Guatemala // La naturaleza y las privatizaciones asolan el país
Huracanes en tiempo del TLC

¿Qué tienen en común la tormenta Stan y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC)?: ¿quizás los desastres naturales y la situación política de Guatemala?

, Ciudad de Guatemala
06/02/06 · 19:21
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El TLC proviene de una lógica donde el mercado y no la colectividad se convierten en planificadores y reguladores, el criterio del beneficio determina las grandes decisiones económicas y los empresarios son además Gobierno y Estado.
En este escenario de Estado débil, bajísima inversión pública y mercado ‘planificador’, se nos vino encima el Stan y su caudal de destrucción. La ausencia de sistemas de información y prevención, la lenta reacción de las autoridades, la baja calidad de la infraestructura y la vivienda, la carencia de reservas de alimentación, convirtieron un fenómeno natural en un desastre social con miles de muertos. “La tragedia se incubó desde antes de que los vientos tomaran la forma de huracán. La tragedia nace desde el momento en que el Estado renuncia a cumplir con su obligación de jugar un papel rector en el desarrollo nacional”, afirma un comunicado del Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales.

Un Estado debilitado
Muchas cosas echamos de menos en Guatemala durante los largos días en que Stan no dejó resquicio a la claridad. Echamos de menos aviones capaces de llegar a lugares aislados, teléfonos públicos, graneros, alimentos, medicinas, radiocomunicación, agua potable sin costo y no a 10 quetzales (aproximadamente un euro, cuatro veces su precio normal), como se cotizaba en áreas arrasadas.

Echamos de menos bomberos, policías, enfermeras, especialistas en rescate, camiones, excavadoras, prevención, planificación y protocolos para actuar en casos de emergencia. También echamos de menos una institucionalidad sólida, al margen de intereses partidarios, preparada para prevenir y para remediar.
Para el comunicador José Ignacio López Vigil, los estados latinoamericanos tienen hoy menos poder que las empresas particulares: “Microsoft o Nestlé manejan más presupuesto y deciden más políticas que el Gobierno de Guatemala o el de Ecuador. En el futuro, ¿seremos ciudadanos de la Nestlé? ¿Juraremos ante la bandera virtual de Bill Gates?” Por ahora sólo somos las hijos y los hijos desamparados de Stan y sus secuelas.
Las perspectivas no son halagadoras. A corto plazo, las comunidades se enfrentan a desnutrición y enfermedades, sobre todo gastrointestinales y respiratorias, que pueden multiplicar la mortandad infantil. Todavía hoy 90 comunidades no han recibido ayuda oficial, según informes del Procurador de Derechos Humanos y Radio Universidad, mientras gran parte de la ayuda del Gobierno y de la cooperación internacional se reparte sin consulta con la población. Para el Frente de Sociedad Civil de Quetzaltenango es necesario que esta ayuda se canalice “de abajo hacia arriba”, es decir, respetando las “estructuras organizativas existentes y emergentes de la sociedad”. Esto es garantía de priorización y reparto democrático de los recursos.

A medio plazo, la pérdida del maíz, la destrucción de la capa fértil y el inicio de la estación seca harán irregular el abastecimiento de alimentos al menos durante un año.
Stan asoló un país debilitado después del huracán Mitch (1998) y dos décadas de privatizaciones, abriendo la posibilidad de levantamientos violentos en las zonas más golpeadas. Pero también se dibuja la opción de transformaciones sociales, históricamente aplazadas.

La solidaridad horizontal, la transferencia de recursos entre comunidades, la red de voluntarios formada (aún con limitaciones provenientes de la desarticulación social y el cansancio de un país en permanente posconflicto y postragedia) evidencian que el pueblo, en ésta como en anteriores tragedias, ha estado a la altura de las circunstancias. Las debilidades han provenido del Gobierno y del Estado.
El reto para construir un país menos vulnerable es disponer de comunidades organizadas, una sociedad fuerte, una cultura de solidaridad e inclusión y finalmente poderes y políticas públicas al servicio de la resolución de los problemas estructurales, lo que obliga a redefinir el modelo de desarrollo diseñado en el TLC y el papel secundario asignado al Estado en el mismo. Es decir, construir un Estado, como afirman los Acuerdos de Paz, con “obligaciones indeclinables en la tarea de superación de las inequidades y deficiencias sociales, tanto mediante la orientación del desarrollo como a través de la inversión pública y de la prestación de servicios sociales universales”.

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