CELEBRACIÓN. Álvaro García
Linera, vicepresidente e ideólogo
del nuevo Gobierno de
Evo Morales./ Amouk Garrigues

La victoria en abril de 2000 de
los movimientos sociales sobre
la trasnacional Bechtel abrió en
Bolivia un período de efervescencia
social que ha desembocado
en la reciente elección de
Evo Morales como presidente.
Fue también ese ambiente de
reivindicación popular el que
llevó a las sangrientas movilizaciones
de octubre de 2003 y a
la renuncia a la presidencia de
Gonzalo Sánchez de Lozada. La
subida al poder de Carlos
Mesa, con el apoyo del MAS y
bajo la promesa de una nueva
política de recuperación de los
recursos naturales, desembocó
en una consulta popular (cuya
naturaleza fue muy criticada
por los sectores sociales por
evitar el tema fundamental de
la nacionalización) y la consiguiente
nueva Ley de Hidrocarburos,
que aumentaría el conjunto
de los impuestos
cobrados a las trasnacionales
hidrocarburíferas de un 18% a
un 50%.
Pero lo cierto es que esta subida
tributaria sería valorada como
insuficiente por los sectores
sociales más combativos. Una
ley que, en definitiva, llevaría de
nuevo a las calles a la población
los pasados meses de mayo y
junio y que desembocaría en la
dimisión de Carlos Mesa y la
convocatoria de elecciones.
En la actualidad, a pesar de que
los recursos hidrocarburíferos
del subsuelo boliviano pertenecen
constitucionalmente al Estado,
las trasnacionales ejercen el
derecho de propiedad de esos
recursos “a boca de pozo”. Es
decir, a partir del momento en
que son extraídos, pasan a ser
propiedad privada. Tanto Evo
Morales como Álvaro García
Linera han declarado que esa
situación ha de cambiar. Para el
virtual presidente de Bolivia, “se
tiene que terminar la cláusula de
estos contratos que dice que el
titular (la empresa) adquiere el
‘derecho de propiedad en boca
de pozo’. El Estado es dueño en
el subsuelo y en el sobresuelo”.
Sin embargo, Morales se ha
apresurado a matizar que “esto
no significa confiscar ni expropiar
bienes de las trasnacionales”.
Para Álvaro García Linera,
los contratos serán renegociados
con las empresas sobre la base
de la ilegalidad de los vigentes
actualmente, pero con la voluntad
de “llegar a consensos y, llegado
el momento, de recomprar
lo que era del Estado”, evitando
así el peliagudo tema de la
indemnización: “¿Por qué las
tendríamos que indemnizar si no
vamos a confiscar sus bienes?",
ha declarado el que será el primer
presidente indígena de la
historia de Bolivia.
Porque precisamente al grito de
“nacionalización sin indemnización”
participó Evo Morales en
las numerosas protestas populares
de los últimos años junto
a algunos movimientos sociales
que se han desmarcado de él
en base a una política y unas
decisiones que, desde su punto
de vista, son demasiado cercanas
a los intereses de la derecha.
Para éstos, la ilegalidad de
unos contratos que han supuesto
la pérdida de millones de
dólares al pueblo boliviano justifica
una nacionalización tanto
de los recursos como de unos
bienes cuyo valor nunca superará
esas pérdidas. Desde este
punto de vista, y bajo la desconfianza
que el pasado político
reciente del MAS inspira en
estos sectores, se ha dado a
Evo Morales un plazo de tres
meses para hacer efectivas las
medidas de nacionalización.