DINERO PÚBLICO PARA ESPECULAR // UNA PARTE DE LAS RESERVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SE INVERTIRÁN EN RENTA VARIA
Hacia la privatización de la Seguridad Social

A comienzos de junio se
aprobó el proyecto de ley
que permite que una parte
de las reservas de la Seguridad
Social se destinen a
invertir en fondos de renta
variable. El autor, catedrático
de economía en la
Universidad de Málaga,
analiza las causas y efectos
de esta iniciativa.

21/06/07 · 0:00
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UN PROYECTO DE LEY MUY POCO PUBLICITADO. La mayor parte de las personas jubiladas desconoce esta iniciativa del Gobierno / Olmo Calvo

El ministro de Economía, Pedro
Solbes, se ha adelantado
a los temores y críticas
que suscita el proyecto señalando
que sólo afectará al 10% de
las reservas, un porcentaje reducido
en comparación con el de otros países
(en Francia es alrededor del 56%
y casi del 70% en Irlanda).

La pretensión del Gobierno constituye
un paso adelante hacia la privatización
del sistema de Seguridad
Social, significa una expresa renuncia
a las ventajas de la inversión pública
e implica asumir un riesgo financiero
nada desdeñable. Aunque
todo ello a cambio de proporcionar
suculentos beneficios a las financieras
privadas que gestionarán la inversión
y a los burócratas de la patronal
y los sindicatos que previsiblemente
se aprovecharán de este paso.

Rentabilidad sólo privada

Son varias las razones que llevan a
rechazar este proyecto. En primer
lugar, porque se justifica en una búsqueda
de la rentabilidad que responde
a una filosofía financierista y antisocial.
Se obtiene más rentabilidad,
pero asumiendo mayor riesgo, y entendiendo
como rentabilidad solamente
el rendimiento privado y no el
que considera los costes y los beneficios
sociales de la inversión. Lo que
va a obtener el Gobierno de esta forma
será más rentabilidad de cartera,
pero no es seguro que la inversión
sea socialmente más rentable.

En segundo lugar, acudir al mercado
de renta variable y renunciar a
financiar con esas reservas los títulos
de renta fija que suelen estar vinculados
a la inversión pública en bienes
sociales significa renunciar expresamente
a la expansión del Estado de
Bienestar y al aumento de la cobertura
de bienes públicos que garantiza
la satisfacción de las necesidades
(en especial de los más desfavorecidos)
que no cubre el mercado.

En tercer lugar, se está utilizando
el concepto de reservas y el de su rentabilización
como presupuesto de la
financiación futura del sistema de
pensiones, lo cual es una falsedad y
una perversión. Esto no es algo nuevo,
sino que proviene de los pactos
que implicaron vincular la financiación
del sistema a las cotizaciones
sociales, y por tanto haciéndola depender
solamente de factores demográficos
y de las condiciones del mercado
de trabajo y desvinculándola de
la totalidad de los ingresos del Estado,
de los impuestos y, en particular,
de la distribución de la renta dada en
un momento dado. Al contrario de lo
que se viene diciendo, las reservas de
la Seguridad Social no son la “hucha”
de la que depende ésta para que puedan
financiarse en el futuro. Esa “hucha”
en realidad es la solidaridad de
los ciudadanos: las pensiones públicas
se financian en una u otra magnitud
según lo que los ciudadanos decidamos.

Podemos decidir que cada
cual se financie la pensión que pueda
con su ahorro (lo que quieren los ricos)
o decidir que se establezca un
sistema que implique una redistribución
de la renta de los que más tienen
a los que menos, a través, principalmente,
de los impuestos.

La existencia de pensiones públicas
no es el resultado de que en un
momento dado existiera un saldo financiero
positivo entre los cotizantes
y el gasto que supusieran y que haya
que ir rentabilizando. Fueron el resultado
de un pacto social donde se
establece la sociedad como un todo
en el que la renta o riqueza de cada
uno de sus ciudadanos contribuye a
financiarlas a través del Estado. En
contra de lo que se nos quiso hacer
creer, lo que entró en crisis hace
unos años no fue la situación financiera
del sistema público de pensiones
sino ese pacto social, el principio
de solidaridad que implica.

Responsabilidad cuestionable

En cuarto lugar, el proyecto del Gobierno
ni siquiera es valiente a la hora
de establecer criterios de responsabilidad
social de la inversión. Si se
desea fomentar inversiones “responsables”,
¿por qué no se plantea invertir
directamente en fondos éticos?
¿Es compatible invertir en fondos socialmente
responsables a través de
gestoras que no lo sean? ¿Va a ser
capaz el Gobierno de dejar fuera de
la gestión de esos fondos a entidades
vinculadas a bancos (como el Santander
o el BBVA) con inversiones
sucias en paraísos fiscales o en armamentos
como las bombas racimo?

En quinto lugar, se mire por donde
se mire, la inversión en renta variable
es intrínsecamente más arriesgada.
Se oculta que son ya incontables
los fondos de pensiones que han
sufrido pérdidas millonarias como
consecuencia de los vaivenes especulativos
del mercado. El propio ministro
Solbes tuvo un lapsus en una
entrevista reciente cuando decía que
esta inversión no tiene que suscitar
ningún temor “si se hace bien”, aunque
él mismo reconocía que puede
haber gestoras que lo hagan mal.
Aunque sea en una proporción pequeña
en relación con el total, nadie
asegura que no vaya a ser mayor en
el futuro. Y, en todo caso, se trata de
un volumen muy importante: más de
4.000 millones de euros, por ahora.

Finalmente, hay que considerar
que, con este proyecto, el Gobierno
opta claramente por la especulación
y renuncia a utilizar la bolsa de valores
y la financiación a través de la
renta variable como lo que inicialmente
es: un medio de proporcionar
financiación a las empresas, de convertirse
en sus propietarios. De esta
forma, el Gobierno español, pasará a
constituirse en una fuente más de especulación
financiera y, por tanto, de
inestabilidad en los mercados.
No hay que llevarse a engaño. El
proyecto del Gobierno es un pequeño
paso más hacia la privatización. Y
éste especialmente arriesgado, aunque
especialmente atractivo para
quienes gestionen los fondos, botín
del que andan detrás desde hace
años entidades financieras e incluso
grandes sindicatos.

El neoliberal que asesora a ZP
_ No es de extrañar que el Gobierno
dé un paso de este tipo cuando el
jefe de los asesores económicos del
presidente, David Taguas, es un
antiguo empleado del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria (BBVA) que
desde hace tiempo está especialmente
atraído por los fondos de
pensiones, y un neoliberal confeso
que recientemente ha defendido la
privatización del sistema (soslayando
los argumentos científicos que
ponen de relieve sus inconvenientes),
el paso a un mecanismo de
capitalización (sin considerar todos
sus costes) y el aumento de la edad
de jubilación (que supone un verdadero
impuesto para los trabajadores
más desfavorecidos al mismo tiempo
que renuncia a los impuestos
progresivos como fórmula de financiación
del sistema). Otro ejemplo
de las facilidades del PSOE para
asumir las propuestas de la derecha
y que convienen fundamentalmente
a los financieros más poderosos.

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