SUCRE. Ante las agresiones continuas a los asambleístas, la sede de la Constituyente se trasladó primero a un recinto militar y
luego a la región de Chaparé, al este del país, para seguir con las reuniones. En la foto, una marcha de apoyo a la Asamblea. / Fernando Molina

El pasado 20 de noviembre, al grito
de “el que no salte es llama” o “llamas
de mierda” (en referencia al camélido
andino), grupos de jóvenes
agredieron a los campesinos instalados
en vigilia pacífica a las puertas
del Teatro Gran Mariscal, donde
se celebran las sesiones de la Asamblea
Constituyente. Tras varios días
de agresiones de este estilo, sufridas
incluso por los propios asambleístas,
la directiva de la asamblea
decidió trasladar las reuniones a un
recinto militar para garantizar la integridad
física de los diputados. Una
minoría de asambleístas, pertenecientes
a PODEMOS, principal partido
de oposición, no aceptó este
traslado, por lo que tras aprobarse
en grande y por mayoría de los presentes
la nueva Constitución Política
del Estado en el recinto militar,
la oposición se negó a reconocerla,
al no haber estado presente.

Esta aprobación era el primer paso
necesario para posteriormente
votar artículo por artículo y así entregar
el nuevo texto antes de la fecha
límite, el 14 de diciembre, día
en que se convocará al pueblo a un
referéndum de aprobación final.
Algunas voces críticas del MAS,
partido de Gobierno, han lamentado
que se aprobara el texto sin presencia
del principal partido de la
oposición. No obstante, no es la primera
vez que el derechista PODEMOS
bloquea la política boliviana.
Más de cien leyes aprobadas en el
Congreso siguen paralizadas por la
negativa de la oposición a aprobarlas
en el Senado.

Racismo y privilegios

Desde agosto de 2006, en que se
inauguró la Asamblea Constituyente,
grupos oligarcas han intentado
por medios políticos (a través de
PODEMOS, su instrumento político)
y por medios violentos (mediante
grupos paramilitares de choque
alentados por los gobernadores regionales)
‘matar’ el proceso constituyente.
Su primer triunfo fue lograr
que el Congreso boliviano
aceptara que los artículos de la nueva
Constitución requirieran de la
aprobación de dos tercios de los
asambleístas. Esto daba poder al
minoritario PODEMOS para bloquear
todas las propuestas transformadoras.
Una estrategia que no fue
tan efectiva pues el MAS (con mayoría
absoluta) y el resto de grupos
habían aceptado negociar para lograr
el mayor consenso posible. En
los últimos meses, la oligarquía ha
recurrido a otro nuevo argumento
sorpresivo: la petición de trasladar
los poderes ejecutivo y legislativo
desde La Paz a Sucre.

Para lograr este cambio, la oposición,
empleando a menudo expresiones
racistas hacia los indígenas
como “macacos”, “hediondos” o
“llamas”, lanzó sus grupos de choque
armados con palos y armas de
fuego que se han dedicado a agredir
a los asambleístas y a bloquear
las principales vías de importantes
ciudades como Santa Cruz, Cochabamba
y Tarija.

Esta inseguridad vivida en Sucre
por los asambleístas era lo que había
motivado el traslado de las
sesiones a un recinto militar. La renuncia
de PODEMOS a estar presente
durante la aprobación en
grande del texto constitucional fue
una estrategia para poder acusar al
MAS de querer imponer el texto excluyendo
a la oposición. A todo esto
hay que añadir otro motivo más
para las quejas: la aprobación en el
Congreso de la llamada Renta
Universal de Vejez, una medida social
que, por primera vez en la historia
del país, dará a los mayores de
60 años una pensión mensual de 25
dólares. La nueva cobertura social
será financiada con el 30% de los
impuestos directos a los hidrocarburos
obtenidos tras la mejora en
la recaudación impositiva a las petroleras.
Las autoridades regionales
y la élite empresarial del oriente,
que quiere tener el control de estos
impuestos, reclama ahora también
que no se destinen a dicha medida
social. Por ello, convocaron
nuevos paros “forzosos” e incluso
una huelga de hambre indefinida,
amenazando con “aplicar las autonomías
de facto”. Como apoyo a estas
medidas, algunos empresarios
iniciaron un bloqueo económico y
de alimentos a las instituciones estatales.
Mientras, el gobernador de
Cochabamba alentaba al Ejército a
“defender la soberanía nacional”.

La oposición boliviana se retira
de las sesiones en la constituyente
y no reconoce al Congreso boliviano
cuando éste aprueba la renta de
dignidad. “Se venezualiza”, dicen
algunos, pues creen, como la oposición
venezolana, que sin tener el
apoyo del pueblo ni del Ejército, se
puede echar a Evo Morales desestabilizando
la política y la economía.
Andrés Soliz Rada, ex ministro
del actual Gobierno, pronostica
a DIAGONAL que si finalmente
fracasa la Asamblea Constituyente,
el país no retrocederá al pasado
autoritario. “Más bien pienso lo
contrario, las movilizaciones sociales
y enfrentamientos políticos
podrían rebrotar con fuerza. Si la
actual Asamblea es clausurada, lo
que está dentro de las posibilidades
inmediatas, la consigna de una
nueva convocatoria volverá muy
pronto”. Parece incluso que desde
algunos sectores de la izquierda se
desea acabar con la agonía de la
Asamblea: las luchas entre partidos
han empantanado la vida política
del país, en detrimento del
protagonismo de los movimientos
sociales, cuya intervención en estos
últimos tiempos se ciñe a la defensa
del Gobierno de los ataques
derechistas.

La nueva Constitución política de Bolivia

Por primera vez en la historia
del país, una propuesta
de Constitución
incluye normas que tienen
en cuenta y aseguran el
respeto por la mayoritaria
población indígena y su
cosmovisión. Esta nueva
Constitución, entre otras
muchas cosas, respeta la
propiedad privada, siempre
que cumpla una función
social, esto es, que
no sea ejercida para especular.
Asegura también la
soberanía popular de los
recursos naturales, de la
tierra y del territorio. Legitima
modos educativos,
económicos y judiciales
ejercidos en comunidades
indígenas desde hace
miles de años. Reconoce
gobiernos autónomos
para los departamentosregiones,
para las provincias
y para las comunidades
indígenas, dentro
siempre de un Estado
boliviano plurinacional y
comunitario. Reconoce
como idiomas oficiales las
36 lenguas de los pueblos
indígenas, y también el
castellano. Define al Estado
boliviano como un
Estado pacifista que promueve
la paz rechazando
la agresión para resolver
conflictos y prohibiendo la
instalación de bases militares
extranjeras. Incluye
también la gratuidad y
universalidad de la salud
y la educación y de otros
servicios básicos, los cuales
no será posible privatizar.
Y como sucede en el
Estado español y en otros
Estados europeos, permite
la reelección indefinida
del presidente.