Tirza Flores, magistrada en San
Pedro Sula, segunda ciudad más
grande de Honduras, es parte de un
grupo de jueces que, en 2006, crearon
la Asociación de Jueces por la
Democracia (AJD) preocupados por
la falta de independencia judicial.

El 5 de mayo, la Corte Suprema de
Justicia de Honduras (CSJ) decidió,
de forma arbitraria, despedir a los
jueces Luis Chévez, Ramón Barrios,
Guillermo López y a la magistrada
Flores, integrantes de la AJD. Un
mes después, la destitución fue oficial.
Se les acusa de pedir la intervención
de los tribunales ante las detenciones
ilegales tras el golpe de
Estado del 28 de junio de 2009.

DIAGONAL: ¿Cuál ha sido el proceso
de su destitución como jueza?

TIRZA FLORES: Desde que nace
Asociación de Jueces por la Democracia,
tuvimos mucha oposición por
parte de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia. Por ejemplo,
tuvimos que esperar más de un año
para poder legalizar la asociación en
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. A partir del golpe
militar de 2009, la CSJ se posicionó a
favor de los militares y declaró que
lo ocurrido era una sucesión constitucional.

Sin embargo, el pueblo
hondureño salió a la calle de forma
masiva. Lo que siguió fue una gran
represión. Todos los días, en diferentes
ciudades del país, se produjeron
decenas y centenares de detenciones
ilegales. Pero los jueces
de la Corte Suprema negaron la ilegalidad
de esos arrestos e, incluso,
se pronunciaron a favor del golpe
de Estado en cinco comunicados.

Mientras, desde Jueces por la Democracia
hicimos públicos varios documentos
señalando que no compartíamos
esas afirmaciones y exigimos
que este órgano de justicia cumpliese
con su función como protector de
los derechos fundamentales. Días
después, en julio de 2009, se inició
un proceso disciplinario contra cuatro
jueces de la asociación. En mayo
de 2010 nos enteramos por televisión
de que nos cesaban, y ante esta situación,
los jueces Luis Chévez y
Guillermo López, junto a un compañero
del partido Unificación Democrática,
una escritora y, con el apoyo
de la Plataforma de Derechos Humanos
y el Frente Nacional de Resistencia
Popular (FNRP), llevaron a
cabo una huelga de hambre que duró
15 días. El 1 junio de 2010 nuestra
destitución era oficial.

Creemos que nuestro despido evidencia
la politización de la justicia, y
eso garantiza la impunidad. En estos
momentos, en Honduras, el poder
judicial carece por completo de independencia,
está íntimamente ligado
a los intereses y dictados de la oligarquía.
Por eso, pedimos el reintegro a
nuestros puestos, que se revisen estas
instituciones y se lleve ante la
Justicia a los responsables de las violaciones
de derechos humanos durante
y después del golpe de Estado.

D.: ¿Han cesado también a trabajadores
de otros sectores?

T.F.: Sí, hay represión y persecución
política a todos los niveles, diputados,
alcaldes, empleados públicos…
Es una situación que recuerda a la
guerra sucia de los ‘80 [secuestros,
torturas y desapariciones a cargo de
batallones de la muerte]. Arrastramos
la impunidad de entonces: el
golpe militar es consecuencia de que
no se juzgó a nadie.

Ése es el caso de
Billy Joya, conocido por su actividad
en grupos paramilitares en los ‘80,
que además vivió tranquilamente
después en España. Joya compareció
el 28 de junio de 2009, como asesor
del autor de golpe de Estado,
Roberto Micheletti. Ahora, desde la
sombra, dirige otra vez la represión,
planifica los asesinatos selectivos y
reorganiza el aparato militar de entonces.

Es como revivir aquello, la
creciente militarización en las carreteras,
en las calles, en todos sitios
hay retenes militares. Sentimos que
no podemos expresarnos. Estamos
ante una indefensión absoluta y no
tenemos dónde acudir. Hay un clima
de represión, falta de libertades y se
han producido asesinatos, torturas,
detenciones y violaciones. Este año
siete periodistas han sido asesinados.
La gente tiene miedo, pero sigue
movilizándose.

D.: ¿Cómo se organiza la resistencia
popular?

T.F.: El FNRP aglutina a todos los grupos de resistencia al golpe. Feministas, lesbianas y gays, campesinos, indígenas, comunidades negras, partidos de izquierda y de centro, estudiantes, e incluso políticos liberales. También, mucha gente no organizada sale a la calle y el FNRP se está organizando en barrios y ciudades.

Pero la represión
también abarca lo laboral, a obreros,
maestros, que luchan para no
perder los derechos que tenían,
profesionales... El punto en común
de todos es que rechazamos el golpe
de Estado. Pedimos una Asamblea
Nacional Constituyente, integrada
por todos los sectores populares,
que apruebe una nueva constitución
y poder refundar el país.