Evo Morales durante la huelga de hambre del pasado abril.

La pasada aprobación de la nueva
Ley Transitoria Electoral (LTE) supuso
una nueva oportunidad para
analizar las relaciones que se están
dando en Bolivia entre las organizaciones
sociales y el Gobierno de
Evo Morales. La medida del presidente
boliviano de realizar una
huelga de hambre, cuando la oposición
derechista rompió el quórum
en el Congreso al abandonarlo en
plena sesión, fue respaldada por
una quincena de dirigentes sociales
y por unas 2.000 personas alrededor
de todo el país. La reducción a
siete del número de circunscripciones
especiales indígenas tras las
negociaciones con la derecha, ha
levantado ampollas especialmente
en el oriente boliviano.

Iván Bascopé, desde la asesoría
que realiza el CEJIS a diferentes organizaciones
sociales del país, ha
sido parte activa de los procesos
que desembocaron en la aprobación
de un nuevo texto constitucional
o, más recientemente, en la promulgación
de la nueva LTE.

Para Bascopé, “si bien con las autonomías
indígenas o la justicia comunitaria
se ha logrado incorporar
a los pueblos indígenas en la estructura
pública del Estado”, la reducción
de los escaños indígenas de 18
–tal y como pedía la Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)–
a siete ha supuesto “dejar de
lado los derechos de los pueblos indígenas”,
obligándole, además, a
“actuar como si fueran cualquier
partido o agrupación ciudadana en
un sistema de votación que se caracteriza
por la competencia”. Algo
muy peligroso dado que, por un lado,
“los grupos de poder –como los
fascistas de Santa Cruz– suelen cooptar
a estos sujetos colectivos” y,
por otro, porque puede llevar a la división
de los pueblos indígenas.
“Esto ha ocurrido con una Ley
Electoral. Imagínate lo que puede
pasar con una ley de recursos naturales
que toca un tema mucho más
neurálgico en el que interviene otro
actor de peso que son las trasnacionales”,
concluye Bascopé.

Un acuerdo con la derecha que, si
bien posibilitó la aprobación de la
LTE y por tanto la convocatoria de
las próximas elecciones generales
en diciembre, tuvo ya sus antecedentes
durante la aprobación de la
Ley de Convocatoria a la Asamblea
Constituyente o del propio texto
constitucional. Según Bascopé, existe
“una vocación pragmática del poder,
de ir abarcando ciertos escenarios
hasta consolidar un poder” en
el que las organizaciones sociales
“están jugando un rol básicamente
instrumental. Es una instrumentalización
que no ha hecho el Ejecutivo,
ellas mismas se han autoinstrumentalizado
por una conciencia de convicción
un tanto falsa y muy conservadora.
En ese papel está ahora la
Coordinadora Nacional para el
Cambio (CONALCAM)”, que no es
más que “una cuestión planificada
que no tiene una función social, sino
corporativa”.

Por su lado, según el abogado
constitucionalista, en el Movimiento
al Socialismo (MAS) “hay un sentimiento
de partidocracia que no se
está tratando de revertir y que ha sido
precisamente la crítica de este
Gobierno para acceder al poder: no
ir a la democracia pactada, no ir a
las relaciones clientelares sino una
democracia casi de poder compartido
con los movimientos sociales”.