualificación
profesional. De este modo, la economía
española goza del honor de situarse
en uno de los puestos más altos de
Europa en el desfase entre formación
y tipo de trabajo de su población
extranjera.

Para Antonio Carretero, del sindicato
CGT, se dan dos motivos básicos
que explican esta peor situación
laboral. En primer lugar, “que ocupan
un sector de actividad productiva
que no quieren los españoles por
sus bajos salarios”. De ahí que acudan
a sectores especialmente frágiles,
como la hostelería, la construcción
o los servicios domésticos, donde
la temporalidad se ha pasado a
asumir como norma. Y en segundo
lugar, apunta Carretero, “está la espada
de Damocles de regularizar su
situación”. Un problema de indefinición
que implica mayores dificultades
para plantar cara a los abusos.
Pero dentro de la comunidad inmigrante
otros colectivos se enfrentan
a situaciones aún más difíciles.

Sin papeles o a veces sin el idioma,
sobrevivir en el mercado de trabajo
exige más esfuerzos. Es lo que lleva
a actividades como la venta ambulante
o el ‘top manta’, una práctica
frecuente en las calles y en la que
raras veces se suele tener en cuenta
a sus protagonistas. Para mejorar
su situación, en Tarrassa se reúne
desde hace algunas semanas un
grupo de senegaleses con el apoyo
de la Oficina de Derechos Sociales
del Ateneu Candela.

Acudieron a la sede cuando el
Ayuntamiento de Terrassa prohibió
la venta ambulante. Allí reciben asesoría
legal, clases de catalán y castellano
y celebran reuniones de charla
o debate sobre sus problemas.
No es la única iniciativa. Como
explica Ernest Marco, del Ateneu,
los inmigrantes “ya disponían de
sus propias redes y lazos de solidaridad”.

Otras oficinas de derechos
y agencias de trabajadores
precarios desde los centros sociales
de otros puntos del Estado contribuyen
a pequeña escala a ayudarles
en temas legales o problemas
de movilidad. Recientemente, en
Madrid, miembros del Ferrocarril
Clandestino (editores de una guía
para resolver dudas y problemas
comunes entre inmigrantes) organizaron
un taller asesorando sobre
qué hacer en caso de ser detenido.
Y estas iniciativas también
sirven para conocer de primera
mano cómo se resiste a las dificultades
laborales.

Saliou, quien trabaja como
‘mantero’, explica para DIAGONAL
cómo ha sido su situación
desde su llegada. “Nuestro problema
es que estamos atrapados en
una ley que nos impide estar legales,
y que nos obliga a permanecer
aquí durante varios años para
regularizarnos”, señala. Durante
ese tiempo, “si no hay papeles, no
hay trabajo”. Ante ese panorama
la venta ambulante se presenta como
una opción. “El trabajo va desde
las diez de la mañana hasta las
dos de la tarde y de las seis hasta
las diez de la noche, pero depende
de la cantidad de policía que haya”.

El sueldo: normalmente unos
300 euros al mes. “Claro, sabemos
que es peligroso vender CD o
DVD. Pero si no vendemos no comemos
o tenemos que dormir en
la calle”, comenta.

La opción militar: los primeros en el frente
_ Las recientes muertes en
Líbano de seis soldados
del Ejército español (tres
de ellos de origen colombiano),
dejaba ver el peso
cada vez mayor de soldados
de nacionalidad inmigrante
en las Fuerzas
Armadas. En el caso español,
hasta hace poco su
límite se fijaba en un 2%,
que fue ampliado al 9%
ante el escaso entusiasmo
por la milicia por parte de
los ciudadanos españoles.
Como es sabido, es frecuente
en muchos países
que el alistamiento acelere
los trámites para conseguir
la nacionalidad del país de
acogida. Y el Ejército español
ha empleado también
esta carta. Así, además de
la publicidad engañosa
que presenta a las Fuerzas
Armadas como una opción
laboral como cualquier
otra, e incluso con cierta
aura de 'humanitarismo', el
ingreso se presenta como
el gran paso a la integración.
La realidad, no obstante,
es algo menos amable.
Según denuncia la
Asamblea Antimilitarista de
Madrid, los inmigrantes
son usados como lo que
en otra época se conocía
como «carne de cañón».
Así, explican, «el colectivo
de inmigrantes en las FAS
españolas suponen un
5,4% del total, pero en
'misiones de paz' o en
'zonas de conflicto' (dejemos
que cada cual elija el
eufemismo que más le
guste) como Afganistán o
Líbano el porcentaje de
inmigrantes sube en ocasiones
hasta un 30%». La
diferencia es incluso mayor
a la de EE UU (con un
9,5% de latinos en su Ejército,
que luego sube al
17,5% en los conflictos).

