NUEVA LEY DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL
Hacia un campo sin agricultores

El nuevo marco normativo del sector rural español,
condicionado por los créditos europeos, agudiza unas
dinámicas que vienen perjudicando a este sector en
crisis y propugna una ‘diversificación’ polémica.

24/05/07 · 0:00
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El Consejo de Ministros aprobó el 27
de abril, con bastante retraso, el proyecto
de Ley de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, que afectará al
90% del territorio, al 80% de los municipios
y a 14 millones de personas,
que suponen el 35% de la población.
Esta ley viene, sin duda, presionada
por el cambio en la política y estructura
de los fondos para la agricultura
y el medio rural de la UE.

El medio rural del Estado español
viene sufriendo una profunda crisis
demográfica desde los años ‘50 del
pasado siglo, agudizada con la entrada
en la Unión Europea y la desarticulación
del sector agrario que
trajo consigo y que aún continúa.
Hoy, el sector agrario ocupa al 5,1%
de la población activa, y genera poco
más del 3,7% del PIB nacional. Sin
embargo, sigue teniendo un papel
central en las economías rurales, así
como en el mantenimiento de la cultura,
el paisaje y los ecosistemas que
se han ido construyendo durante milenios
a través de esta actividad.

Durante las últimas décadas, la
producción agraria “rentable” se
ha concentrado en ciertos polos de
desarrollo (litoral sudeste, valles
del Ebro y del Guadalquivir...) y en
ciertas producciones (aceite de oliva,
vino, productos de origen porcino...)
alrededor de los cuales se
han emprendido importantes procesos
de industrialización de la
producción y de ‘integración vertical’
del sector agroalimentario.
Para el resto del territorio, la visión
institucional sobre el medio rural
ha ido desplazando a la actividad
agraria de la centralidad hacia lo
que llaman la ‘multifuncionalidad’
de los espacios rurales.

Ruralidad destinada al ocio

En base a la idea de ‘multifuncionalidad’,
se están impulsando modelos
de ruralidad destinados al
ocio, segunda residencia o ciudades
dormitorio, y con una actividad
económica crecientemente ligada
a los mercados globales, a
través del turismo rural o de los
servicios a la población urbana.
La doctrina de la UE, desde la reforma
de la Política Agrícola Común
(PAC) de 1996, viene planteando que
la función de la agricultura ya no es
tanto la producción de alimentos, sino
la “custodia del territorio” con tintes
ambientalistas. Sin embargo,
cuesta creer que la diversificación
económica que se plantea va a compensar
la desaparición de millón y
medio de puestos de trabajo en el
sector agrario desde los ‘80, o la conservación
del territorio y los recursos
naturales que éstos realizaban.
Mientras tanto, el medio rural sigue
en su proceso de desarticulación,
entre el avance del desierto
demográfico; la falta de equipamientos
y servicios públicos; la degradación
del medio ambiente ligada
a la industrialización de la producción
agraria y al abandono de
los espacios menos rentables; la especulación
urbanística y del suelo;
y su condición de sumidero de los
residuos urbanos.

En este escenario, el nuevo proyecto
de Ley de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural presenta como
objetivos la competitividad y multifuncionalidad
de las economías rurales;
el incremento de la población
rural y de su bienestar; y la conservación
del patrimonio y de los recursos
naturales y culturales rurales.
Para la consecución de estos objetivos,
plantea las siguientes líneas estratégicas:
la diversificación de la
economía rural, con el mantenimiento
de una actividad agraria “suficiente”;
la mejora de infraestructuras,
equipamientos y servicios públicos,
adecuándolos a las singularidades
del medio; lograr un “alto nivel de
calidad ambiental” y favorecer el
“acceso a la vivienda en el medio rural”, adecuando el urbanismo a la
armonía con el medio ambiente.
Distintas voces cuestionan la
capacidad presupuestaria de esta
ley para conseguir tan loables objetivos.

Pero también es muy criticable
el enfoque territorial de la
ley, que no considera las desigualdades
entre regiones, ni tampoco
las fuertes desigualdades sociales
en el campo y, en concreto, en el
sector agrario, que han sido fuertemente
alimentadas por los precedentes
fondos de la UE para el
medio rural. Las dos décadas de
experiencia nos dicen, también,
que las políticas de diversificación
de la economía rural han permitido
la colonización, por parte de los
capitales urbanos, de los pocos recursos
dispuestos para el medio rural,
ya sea para el turismo o la urbanización,
o para la generación de
industrias agrarias o de otro tipo.

Por último, se echa en falta concretar
más las medidas de discriminación
positiva de jóvenes, mujeres
y población inmigrante, que
de momento no se han quedado
en más que buenas intenciones, lo
cual puede continuar a la vista de
la exclusión de las organizaciones
sociales rurales respecto a los órganos
de control de la aplicación
de la ley. Y sobre todo, cabe mencionar
la debilidad de la estrategia
de protección del medio ambiente,
sin una visión integral
del papel imprescindible de la
agricultura tradicional (el pastoreo
extensivo, el multicultivo, la
producción ecológica y basada
en el manejo de la biodiversidad)
y, sobre todo, con la preocupante
apuesta por los biocombustibles
como centro de los planes
de diversificación energética.

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