Los trabajadores de un organismo que gestiona el agua de la ciudad de Tesalónica se unen para impedir que el servicio se privatice, como exige la Troika.
El anuncio del Gobierno griego de una licitación internacional para la adquisición del 51% de Eyath (organismo que gestiona el suministro de agua de Tesalónica) ha vuelto a sacar a la palestra una iniciativa con origen en 2011. Entonces, trabajadores de Eyath junto con otros colectivos y ciudadanos preocupados por las consecuencias de la privatización, pusieron en marcha el proyecto denominado Iniciativa 136, en referencia a la cantidad resultante de dividir el valor de la empresa de agua entre las personas abastecidas. Su propósito, la creación de cooperativas ciudadanas que, unidas, adquirieran la parte de Eyath sacada a concurso. Después, su gestión, organizada en torno a principios de democracia de base, justicia social y respeto por el medioambiente, garantizaría, según sus impulsores, un servicio verdaderamente público.
El acceso al agua
Según denuncia Costas Marioglu, vicepresidente del sindicato de trabajadores de Eyath, la privatización, que afecta ya a un 26% de las acciones de la compañía, no repercutiría sólo de manera negativa en las condiciones laborales de los empleados. Las infraestructuras de la red de agua y saneamiento se resentirán debido a la falta de inversiones y la calidad del servicio se verá deteriorada. “Pero el principal problema”, añade el activista de la Iniciativa 136, “serán las tarifas. ¿Qué ocurrirá con quienes han perdido sus trabajos y carecen de ingresos [para hacer frente a un incremento]? ¿Cómo van a vivir sin agua?”.
Eyath presta servicios de suministro y saneamiento a más de un millón de personas en el área metropolitana de Tesalónica. En los últimos años la empresa no sólo no ha generado pérdidas, sino que los beneficios se incrementaron de 12,4 millones de euros en 2010 a 20,1 en 2011. Sin embargo se encuentra, junto con su homóloga de Atenas, en la lista de organismos cuya privatización la troika exigió el año pasado al Ejecutivo heleno. Según un procedimiento habitual en estos casos, el mantenimiento de las infraestructuras seguirá siendo responsabilidad del Estado, mientras que la gestión de los cobros o la fijación de las nuevas tarifas corresponderán a quien adquiera el 51% en proceso de licitación. El gigante del agua Suez es uno de los favoritos.
“Pero el principal problema”, añade el activista de la Iniciativa 136, “serán las tarifas. ¿Qué ocurrirá con quienes han perdido sus trabajos y carecen de ingresos [para hacer frente a un incremento]? ¿Cómo van a vivir sin agua?” La propuesta de la Iniciativa consiste en que, mediante el pago de una contribución de 136 euros, gradualmente todos los ciudadanos –y las personas jurídicas que lo deseasen, exceptuando partidos políticos–, entren a formar parte de una serie de cooperativas locales. Éstas, bajo la forma de una Sociedad Anónima, adquirirían y gestionarían Eyath de manera democrática y sin ánimo de lucro. Todos los procesos serían transparentes y estarían sujetos al control de la Asamblea General de cooperativistas, que elegiría también a los cargos, revocables, a partir de una lista única.
Desde que se iniciara en 2011, el proyecto ha recibido el apoyo de la mayoría de los ayuntamientos de los municipios de Tesalónica, y de gran número de colectivos sociales. Hasta la fecha, varios miles de personas se han inscrito en las cooperativas constituidas.
Sin embargo, la acogida no ha sido la que los impulsores contaban, y que achacan a la crisis que hace imposible contribuir económicamente a los ciudadanos. Buscando posibles soluciones, en la reunión del Foro Social Europeo de otoño pasado, el Foro Italiano del Agua lanzó la propuesta de reunir fondos a nivel europeo para prestarlos a la cooperativas de la Iniciativa 136.
Según explica Marioglu, cuando el mes pasado el Gobierno griego abrió el proceso para concursar en la licitación, lo hizo imponiendo una serie de condiciones que, de momento, dejarían fuera a la Iniciativa. Por eso la estrategia se centra ahora en la ofensiva legal, basada en la ley antimonopolio europea, y en la movilización social que logre hacer presión para la gestión pública de Eyath. “Confío en que el llamamiento a la Justicia europea obtenga resultado y el procedimiento de venta se bloquee”, dice Marioglu, y asegura que la Iniciativa 136 pretende ir más allá. “Creemos que los modelos estatal y privado [de gestión de los recursos] han fallado. Implica corrupción. Nuestra lucha no es sólo para que los bienes comunes pertenezcan a los ciudadanos y cada país, sino para que sean ellos también quienes los gestionen”, dice el representante de Eyath.
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