Últimos días de declaraciones de los responsables de Bankia ante la Audiencia Nacional. El miércoles 19 es el turno de Jose Luis Olivas, presidente de Bancaja y expresidente del Banco de Valencia, vicepresidente de Bankia en el momento de su salida a bolsa. El mismo día declara Francisco Verdú, el único miembro del equipo de Rato que continuó al frente de Bankia en la etapa del actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri. La última comparecencia, que será la de Rodrigo Rato, está fijada para el jueves.

Mientras, los imputados que ya han comparecido siguen señalando a Deloitte, la firma auditora que supervisó el proceso de salida a bolsa de la entidad rescatada. Arturo Fernández, el vicepresidente de la CEOE, ha declarado haber tratado el tema de las cuentas de forma muy escueta “para quitárnoslas de encima”. El también presidente de los empresarios madrileños afirmó que “si Deloitte dice que están bien las cuentas, no voy a leerlas”, y acusó a la auditora de no haberles informado de posibles objeciones. Deloitte ha replicado que ya había lanzado una advertencia en octubre de 2011 a la Comisión de Auditoría.

Por su parte, Alberto Ibáñez, que fuera presidente del Comité de Auditoría y que ha reconocido tener contacto directo con los auditores, ha afirmado que Deloitte sólo mencionó algunos temas pendientes de discusión como los créditos fiscales y ha criticado la pasividad de la auditora por retrasar su informe hasta que el Banco de España no aprobó el plan de recapitalización de la entidad. Noriella, exsecretario de Estado de Comercio y adjunto a la presidencia de Bankia, ha ofrecido una versión intermedia ante el juez, declarando que se había encargado a Deloitte, con el visto bueno del Banco de España, la elaboración de un plan que permitiera despejar todas las incertidumbres, pero esto no se pudo poner en marcha porque se impuso otra alternativa, en alusión a la decisión de rescatar al banco por parte del Gobierno y a la marcha de Rato.

Miguel Blesa también rehuía responsabilidades cuando el pasado noviembre se discutía su parte de culpa en el agujero de Bankia. Las declaraciones de Miguel Blesa en el Congreso provocaban discrepancias entre los grupos parlamentarios. Alberto Garzón, portavoz económico de Izquierda Plural, ponía en evidencia que los datos aportados por el expresidente en su declaración, “a no ser que no sean ciertos o que la arquitectura financiera en la que se basen no sea tan profesional, no pueden ser reales”.

El portavoz del PNV replicaba que Caja Madrid fue “especialmente agresiva” en la comercialización de hipotecas. Por su parte, Rafael Larreina, diputado de Amaiur, declaraba que “en un año es imposible hacer tal desbarajuste”, poniendo en evidencia que “tenía que haber ingeniería financiera de por medio, o las razones de la quiebra de Bankia son anteriores y afectan a Caja Madrid”. La portavoz socialista, Cristina Narbona, afirmaba que la gestión de Blesa “ha convertido a una de las entidades financieras más solventes del país en la principal causante de la catástrofe de Bankia”, y ante las elusiones de responsabilidad del expresidente de Caja Madrid, en las que alegaba que él había dejado la Presidencia mucho antes, la portavoz socialista citaba un informe del Banco de España en el que se atribuye a las cuentas de 2003 a 2007 en Caja Madrid los resultados con los que se encontró Rodrigo Rato y que conllevaron a “un agujero negro”.

Solo el portavoz popular, Fernando López Amor, defendía la gestión de Blesa, y declaraba que sus consejeros estaban “perfectamente capacitados” para ocupar el cargo, y que los políticos tenían poca influencia en la toma de decisiones de las cajas. Sin embargo, se ha demostrado que la excúpula de BFA-Bankia liderada por Rodrigo Rato obvió su propio reglamento interno al nombrar un comité de auditoría sin experiencia ni conocimientos contables acreditados, según una información aportada por el diario gratuito 20 Minutos. Según destaca la misma fuente, durante las comparecencias en la sede judicial del pasado mes de noviembre, al menos tres de los consejeros (Mercedes Rojo, Remigio Pellicer y Pedro Bedia) reconocieron ante el juez Andreu no tener suficientes conocimientos financieros y que la dirección los había convencido de aceptar el puesto alegando que estarían rodeados de gente competente y que se repartirían las comisiones.

La comparecencia de Moral Santín, exconsejero de Bankia y exvocal propuesto por Izquierda Unida fue aplazada por segunda vez, de nuevo por un fallo en el sistema de grabación de la sala de vistas. Un día antes de la primera comparecencia prevista de Moral Santín, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y Trabajo Social de la Universidad Complutense, donde Santín es profesor, irrumpió en una de sus clases señalándole como “uno de los culpables de la crisis económica y sus consecuencias sobre la población”. El Colectivo Contrapoder, responsable de la acción, ha declarado que no se conformará con la sentencia que se le aplique. Los estudiantes advertían: “no vamos a permitir que te pasees tranquilo por esta facultad a la que están pulverizando con los recortes de este régimen criminal del cual has participado”. También se han aplazado las intervenciones de Araceli Mora, expresidenta de la Comisión Delegada de Riesgos de la entidad, Juan Llopart, exconsejero de BFA, y Javier López, exconsejero de Caja Madrid, que declaran hoy martes.

Acciones contra el Banco de España

El Banco de España no alertó hasta diciembre de 2011 de que Bankia necesitaba provisionar 8.208 millones de euros más para cubrir las pérdidas esperadas de los préstamos y de los activos adjudicados. La documentación remitida por el supervisor revela que su visión sobre las provisiones de la entidad financiera cambió radicalmente durante el año pasado. De hecho, en febrero de aquel año los inspectores habían considerado que los deterioros de los activos crediticios e inmobiliarios de Bankia estaban “bien cubiertos los dos próximos años”, gracias, especialmente, al saneamiento realizado en el ejercicio de 2010.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) ha formado un grupo de afectados por la salida a bolsa de Bankia con el objetivo de entablar acciones judiciales contra los responsables y ha encargado al despacho Cremades & Calvo Sotelo el estudio de las acciones judiciales pertinentes. La primera medida ha sido requerir al Banco de España una copia de los diversos informes que la Dirección General de Supervisión realizó – o debió realizar, como es preceptivo – sobre la solvencia y situación financiera de las entidades Caja Madrid y Bancaja previas a la fusión y el que tuvo que emitir con ocasión de ésta. En caso de no recibir dichos informes o de que éstos no se hagan públicos, solicitará una investigación de las actuaciones de los responsables, organismos reguladores y supervisores.