REGRESO A LA
ESPAÑOLA. El Gobierno español podría
retirar en marzo las tropas
que mantiene en Haití,
según recientes declaraciones
de Bono. La presencia
del contingente español no
está siendo precisamente
pacífica. El pasado 12 de
enero un haitiano murió
cuando, según muchos testigos,
las tropas españolas y
la Policía haitiana abrieron
fuego sobre manifestantes.
Desde que llegaron a Haití,
a finales de 2004, los soldados
españoles tienen la
misión de formar a la represiva
Policía haitiana.

Tras dos años de un Gobierno interino
que debería haber durado tres meses,
los haitianos han elegido en las
elecciones presidenciales del 7 de febrero,
marcadas por el caos, a René
Préval, que la población identifica
con la opción política expulsada del
poder el 29 de febrero de 2004. En
esa fecha, el presidente Jean-Bertrand
Aristide, elegido democráticamente,
fue derrocado por un grupo
armado apoyado por la intervención
militar de EE UU, Francia y Canadá,
que fue avalada inmediatamente por
la ONU. Préval ejerció como primer
ministro bajo la presidencia de
Aristide en 1991, y como presidente
del país entre 1996 y 2001. Según la
agencia de noticias Haiti Information
Project (HIP), “la mayoría de los que
apoyan a Préval pertenecen a la misma
base de electorado que apoyaba
a Aristide y a su partido Lavalas. Esta
base está compuesta por campesinos
y por habitantes de barrios pobres en
las grandes ciudades”. En una encuesta
a pie de urna, HIP llegó a la
conclusión de que “muchos de los
entrevistados veían que un voto para
Préval es un voto para el regreso de
Aristide”. Según una encuesta realizada
en noviembre por el Democracy
Group, el 51% de los haitianos
desea que Aristide regrese al país.
Quizá respondiendo a este deseo,
Préval anunció durante la campaña
que no se opondría a ello en caso de
llegar al poder. Pero según dijo Brian
Concannon, director del Institute for
Justice and Democracy in Haiti, poco
antes de los comicios, “la gran pregunta
no obtendrá respuesta ni el 7
de febrero ni en Haití: ¿Aceptará esta
vez la comunidad internacional la
elección de los votantes haitianos?”.

Misión de ‘estabilización’

Desde el derrocamiento de Aristide,
la ONU estableció en Haití una
Misión de Estabilización (MINUSTAH)
que en la actualidad cuenta
con 7.300 soldados y 1.600 policías.
Aunque su misión es, entre otras, estabilizar
el país mediante el desarme
de las facciones armadas y asegurar
el respeto de los derechos humanos,
“la violencia grave, la impunidad flagrante
y la ausencia del Estado de
derecho siguen siendo fenómenos
generalizados en Haití”, según un informe
de Amnistía Internacional
(AI). El propio jefe de derechos humanos
de la MINUSTAH, Thierry
Fagart, reconoció en octubre que la
situación es “catastrófica”. En declaraciones
a DIAGONAL, Fagart ha reconocido
que “cuando en el plano de
los derechos civiles y políticos vemos
que la justicia no funciona, y que la
policía es corrupta, incompetente o
tiene motivaciones políticas, es evidente
que hay problemas enormes”.

Hoy, 170.000 armas están en manos
de ex militares y bandas delictivas
“que las utilizan para cometer
graves abusos”, según el informe citado.
Se calcula que entre 3.000 y
5.000 ex militares del ya inexistente
Ejército haitiano se han reagrupado
en facciones armadas, pero la MINUSTAH
jamás los ha interceptado.
“Desde la asunción al poder del
Gobierno de Transición no se ha hecho
ningún esfuerzo serio para abordar
la cuestión del desarme, pese al
brusco aumento de la violencia y las
muertes”, dicen desde AI. Numerosos
informes de asociaciones de
derechos humanos denuncian que
gran parte de esa violencia proviene
de la Policía Nacional Haitiana, responsable
de gravísimas violaciones
de derechos humanos, desde arrestos
y detenciones arbitrarias a desapariciones,
ejecuciones sumarias y
asesinatos, que sufren sobre todo los
habitantes de barrios marginales como
Cité Soleil o Bel-Air, donde se
concentra también la base de apoyo
a Aristide y su partido Lavalas. A pesar
de todo, EE UU ha decidido recientemente
aprobar una licencia comercial
para la venta de armas de
fuego a la Policía haitiana por un mínimo
de un millón de dólares.

¿Fuerza de paz?

También la MINUSTAH tiene entre
sus funciones la de prestar apoyo y
formar a la Policía. En un informe
presentado en marzo por la Harvard
Law Students Advocates for Human
Rights, se denuncia que “la MINUSTAH
ha hecho muy poco para reformar
la Policía. Sus esfuerzos más visibles
los ha dedicado a dar apoyo
logístico a las operaciones de la
Policía, implicada en violaciones de
los derechos humanos”. Por ello, AI
constata que “el apoyo del que puede
disfrutar la MINUSTAH entre la
población haitiana se desvanece cada
vez que se hace público un abuso
presuntamente cometido con impunidad
por agentes de la Policía. Ese
apoyo también se ha ido debilitando
entre los habitantes de los barrios
marginales y los partidarios de
Fanmi Lavalas, debido a que la MINUSTAH
tiene la obligación de prestar
asistencia a la Policía Nacional,
cuyos agentes siguen cometiendo
abusos generalizados contra miembros
de ambos sectores”.

Además, Brian Concannon ha declarado
a este periódico que la ONU
“no sólo apoya a la Policía, sino que
está matando a gente ella misma, y
está realizando arrestos ilegales e inconstitucionales”.
En julio, tropas de
la MINUSTAH mantuvieron un enfrentamiento
en Cité Soleil que se saldó
oficialmente con siete hombres
armados muertos y, según fuentes
extraoficiales, con 23 civiles asesinados.
“Debo decir que la operación duró
diez horas y que se disparó un número
impresionante de cartuchos,
y no podemos excluir que hubiera
gente que se encontrara en el camino
de las balas lanzadas por la
MINUSTAH o por los otros. No tenemos
pruebas, ni para decir que hubo
víctimas colaterales, ni para decir
que no las hay”, se ha explicado
Thierry Fagart. La página www.haitiaction.
net denuncia continuas
muertes de civiles atribuidas a las
fuerzas de la ONU, y según el presidente
de la Asociación de Periodistas
Haitianos, Guy Delva, el jefe
de la ONU en Haití, Juan Valdés,
dijo en enero: “Vamos a intervenir
[en Cité Soleil] en los próximos
días. Creo que habrá daños colaterales,
pero tenemos que imponer
nuestra fuerza”.

Todo esto en un país en el que el
paro supera el 80% y el salario medio
es de un dólar al día. Concluye
Fagart que “en el plano de los derechos
económicos y culturales, cuando
vemos que una parte importante
de la población no tiene acceso a servicios
básicos como el agua potable,
la alimentación, la sanidad y la educación,
la situación es efectivamente
dramática”. Y sin embargo, nadie
en la ONU criticó el pago de 52 millones
de dólares que el Gobierno
interino hizo al Banco Mundial en
2005 como parte de una deuda externa
de 1.500 millones.