Han pasado más de 25 años desde el mayor desastre industrial de la historia, pero sigue sin llegar la justicia para las decenas de miles víctimas que aún hoy arrastran las secuelas de aquella tragedia. Porque llamar justicia a una sentencia que, tanto tiempo después, condena a ocho empleados de la filial india, por mera negligencia, a una pena de cárcel que no cumplirán y a una multa de 100.000 rupias (1.774 euros), cuando las compensaciones económicas que han recibido los afectados no son suficientes para cubrir los tratamientos médicos, ha sido interpretado por las asociaciones de afectados más bien como una burla.

El 3 de diciembre de 1984, una
fuga de isocianato de metilo de una
fábrica de pesticidas de la Union
Carbide acabó con la vida de varios
miles de personas. Según el Gobierno
indio, más de 3.500 personas
murieron en los tres primeros
días y hasta 15.000 en los años siguientes.
Fuentes más rigurosas
dan cifras en torno a los 25.000 fallecidos –8.000 sólo en los primeros
días– por una catástrofe que
afectó a medio millón de personas
y cuyas consecuencias aún sufren
más de 100.000 en forma de graves
problemas de salud como el
cáncer o la ceguera.

La sentencia, que se conoció el 7
de junio, no contempla responsabilidad
alguna para los directivos estadounidenses
de Union Carbide, ni
hace referencia al presidente de ésta,
Warren Anderson, cuya extradición
solicitó inútilmente el Gobierno
indio a Estados Unidos en 2003.
Tampoco exige a Dow Chemical, la
actual propietaria de Union Carbide,
que asuma la limpieza de los terrenos
de la antigua fábrica, contaminados
aún por productos tóxicos
y metales pesados. Una buena parte
de la población de Bhopal aún
bebe agua envenenada.

El fallo emitido por el tribunal
indio ha provocado las protestas y
decepción de las víctimas, que lo
consideran “demasiado poco y demasiado
tarde” como para compensar
mínimamente el sufrimiento
causado y prevenir futuros accidentes
similares. Demuestra también,
una vez más, la doble vara de medir
y lo barato y banal que resulta a
las multinacionales arriesgar vidas
humanas fuera de sus fronteras.

Porque la tragedia de Bhopal no
fue una negligencia, un despiste,
un fallo, sino una sucesión de decisiones
equivocadas en algunos casos
y criminales en la mayoría de
ellos. Informes confidenciales conocidos
después del desastre revelan
que la tecnología con que se dotó
a la fábrica no estaba suficientemente
probada y que los estándares
de seguridad eran muy inferiores
a los de otras plantas similares
que la multinacional poseía en
Estados Unidos.

El proceso de elaboración del
pesticida Sevin implicaba el paso
intermedio por un compuesto químico
extremadamente tóxico y delicado,
el isocianato de metilo (MIC),
que reacciona al entrar en contacto
con el agua. Es un producto tan volátil
que a menos que se mantenga
en condiciones extremas de limpieza
y a baja temperatura puede reaccionar
incluso de forma espontánea.
El único modo de minimizar
los riesgos en los procesos que exigen
su manipulación es producirlo
según las necesidades y transformarlo
inmediatamente en otro compuesto.
El límite de almacenaje de
MIC permitido en Europa es de media
tonelada. Sin embargo, el 2 de
diciembre de 1984, en la fábrica de
Bhopal había más de 60 toneladas
en tres depósitos semiabandonados.

Existían informes de ingenieros
de la propia multinacional advirtiendo
de los riesgos, pero fueron
ignorados por la dirección. En 1982,
después de la muerte de un trabajador,
el periodista Rajkumar Keswani
ya escribía sobre el peligro que se
cernía sobre la ciudad.
El mismo proyecto de levantar en
el centro de la India una planta para
la elaboración de al menos 5.000 toneladas
del pesticida Sevin era algo
absolutamente desproporcionado,
que revelaba el desconocimiento de
la realidad agrícola del país. De hecho,
la fábrica entró en pérdidas poco
después de su inauguración en
1980 y con ellas vinieron los recortes
de gastos. Se redujeron los sueldos,
la plantilla, la formación y, por supuesto,
los gastos de mantenimiento
y seguridad. Se interrumpió incluso
la refrigeración de los depósitos en
los que se almacenaba el isocianato
de metilo y se apagó la llama de la
torre que permitía la combustión de
las posibles fugas de gases.

Cúmulo de negligencias

La noche del desastre, la fábrica ya había cesado completamente su actividad y sólo se mantenían algunas tareas de mantenimiento. Fueron éstas las que, al parecer, propiciaron que, a causa de una válvula defectuosa, entrase agua en uno de los depósitos del isocianato de metilo, provocando su reacción. Por supuesto la fábrica no contaba con un plan de evacuación ni con un protocolo de actuación ante un escape.

Los técnicos de Union Carbide se
negaron a proporcionar información
sobre la composición de la
nube tóxica, ni sobre los posibles
antídotos o tratamientos para los
afectados. Aún hoy no se conoce
exactamente qué respiraron los
bhopalíes aquella noche.
Pero la población de Bhopal no
ha sido víctima únicamente de la catástrofe
y de la actuación de Union
Carbide. También ha padecido la
actitud de los sucesivos Gobiernos
indios, temerosos de enojar a las poderosas
corporaciones y arriesgar
futuras inversiones. Nunca han exigido
firmemente a Dow Chemical
la descontaminación de los terrenos
de la fábrica, ni del agua que consume
la población de la zona. En 1989
aceptó una indemnización de Union
Carbide de 470 millones de dólares –que muchas víctimas dicen no haber
recibido jamás– a cambio de renunciar
a futuras exigencias de responsabilidad
civil o penal. A finales
de los ‘90, Dow Chemical aceptó pagar
más de 3.000 millones de dólares
por haber implantado prótesis
mamarias defectuosas a miles de
mujeres estadounidenses. La comparación
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