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Los más afectados por la siniestralidad
_ ANDREA DE PABLO
_ Más de medio millón de
extranjeros trabajan actualmente
en la construcción,
siendo éste el sector que
concentra a un mayor porcentaje
de inmigrantes. Es
uno de los trabajos a los
que pueden acceder con
mayor facilidad aunque es
muy inestable, pues más
del 70% de los contratos
son temporales.
Precisamente esa flexibilidad,
traducida en temporalidad
y precariedad, hace
que los trabajadores de la
construcción sean los que
tengan un mayor número
de accidentes laborales.
Según datos de UGT, en
2006 casi el 14% de los
trabajadores sufrieron
algún tipo de accidente en
el tajo, cifras que duplican
las medias europeas. Y la
tendencia es a empeorar,
en los tres primeros meses
del año los accidentes
mortales aumentaron un
28% respecto al mismo
período del año anterior, la
mayoría de ellos en
Madrid, Barcelona y Valencia.
Pero esta situación se
agrava aún más en el caso
de los inmigrantes. Si bien
representan el 20% de los
trabajadores del sector,
soportan casi el 40% de
los accidentes, y el índice
de mortalidad es muy
superior al de los trabajadores
nacionales. En
Madrid, uno de cada tres
fallecidos es inmigrante.
Esta elevada siniestralidad
se debe, entre otras cosas,
a la precariedad de los
puestos de trabajo, que
empeora a medida que se
desciende por la cadena
de la subcontratación.
Los turnos excesivos y el
incumplimiento de la ley
de prevención se normalizan
en este tipo de empresas,
que son las que dan
trabajo a la mayoría de los
inmigrantes. En muchas
ocasiones, ocupan puestos
de alto riesgo pese a tener
escasa o nula formación
en prevención y seguridad.
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Discriminación en hostelería y servicio doméstico
_ A.D.P.
El sector servicios también
es una de las principales
áreas de actividad entre
los inmigrantes. Aproximadamente
un millón de
extranjeros trabajan en la
hostelería y el servicio
doméstico, y actualmente
ya suponen el 15% del
total de los trabajadores
del sector, porcentaje que
se elevaría notablemente si
se contabilizara a todos
aquellos que lo hacen de
forma irregular.
En hostelería, uno de
cada cuatro nuevos
empleos será cubierto por
un inmigrante, pero según
un estudio realizado por
CC OO, éstos se encuentran
seriamente discriminados,
y existen profundas
diferencias en las
condiciones laborales, ya
que un inmigrante puede
llegar a cobrar un tercio
menos de lo que percibe
un español por el mismo
trabajo. De la misma
manera la temporalidad,
que ya afecta al 30% del
sector, se eleva hasta el
80% entre los inmigrantes.
Pero el caso más
paradigmático es el del
servicio doméstico, donde
seis de cada diez trabajadores
son inmigrantes,
mujeres en su gran mayoría.
Se trata de un sector
muy precarizado, con
altos porcentajes de economía
sumergida, en
general sin contratos, y
sin horarios concretos,
con jornadas que en
muchas ocasiones superan
las 40 horas semanales.
El Instituto Nacional
de Estadísticas estima que
de las 770.000 inmigrantes
que trabajan en el servicio
doméstico, más de la
mitad lo hace en negro.
Además, se trata del único
sector donde los salarios
individuales han descendido,
y la legislación, anticuada
y compleja, pone
muchos obstáculos para
que estas trabajadoras
defiendan sus derechos.

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